Redacción Canal Abierto | El nombramiento de Antonio Aracre como jefe de asesores en el Gabinete nacional se hizo efectivo ayer y, si bien tomará formalmente el cargo el 1 de febrero, ya despertó repudios desde distintos sectores.

Y es que este hombre, que fue tapa de la revista Forbes en junio de 2021, proviene de una corporación suiza muy lejana a la realidad del pequeño empresariado, y proveedora monopólica de materias primas agroindustriales.

“La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) rechaza la incorporación de Antonio Aracre ‘ex’ CEO de Syngenta como asesor presidencial de Alberto Fernández. Esta acción materializa la falta de dirección del Gobierno Nacional en cuanto a la generación de nuevas empresas y su correlato en la multiplicación de los puestos de trabajo registrados privados”, sostiene el comunicado de la organización que se conoció a poco de que el empresario visitara la Casa Rosada.

En efecto, Aracre fue hasta el 31 de diciembre último el máximo ejecutivo para América Latina de la multinacional de capitales chinos. Ayer se reunió con el Presidente y luego manifestó en su cuenta de Twitter: “Mi primera tarea será abrir el gobierno al mundo de las inversiones privadas que generen trabajo y le puedan cambiar la vida a la gente. Y consensuar con la oposición y los sindicatos algunos puntos esenciales para la Argentina que todos queremos”.

Sin embargo, para ENAC su designación es “la peor señal que pueda enviar el señor Presidente al seno del empresariado nacional argentino pyme. Esta decisión sin ningún lugar a dudas se acumulará al del fracasado y disuelto consejo económico y social”, y solicitaron en el mismo comunicado una audiencia pública con Alberto Fernández.

El reclamo no es menor si se tiene en cuenta que el sector pyme representa a 485.000 empresas de menos de 10 trabajadores, es decir al 99,6% del empresariado nacional, que genera el 65% del empleo registrado privado.

 

La cuestión ambiental

Syngenta, la empresa de la que Aracre formó parte durante 36 años, tiene como negocio principal la producción y comercialización de agroquímicos (herbicidas) y semillas.

En ese sentido, ni bien comenzó el rumor de su nombramiento, la Red de acción en plaguicidas y sus alternativas en América Latina (Rapal) emitió un comunicado, firmado por su coordinador regional, Javier Souza Casadinho, en el que lo juzgaron como “una afrenta contra la autonomía y libertad de los ciudadanos y las autoridades que los representan”, por parte de un gobierno que debe “tomar las decisiones pertinentes que posibiliten una producción agraria sustentable basada en los principios y dimensiones de la agroecología” y viabilizar “la consecución de la soberanía alimentaria”.

Desde Rapal venían denunciando las relaciones cercanas entre Aracre y Fernández, incluso antes de que este último asumiera como Presidente. En el comunicado recuerdan que en un encuentro entre ambos, en agosto de 2020, se trataron temas como las oportunidades del sector agropecuario para potenciar el desarrollo, los conflictos con una parte de  las organizaciones agrarias derivados de las retenciones a las exportaciones de granos y los casos judiciales relacionados con la aplicación de plaguicidas en varias regiones del país. “Temas que, como podemos ver, involucran o pueden afectar a las actividades, negocios y ganancias de la empresa multinacional”, destaca Souza Casadinho.

“Las políticas de puertas giratorias, donde miembros de empresas transnacionales de plaguicidas y semillas pasan a ocupar cargos públicos, y viceversa, han sido utilizadas en todo el mundo como una forma de incidir en la discusión e instrumentación de políticas públicas -alertan desde Rapal-.  Seguramente la presencia del ex CEO de Syngenta en el Gobierno evitará la discusión e instrumentación de normativas que protejan la salud socioambiental a partir de la discusión y sanción de leyes que restrinjan y/o prohíban el uso de plaguicidas, que favorezcan el acceso de productores familiares a la tierra, a las semillas y al agua, así como la consecución de la soberanía alimentaria en sus dimensiones productivas pero también en el acceso continuo a alimentos de alta calidad en forma permanente y para toda la población”.

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