Redacción Canal Abierto | Bruno Rodríguez es estudiante de Ciencias Políticas e integrante de Jóvenes por el Clima Argentina, agrupación que surgió en febrero de 2019 como consecuencia de las manifestaciones estudiantiles masivas que emergieron en Europa -con Greta Thunberg a la cabeza- y luego se trasladaron al mundo entero.

Hace tan sólo dos semanas, este militante ambiental fue uno de los protagonistas del encuentro en Olivos en el que el Presidente presentó el Plan de Políticas Ambientales. Entre otras cuestiones, el colectivo de jóvenes ambientalistas hace hincapié en el reclamo por la ley de Humedales y en la necesidad de garantizar el acceso a la tierra para los pequeños productores.

En las últimas horas, Jóvenes por el Clima volvió a ser noticia por su acompañamiento y respaldo al Proyecto Artigas, una red de movimientos sociales y campesinos, profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente.

En su reciente lanzamiento, la iniciativa logró un fuerte impacto mediático tras anunciar la recuperación de una parte de los terrenos de la familia Etchevere en Entre Ríos, a raíz de una donación de Dolores Etchevere, hermana del ex ministro de Agroindustria del macrismo y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “El objetivo es romper los pactos entre caballeros que están detrás de la concentración ilegal de la tierra y la destrucción de la naturaleza en nuestro país”, señalan.

En esta entrevista con Canal Abierto, Bruno Rodríguez plantea las estrategias y desafíos comunes entre los colectivos ambientales y organizaciones campesinas, denuncia los efectos del modelo agroexportador y el uso de agrotóxicos, y sentencia: “militamos a partir del surgimiento de un problema que terminó por alcanzar un carácter existencial: la crisis climática y ecológica”.

 

¿Cuál es el aspecto ambiental central detrás del Proyecto Artigas?

-Entre Rios es una provincia que históricamente se caracterizó por legitimar la vigencia de las dinámicas ambientalmente depredadoras del modelo agroindustrial. Esto se tradujo en una aplicación sistemática de los paquetes tecnológicos de distintas empresas multinacionales como, por ejemplo, la utilización de agrotóxicos.

Cuando hablamos de la fumigación de pueblos enteros con glifosato y sus consecuencias, no se trata de hechos o prácticas aisladas: el 55% de los niños internados con cáncer en el Hospital Garrahan provienen de Entre Ríos.

Este índice es sólo un ejemplo de los resultados de estas prácticas y obligan a que pensemos la transición agroecológica como un asunto urgente y de salud pública. En este sentido, lo más interesante del Proyecto Artigas es que implica a quienes creemos que son sujetos centrales de transformación social para encabezar las soluciones ambientales, los trabajadores y trabajadoras de la tierra.

¿Es la concentración de la tierra en pocas manos un sinónimo de uso indiscriminado de agrotóxicos?

-Nosotros militamos a partir del surgimiento de un problema que terminó por alcanzar un carácter existencial: la crisis climática y ecológica. Se trata de una problemática que podríamos dividir en dos: por un lado, la emisión de gases de efecto invernadero, que en términos casi absolutos está vinculado al sector energético; y por otra parte, la depredación de ecosistemas enteros producto del agronegocio.

La aplicación de agrotóxicos y semillas transgénicas tienen como supuesta finalidad la intensificación de los niveles productivos de las tierras a corto y mediano plazo. Justamente, pensar en un paradigma de transición implica adoptar el desafío de producir alimentos para que todos puedan comer, pero sin que en el proceso se apliquen insumos que después dejen una tierra arrasada.

No estamos hablando únicamente de una denuncia sobre la profunda concentración de la tierras en pocas manos o un proyecto idealista, sino de un blindaje y supervivencia. Porque a raíz de los efectos que acarrea el cambio climático, el rendimiento de los cultivos va a verse completamente afectado. La ciencia demanda un cambio hacia un modelo más sustentable.

¿En qué consiste la participación de Jóvenes por el Clima en el Proyecto Artigas?

-Entre los desafíos que contienen este tipo de proyectos, creemos que es relevante su instalación en la agenda pública sobre la base de instrumentos específicos. Hay normas que deben ser aprobadas y distintos tipos de instrumentos que pueden profundizar estos procesos de cambio, por ejemplo un proyecto pendiente de tratamiento en el Congreso que está vinculado con los cinturones verdes frutihortícolas.

En este sentido, entendemos prioritario profundizar y empujar el trabajo que realizan carteras como la Secretaría de Ecología y Agricultura Familiar. Estos espacios y sus agendas tienen que empezar a ser prioritarias. Si no lo son, vamos a ver cómo los intereses de un sector importante del modelo agroindustrial va estar primando por sobre los de los trabajadores y trabajadoras que producen lo que consume nuestro pueblo. El 60% de los alimentos que consumimos los siembran y cosechan pequeños y medianos productores, y el resto es exportación.

Existe una problemática de fondo que suele imponerse en este tipo de debate, y es que la Argentina necesita de las divisas de ese sector agroexportador…

-Es cierto que la oposición histórica entre economía y ambiente impidió incursionar en la agenda productiva desde una perspectiva sustentable. Sin embargo, hoy estamos en un contexto en el que la crisis ecológica profundiza todas las desigualdades sociales pre existentes y solidifica las bases de la pobreza.

Por lo tanto, pensar en una transición justa sí congenia directamente con el empresariado y la noción productivista del Estado. Desde los colectivos medioambientales no exigimos una transición inmediata, sin tener en cuenta el contexto económico y social que atraviesa la Argentina.

Hoy el mundo está mirando una agenda donde la cuestión ambiental es central de estos debates. Por ejemplo, el acuerdo Mercosur-Unión Europea plantea restricciones al ingreso de productos que conlleven una gran huella de carbón. El paradigma de la transición cierra para todos los sectores de la sociedad.

De todos modos, no podemos dejar de lado las diferencias entre los puntos de partida económicos y sociales de varios países europeos y los latinoamericanos…

Es muy cierto. En este sentido, hay un debate que está empezando a emerger e interesante a tener en cuenta, y es el vínculo directo entre la deuda financiera -sobre todo golpea a los países del sur global- y la profundización de la matriz extractivista de los modelos productivos. En concreto, la premisa que plantea que para tener mayores divisas y afrontar el endeudamiento externo, necesariamente tenemos que estar dispuestos a hacer pelota nuestros territorios. Esa relación tiene su correlato: la deuda ecológica de aquellos países que integran los directorios de los grandes organismos de crédito internacional.

¿A qué te referís con deuda ecológica?

-El fondo de la cuestión es de sujeción económica, entre unas naciones endeudadas financieramente y acreedoras ambientales y otras acreedoras financieras y deudoras ambientales.

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