Redacción Canal Abierto | “El canje le da oxígeno a la Argentina pero no resuelve el problema de la deuda. No es razonable festejar cuando los acreedores y el poder económico concentrado lo hacen. Y festejan porque el país se ha comprometido a mantener hacia el futuro un flujo permanente de intereses y asume que tendrá que recurrir al sistema financiero internacional, no para financiar su desarrollo, sino para cancelar con nueva deuda los vencimientos de un capital impagable”.

La idea, expresada por el director del Banco Nación Claudio Lozano, resume una parte del análisis que vienen haciendo distintos economistas desde el anuncio del acuerdo entre la Argentina y los bonistas privados. Pero los detalles sobre los motivos de la cautela popular y el festejo de las corporaciones no abundaron.

En el informe titulado La Reestructuración de la deuda (Parte II), elaborado por Alejandro López Mieres, Ignacio López Mieres, y el propio Lozano –miembros del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP)-, los economistas ponen la lupa sobre lo que se logró, lo que implica para el país, y los escenarios que se abren a partir del canje propuesto por Martín Guzmán.

“Para cerrar el acuerdo, nuestro país hizo una serie de concesiones respecto al planteo original de abril, que incluyeron el acortamiento del período de gracia, la disminución en la quita de capital y el aumento en las tasas de interés”, detallan.

Además, enumeran, se decidió resguardar los derechos de los bonistas consagrados en la letra chica de los contratos firmados en los canjes 2005 y 2010, que son más exigentes con el país para juntar las mayorías necesarias ante una futura reestructuración “y se esperan una serie de modificaciones en los términos legales de los contratos de deuda del Fideicomiso 2016 (y tal vez en los de 2005)”.  En este sentido, el gobierno se comprometió a modificar “ciertos aspectos” de las Cláusulas de Acción Colectivas (CACs) para incorporar algunas de las exigencias de los acreedores.

 

El derrotero de la propuesta argentina

El universo de deuda a canjear, delimitado por Guzmán, partió de los US$ 81.000 millones en títulos que Argentina le debe a inversores privados, la mayor parte emitida bajo legislación extranjera (alrededor de US$ 66.000 millones) y otro tanto bajo legislación argentina (cerca de US$ 15.000 millones).

El 16 de abril, una primera propuesta argentina de reestructuración de los US$ 66.000 millones en moneda y legislación extranjera afirmaba que la deuda dejada por Mauricio Macri era “insostenible”. En función de esto, se planteaban dos condiciones: un período de gracia de tres y seis años sin pagar intereses y capital, respectivamente, para apuntalar la recuperación de la economía y potenciar la capacidad de repago; y un alivio financiero sustancial de los vencimientos a mediano plazo, que se tradujo en una quita nominal total del 33,7%, que combinaba una reducción moderada del capital (del 5,6%) y una reducción más fuerte de los intereses (64,7%).

“En consecuencia, esta propuesta representaba una reducción considerable de la tasa de interés promedio de la deuda (del 6,2% al 2,3%) y un ahorro de divisas de US$ 45.000 millones en los próximos diez años”, detalla el informe.

Claroscuros de la reestructuración de la deuda

El rechazo de más del 80% de los bonistas a la primera oferta argentina abrió un período de negociaciones, en el que desde el IPyPP reconocen tres actores fundamentales: las tres agrupaciones de acreedores, cuyo mayor jugador es BlackRock (y cuyo CEO es un “lobo de Wall Street”, Larry Fink), que acumularon suficientes bonos como para bloquear la estrategia argentina y forzar al país a que pague lo máximo posible; el Fondo Monetario Internacional, que ha supervisado las negociaciones e incluso establecido un límite a la oferta argentina que supone no destinar más del 3% del producto a los servicios de deuda en moneda extranjera; y el G7, con Angela Merkel, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez a la cabeza, que ha acompañado la estrategia nacional e intervenido para acercar posiciones con los acreedores. En esta misma postura se alineó el Papa Francisco.

El lunes 17 de agosto, la Argentina presentó los términos y condiciones “mejorados”. En esta presentación se limitaron las herramientas que tiene el país para lograr imponer mejores condiciones sobre una futura reestructuración. Éstas son:

  1. Límites a la redesignación: en el caso de una futura reestructuración, Argentina podrá excluir de la votación aquellas series en las cuales no se alcanzaron las mayorías necesarias, sin tener que notificar a los bonistas que aceptaron y sin darles posibilidad de revocación si se alcanza el 66,66% de adhesión total. De no lograrse este porcentaje, sólo podrá excluir esas series notificando a los tenedores que la llevará adelante, pero dándoles cinco días para revocar su aceptación. Esto limita los grados de libertad del deudor para este mecanismo.
  2. Límites al Pac-Man: se limita el mecanismo para realizar canjes sucesivos, lo que significa cerrar con los bonistas que acepten la oferta e ir “comiendo” a los que vayan quedando afuera. Argentina podrá lanzar una oferta de aplicación uniforme sobre todos los acreedores luego de haber realizado una oferta que contabiliza votos de dos o más series si en la primera oferta se alcanza el 75% de aceptación. Esto lleva a que este proceso sólo pueda ejercerse en casos excepcionales.

 

Las consecuencias

“Lo que queda claro es que la limitación de las cláusulas de reasignación ha sido el punto central de la pelea de los fondos (…), y el embate que soportó Guzmán respecto de la llamada ‘letra chica’ tuvo como objetivo condicionar las futuras reestructuraciones que, evidentemente, los mismos fondos suponen inevitables”, afirma el informe.

Las concesiones que el gobierno argentino debió realizar respecto de la propuesta original para arribar al acuerdo con los principales acreedores, pueden resumirse así:

  • La oferta contempla pagos por U$S 42.700 millones en la década 2020-30, US$ 12.500 millones más que en la propuesta original.
  • Se contempla una menor quita de capital, que pasó del 5,4% (U$S 3600 millones) hasta el 1,9% (US$ 1200 millones) en promedio.
  • Se eleva el cupón de interés promedio desde el 2,3% al 3,1% y se adelanta el período de devengamiento de intereses (comienzan a devengar desde que se emiten). Las tasas van desde 0,125% hasta un máximo del 5%.
  • La quita de intereses alcanza el 61%, equivalente a US$ 36.000 millones. La primera propuesta contemplaba una quita de intereses del 62%, unos US$ 37.900 millones.
  • Se reduce el período de gracia para el pago de intereses, de tres años a diez meses, y los pagos comienzan en julio de 2021. Por su parte, el capital empieza a pagarse en julio de 2024 y no a partir del año 2026 como se estipulaba originalmente. Además, se reconocen los intereses corridos no pagados (US$ 2800 millones) mediante un bono que vence en 2029 y que paga 1% de interés.
  • La quita real se redujo del 42% en dólares y 37% en euros (y francos suizos), de la oferta de abril, al 25% y 20% del arreglo.

Como contrapartida, se logró despejar los vencimientos del actual período presidencial, ahorrando unos US$ 24.400 millones de vencimientos en legislación extranjera en los próximos cuatro años. En este período, se pagarían US$ 2100 millones, equivalentes al 7,9% de los vencimientos que dejó Macri, y se dejarían de pagar cerca de US$ 30.000 millones hasta 2030.

Si asumimos que la deuda en moneda extranjera con legislación argentina recibe el mismo tratamiento que los acreedores en legislación extranjera, se lograría el alivio del 40% de los vencimientos programados para la próxima década, y ahorrarle al Estado argentino unos US$ 49.000 millones en ese lapso.

 

Lo que viene

Pese al alivio financiero conseguido, el problema de la deuda lejos está de haber sido resuelto. En 2024 y 2025 el Estado argentino deberá afrontar servicios de deuda en moneda extranjera de US$ 4200 millones y US$ 10.000 millones, respectivamente.

Por otro lado, el problema radica en que las nuevas cláusulas apuntan a una “limitación en las posibilidades del Estado argentino para desactivar los bloqueos de los fondos en futuras reestructuraciones, marcando un retroceso respecto al marco legal que surgió en el 2014”.

En segundo lugar, todavía quedan pendientes las negociaciones por los US$ 73.000 millones adeudados a los organismos internacionales, entre los que se destacan los US$ 44.000 millones del acuerdo con el FMI.

Desde el IPyPP agregan: “El acuerdo alcanzado no resuelve el problema de la deuda. Una deuda que no tiene solución financiera, en la medida que fue tomada sin evaluar la capacidad de repago y sin contemplar las exigencias administrativas y legales. Una deuda que por estos motivos es ilegítima, y que obliga a la Argentina a volver a los mercados de crédito en unos años para endeudarse y cancelar el capital que vence, estableciendo una lógica de endeudamiento perpetuo”.

“El acuerdo le otorga oxigeno financiero a la Argentina para el presente período gubernamental en lo relativo a los vencimientos de deuda en moneda extranjera con los acreedores privados. Sin embargo, que ese oxígeno pueda ser aprovechado en función de la reactivación que el país necesita dependerá, en última instancia, del tipo de negociación que se alcance con el FMI”, concluyen.

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