Canal Abierto Radio | El titular del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, analizó el informe del BCRA y explicó que aún no se publicó la lista de los grandes fugadores, sino los montos: “De aproximadamente 100.000 millones de dólares de nueva deuda pública a partir de la gestión Macri, 86.000 millones se fugaron en el conjunto del período”.
Los dos primeros años el endeudamiento tuvo una dinámica de saqueo de divisas que se aceleró a partir del 2018. De esos U$S 86.000 millones, unos 67.000 millones fueron sacados por el 1% de las empresas y de las personas físicas. Para el economista, auditar estos datos puede capitalizarse en acciones legales y contables para mejorar la posición argentina en la negociación de la deuda.
“Sería muy recomendable que el Congreso, en el marco del debate del impuesto a las grandes fortunas, tome el listado de quienes fugaron como parte de lo que hay que incorporar en el impuesto para afrontar la emergencia sanitaria y las políticas públicas que hay que llevar adelante”
Un proyecto impulsado por legisladores del Frente de Todos en la Comisión Bicameral de Deudas, busca conocer esta lista de fugadores que incluye personas jurídicas, empresas y bancos, que en muchos casos accedieron a los bonos “a dedo” y no por licitación. Es necesario saber qué funcionarios intervinieron y sus vínculos con los bancos, para deducir “tráfico de influencia, connivencia, incumpliendo de normas legales existentes para endeudar al Estado” y así “impugnar parte de la deuda”.
“Aquellos que pudieron hacer beneficios con el endeudamiento tendrán que cargar con el costo de afrontar los pagos sobre la base de una contribución especial impositiva asociada a los recursos que generaron en base a la deuda”
En su momento, desde el IPyPP y Unidad Popular, Lozano impulsó una denuncia penal contra el gobierno de Macri por el acuerdo, ya que el FMI no puede prestar dinero a países en situación de fuga. Si bien ahora hay un “default consensuado” en el marco de la restructuración de la deuda, Argentina está en default desde el 2018 cuando tuvo que acudir al organismo internacional para financiar la bicicleta financiera. Por lo tanto, “si decidiera suspender pagos y acompañar a las regulaciones, no debiera tener ningún problema adicional al que ya tiene”.
En este contexto de caída mundial de la economía por la pandemia del coronavirus, no tan es preocupante la cesación de pagos para el gobierno como para los acreedores: “Hay empresas, Estados, familias que no pueden devolver deuda en el marco de un mundo que funciona en base al endeudamiento explosivo y eso es lo que está en discusión en este contexto” remarcó el economista.
