Redacción Canal Abierto | Con el argumento de que en el 2004, cuando se retomó la discusión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, la CTA ocupaba un solo asiento, Héctor Daer pidió -en nombre de la CGT, que tiene tres lugares- que la CTA Autónoma no participe de la comisión en la que se iba a discutir el nuevo acuerdo. El Ministerio de Trabajo aceptó y propuso que la central que conducen Ricardo Peidro, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria permanezca en calidad de suplente, sin derecho a palabra ni a voto. Los dirigentes de la CTA-A rechazaron la maniobra y se retiraron.
Ya en el plenario, tomaron la palabra y expresaron un enérgico repudio al acto de “discriminación”.
“En una crisis como la que estamos viviendo, seguir excluyendo sectores de la discusión nos pareció un hecho como mínimo irresponsable”, expresó Peidro a Canal Abierto.
“Nosotros íbamos con propuestas, y defendiendo la institución del Consejo del Salario, pero bajo ningún punto de vista podíamos aceptar que se nos impida participar de la comisión, ningún formalismo puede dejar afuera de la discusión a una central que agrupa un millón 500 mil trabajadores”, agregó.
Por último, el secretario General de la central autónoma advirtió: “Los que salieron más beneficiados, los que más destacan el acuerdo alcanzado, son los sectores empresarios con Funes de Rioja a la cabeza”
El acuerdo se cerró con un aumento del 28%, en tres tramos, alcanzando los 21.600 pesos en marzo de 2021.
La jornada
La reunión comenzó con la presencia de las tres centrales sindicales, las representaciones de las cámaras empresarias de todas las actividades, y funcionarios del Ministerio de Trabajo, entre los que se encontraba su titular, Claudio Moroni.
Tras la presentación formal de las partes, los funcionarios de la cartera laboral determinaron que únicamente podrían participar en el debate de la Comisión de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, Vital y Móvil un representante por la CTA de los Trabajadores y otro por la CGT, excluyendo a la CTA Autónoma de la titularidad en el ámbito donde se discutiría la propuesta que finalmente se elevó al plenario.
El secretario General de la CTA-A, Ricardo Peidro, rechazó terminantemente esas condiciones por considerarlas arbitrarias y sostuvo: “Parecen querer evitar una voz disonante en medio de la crisis que estamos atravesando”.
Luego de algunas horas de debate sin la presencia de la CTA Autónoma, las cámaras empresarias elevaron una propuesta que conformó a los representantes sindicales restantes: un aumento del 28% en el salario mínimo, en tres tramos, alcanzando los 21.600 pesos en marzo de 2021.
En tanto, se determinó una nueva reunión para abril del año próximo, pero con una advertencia de Daniel Funes de Rioja de la Unión Industrial Argentina: «cuando decimos que estamos dispuestos a revisar el acuerdo en abril, no significa que esto sea una cláusula gatillo y automáticamente vamos a convalidar un incremento».
Ya en la reunión plenaria, la CTA Autónoma, que en esta instancia sí pudo participar, rechazó el acuerdo por haber sido apartada del debate ya que “se impidió plantear las necesidades y propuestas de un importante sector de trabajadores y trabajadoras”.
En su intervención, Peidro recordó que el poder adquisitivo se redujo 35,7% en los últimos cuatro años y medio, considerando que debería haber sido el primer parámetro para la recomposición del SMVyM.
Además, el dirigente sostuvo que el salario mínimo debería contemplar a los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, empleados y empleadas rurales, y algunos sectores de la administración pública provincial y municipal, como también al personal que cumple “tareas de cuidado”.
El acuerdo en datos
Según datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el aumento pactado ayer convalida, en realidad, una caída del 9% en el año y vuelve a niveles de 2004, cuya consecuencia es que el Salario Mínimo, Vital y Móvil vuelva a funcionar como “ancla salarial” o “una señal que limite la puja distributiva en aquellos sectores que todavía tienen margen para pelear por mayores salarios”.
En ese sentido, advierte que el nuevo acuerdo también le pone un límite a reclamos que podrían formularse en sectores que suelen tomar el SMVM como referencia (casas particulares, sector público provincial y municipal, economía popular).
El ODS concluye que la suba acordada implica perder una oportunidad para impulsar una política salarial que fortalezca los ingresos de los sectores de menores recursos.
Foto principal: Archivo
Fuente: Agencia CTA / ACTA