Redacción Canal Abierto | Desde su nacimiento, la Línea 147 –aquella donde se puede “acceder telefónicamente a información sobre los distintos servicios que se prestan en la Ciudad”- fue tercerizada. Se trata de la línea gratuita donde la ciudadanía porteña puede comunicarse para realizar reclamos, denuncias, quejas, pedir turnos, consultar sobre turismo o solicitar información general.
Durante la pandemia de COVID-19, la línea se volvió vital para hacer cualquier trámite en la capital del país. Tanto es así que en la Resolución 48/SECACGC/21 publicada recientemente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció que la emergencia sanitaria “ha repercutido directamente en el servicio del Centro de Atención Telefónica 147” y que, en consecuencia, “deviene necesario aumentar la capacidad de operación, tanto para recibir llamadas (entrantes) como así también para realizar las mismas (salientes)”.
Sin pasar por la Legislatura y con ese objetivo, la misma resolución estableció ampliar y modificar la licitación pública 2051-1766-LPU18, por la que el servicio había sido adjudicado a la empresa GIV SRL en marzo de 2019.
Larreta súperpoderoso
En números, esto significa ampliar el servicio que brinda la empresa, mensualmente, en 264 operadores básicos ($325.201.536), 3.000 “horas operador de contingencia” ($36.000.000), y 266 operadores básicos para efectuar llamadas salientes ($360.724.281), además de un servicio de provisión de puestos de trabajo estimado en 80 puestos mensuales ($23.040.000).
“Sin nueva licitación, el GCBA le incrementó el objeto de su contrato en aproximadamente 2.400% por un monto cercano a los 750 millones de pesos”, sostiene el informe realizado conjuntamente por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y la Defensoría de Laburantes (La Defe).
“Esta modificación contractual es posible gracias a los súperpoderes que otorgó la Legislatura a (Horacio) Rodríguez Larreta y que jamás tuvo otro jefe de Gobierno en democracia”, explica Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio.
Y agrega: “Esta privatización, donde la empresa no realiza ninguna inversión y tampoco aporta un conocimiento técnico especial, sólo se explica por la intención del GCBA de tercerizar la prestación del servicio para que una empresa gane dinero precarizando trabajadores”.
Tercerización y precarización
La precarización a la que GIV somete a sus empleados, mencionada por Baldiviezo, es ejemplificada por el abogado con el caso de “M”, trabajadora de la Línea 147 desde 2017 hasta 2020. Durante la pandemia, en el pico máximo de atención, se vio forzada a renunciar al ser víctima de violencia laboral y hostigamiento.
“La empresa me pagaba las horas extra por fuera del contrato, que además estaba mal registrado y con fechas alteradas. Cuando pasamos a modalidad de teletrabajo, se aprovecharon para obligarnos a estar disponibles a cualquier hora, y bajo amenaza de hacernos trabajar feriado. En abril modificaron el contrato y empezaron a descontarnos todo el tiempo que no estuviéramos online. Dentro de esa modificación, agregaron que las horas extra se pagarían como productivas, lo que significó perder las horas extra que habíamos trabajado el mes anterior”, relata la trabajadora.
En ese sentido, el presidente del Observatorio sostiene: “El GCBA se irresponsabiliza y otorga vía libre a la precarización y súperexplotación de trabajadores, que además se ven sometidos a violencia y hostigamiento y, para terminar la ronda de abandono, deja a la ciudadanía muchas veces sin la atención que necesita”.
