Redacción Canal Abierto | Desde el anuncio de Alberto Fernández sobre la reestructuración de la coparticipación —que transferirá 1 punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a la provincia— se abrió el debate sobre la legalidad, justicia y pertinencia de la medida.

En ese marco, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), coordinado por Ana Rameri y fundado por el director del Banco Nación Claudio Lozano, emitió un informe titulado Las cuentas de la Ciudad después del conflicto policial y la decisión de Alberto Fernández donde analiza la genealogía de la asignación de recursos a ambos distritos.

Y sus conclusiones son contundentes: “La alícuota de coparticipación de la CABA, de 3,75 puntos porcentuales primero y 3,5 después, que fuera resuelta por decreto de Mauricio Macri, superaba claramente el volumen de recursos que por la transferencia de los efectivos policiales obligaba a transferir la Constitución. Como máximo la alícuota podía llegar al 3 y lo más adecuado era el 2,4”.

 

Historia del dígito

Con el establecimiento del Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias (Ley 23.548), de 1988, el Estado nacional se comprometía a entregar a la que por entonces era la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires una “participación compatible con los niveles históricos”.

En 1996, la Ciudad obtuvo su autonomía. Y el 26 de abril de 2002, de acuerdo al Decreto 692, se estableció que la participación que le correspondía era de “hasta un monto mensual equivalente a la doceava parte del nivel que se establezca anualmente en las leyes de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional”.

Más tarde, el 26 de marzo de 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner recién asumido, el Decreto 705 fijó ese número en “un coeficiente equivalente al 1,40% del monto total recaudado por los gravámenes establecidos” en el Artículo 2 de la ley de 1988.

Pero entre 2016 y 2017 se completó el traspaso de entre 20.500 y 19.500 oficiales policiales de la Policía Federal al ámbito de la Policía de la Ciudad. Lo que significada transferir con ellos los recursos para solventarlos. Para ello, en enero de 2016 la gestión de Mauricio Macri  derogó el Decreto 692 y lo reemplazó por el 194, que fija el coeficiente en el 3,75% de lo recaudado según el mismo artículo. Ese decreto fue modificado recién en marzo de 2019 (con uno nuevo, el 257), que redujo la coparticipación de la Ciudad a 3,50%.

 

El superávit porteño

De acuerdo con el promedio de remuneraciones pagadas por el gobierno porteño a la seguridad entre 2014 y 2015, el dinero que CABA necesitaba para financiar el traspaso de la policía “equivalía al 0,52% de cada punto de coparticipación recibido”, sostiene el IPyPP.

“El promedio del mismo gasto entre 2016 y 2017, con posterioridad al traspaso, equivalió a 2,12 puntos de coparticipación. Se infiere que los policías transferidos aumentaron el gasto porteño en remuneraciones en un estimado de 1,6 puntos de coparticipación —agrega—. Para que el gobierno nacional compensase al de la Ciudad por el gasto adicional, alcanzaba con llevar el coeficiente de coparticipación a 3% . Se puede estimar que el aumento de 2,35 puntos estuvo sobredimensionado en, al menos, 0,75 puntos”.

La masa coparticipable se conforma por el 89% de los recaudado del IVA, el 100% del Impuesto a las Ganancias, el 100% de los Impuestos Internos, el 100% del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, el 100% de los Intereses Pagados, y algo más que ingresa por impuestos menores.

Con esta cuenta, el monto neto del Fondo Compensador de Desequilibrios Fiscales Provinciales en 2020 fue de $549,6 millones. “Una estimación sencilla permite inferir que el total anual transferido a CABA en 2020 estaría en el orden de los $116.456 millones”, calcula el Instituto.

Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 325 de Alberto Fernández ese monto no sería tal porque CABA vería mermados sus ingresos a partir de septiembre. Como consecuencia, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, planea judicializar la medida.

Para Lozano, el decreto implica en números “a los valores de la recaudación de este año, una merma de recursos de $39.000 millones. Como sólo afecta en 2020 el periodo septiembre-diciembre, la Ciudad pierde $12.000 millones”.

El número no parece terrible si tenemos en cuenta un último dato acercado por el informe: “Pese a la pandemia y la brutal caída económica del año 2020, la CABA cerró el primer semestre las cuentas fiscales con un superávit financiero de $17.000 millones”.

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