Redacción Canal Abierto | Actualmente, los focos y expansión masiva de contagios de COVID-19 se registran en sectores de la Ciudad con viviendas más precarias o que sufren déficit habitacional. Las desigualdades espaciales y urbanas, más que aflorar, se amplificaron en este contexto de la pandemia.
La crisis habitacional de la Ciudad de Buenos Aires ya no puede ocultarse y es necesario resolverla para poder mitigar la emergencia sanitaria en la que muchos de los barrios populares se encuentran. “Lamentablemente, no lo vemos como una oportunidad –como sí lo hacen los gobiernos- por las consecuencias negativas de no haber abordado a tiempo la planificación territorial y la gestión de vivienda en estas últimas décadas”, analiza Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
En este sentido, agregó: “Si el GCBA hubiese destinado todos los millones de pesos que puso en los barrios a garantizar la infraestructura sanitaria, al día de hoy, la gran mayoría de los barrios porteños tendrían acceso al agua potable, segura y formalizada. Pero decidieron avanzar con la construcción de viviendas nuevas, en muchos casos cuestionables, que en el caso de los vecinos del barrio Padre Mugica las denominan como casas de cartón”.
La mayoría de estas decisiones, según el abogado, estaban más orientadas a lograr que a futuro la gente sea expulsada por el mercado inmobiliario que a consolidar al barrio. Finalmente, la integración no sucedió y la urbanización tampoco.
Entre estas disposiciones estaba no garantizar la infraestructura sanitaria en las villas de la Ciudad. Después de 15 días sin agua, de cruces entre autoridades y funcionarios por la situación en la Villa 31 y de la reunión entre el Gobierno de la Ciudad y Aysa, el 6 de mayo la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que en 5 días el servicio de agua potable y saneamiento cloacal debe estar garantizado en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.
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No conforme con esto, el Gobierno de la Ciudad respondió a la cautelar argumentando que la responsabilidad de garantizar agua en los barrios no es ni siquiera es de AYSA, sino que es del Estado Nacional, como si el jefe de Gobierno o la Ciudad de Buenos Aires no tuvieran nada que ver con ello.
“También dicen que la sentencia avasalla el derecho de propiedad de la administración como si los recursos del Estado estuvieran para ser manejados discrecionalmente por el jefe de Gobierno, y no para garantizar derechos que establece la Constitución de la Ciudad. Con esos argumentos, que están próximos a la perversidad, es como el GCBA sigue cuestionando las sentencias judiciales, por más que la sentencia sigue vigente, ya que la apelación no inhibe la vigencia de la medida cautelar, no ha cumplido y no ha dado atisbo de cumplimiento de esta sentencia”, señaló Baldiviezo.
Otro de los tantos problemas sin soluciones en la Ciudad de Buenos Aires es la falta de ámbitos de discusión donde se pueda evaluar objetivamente la implementación de las políticas de este gobierno como en un Comité de Crisis.
“Debería ser un comité con la capacidad para escuchar y tomar decisiones conjuntas con las organizaciones sociales, con la ciudadanía, y donde también haya una interacción entre los ministerios y organismos del Estado. También nos alarma que con la excusa de que bajó la recaudación, cualquier medida que implique gastar más dinero para los sectores populares siempre tiene como respuesta del Estado un no”, finalizó el presidente del Observatorio.