Redacción Canal Abierto | Esta semana podría considerarse la recta final hacia la renegociación de la deuda externa argentina. Hasta el 22 de mayo, continuarán las reuniones reservadas entre el Ministerio de Economía y los acreedores para reestructurar US$ 65.620 millones en moneda y legislación extranjera. De arribar a un acuerdo, se evitaría el default, que será inexorable en el escenario contrario.

En esa pulseada, los bonistas aspiran a recibir el 100% del capital y capitalizar intereses en un período de gracia menor a los tres años. En tanto, la propuesta de Martín Guzmán supone suspender los pagos de capital e interés de la deuda bajo legislación extranjera hasta 2023.

De cara a esta negociación, en su informe titulado Los alcances de la reestructuración de la deuda en el contexto de la crisis del Covid-19, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) de Unidad Popular evalúa pros y contras de la oferta argentina que se da en un escenario tan particular como la actual.

Lo que está bien

“La pandemia del coronavirus encontró a nuestro país en una situación de extremada fragilidad económica y social, derivada de la miserable herencia que dejó Cambiemos. El gobierno de Mauricio Macri dejó una deuda pública impagable, cuyos servicios llegaron a comprometer la totalidad de los recursos tributarios de 2019”, sostiene el estudio elaborado por los analistas económicos Alejandro e Ignacio López Mieres, y el director del Banco Nación Claudio Lozano.

Como resultado, el IPyPP juzga “indispensable suspender los pagos de la deuda” para liberar los recursos públicos que permitan cubrir las necesidades sanitarias, sostener los ingresos de los hogares, garantizar la reproducción de las actividades esenciales, proteger a las instituciones que poseen el saber hacer de la sociedad y, terminada la pandemia, “volcar recursos adicionales en un mercado interno sumamente golpeado”.

En este sentido, acompaña el planteo de Guzmán que propone suspender los pagos de capital e interés de la deuda bajo legislación extranjera hasta el 2023. La cuenta que realiza el IPyPP es que hacerlo supondría ahorrarle al país cerca de US$ 26.000 millones en los próximos cuatro años. En caso de aplicar el mismo tratamiento a los títulos con legislación argentina (y en moneda extranjera), ese ahorro podría llegar a los US$ 37.000 millones. Porcentualmente, la quita real representa un 42% para los bonos en dólares y un 38% para los bonos en euros.

Lo que no

Sin embargo, la crítica del Instituto hacia la estrategia del gobierno de Alberto Fernández radica en el no cuestionamiento formal al endeudamiento heredado. Lejos de hacerlo, “lo convalidó al avanzar en una alianza estratégica con el principal acreedor de la Argentina: el Fondo Monetario Internacional”, afirma el instituto.

En la misma línea se encuentra la campaña que lleva como lema “El pueblo tiene derecho a saber de qué se trata, para no pagar lo que no debe” encabezada por la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

La estrategia del Gobierno consistió en que el FMI decretara la insostenibilidad de la deuda pública argentina y facilitara una negociación con los acreedores privados, a los que instó a aceptar una quita considerable. A cambio, obtuvo la convalidación de las autoridades argentinas del préstamo millonario que le otorgó a la Argentina en mayo de 2018, que se encuentra denunciado por irregular en el foro contencioso administrativo y en el penal.

Para el IPyPP, resignar la posibilidad de cuestionar la legitimidad y legalidad del endeudamiento significa perder “una herramienta eficaz que fortalecería la capacidad de negociación argentina frente a un proceso de endeudamiento cuyas irregularidades son múltiples”.

También, asegura, supone que, para reducir progresiva y sistemáticamente la deuda, “la Argentina deba pagar de forma permanente los intereses y las amortizaciones del capital adeudado, renovando el endeudamiento a una tasa de interés inferior a la del capital amortizado y bajo la condición que esa tasa de interés sea menor a la tasa de crecimiento de la economía”. “Esta situación es de difícil cumplimiento, dado que la tasa de interés para renovar la deuda depende de la tasa de interés internacional (que es un dato sobre el cual nuestro país no incide)”, expresa.

En los últimos días, de hecho, el Gobierno le ha girado al FMI US$ 320 millones en concepto de intereses.

Por otro lado, remarcan que –pese a una pandemia sin precedentes que proyecta una caída del producto bruto del 7% para 2020– la oferta argentina no ha sufrido cambios significativos. 

 

Foto: La Voz

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