Redacción Canal Abierto | El pasado lunes 26 de octubre, el senador por Río Negro Alberto Weretilneck presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone agravar las penas para quienes usurpen u organicen tomas de tierras, sean estas propiedades públicas o privadas.
“El delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los que más notoriedad ha tomado en el último tiempo. Existe una necesidad de dar solución de acceso a tierras a muchas personas por parte del Estado, pero esta necesidad no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, explicó el ex gobernador, quien hoy ocupa una banca de la Cámara Alta por Juntos Somos Río Negro.
La iniciativa va en consonancia con las últimas acciones y declaraciones de su delfina y actual mandataria de la provincia patagónica, Arabela Carreras, quien días atrás viajó a la zona del lago Mascardi y tuvo un cruce con integrantes de la lof Winkul Lafken Mapu que protestaban por el desalojo de una recuperación de tierras del lof Gallardo Calfú en la zona de El Foyel. Al mejor estilo Berni, y tras dirigirse al corte de ruta, la situación escaló en tensión y terminó en insultos y algunos piedrazos. “En esa comunidad es donde asesinaron a Rafael Nahuel. Desde que asumió (Carreras), desconoce a esa comunidad y los trata de delincuentes, de que no son mapuches e inescrupulosamente quiere plantear un diálogo. Fue una provocación”, sostuvo Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche, en diálogo con Canal Abierto.
Luego de esto la gobernadora acusó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de financiar y dar apoyo logístico a las recuperaciones de tierras. “El INAI no solo avala este tipo de actitudes, sino que las financia. Lo hemos denunciado. Está demostrado que lleva alimentos, elementos de logística y los asisten permanentemente, hasta los trasladan en vehículos oficiales como si fuera un taxi”, declaró en una entrevista radial.
A la derecha de los Andes
Weretilneck inició este camino con declaraciones ante la denuncia que realizara la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, contra los vecinos de Bariloche que convocaron a fines de agosto una marcha –y el 3 de octubre realizaron la segunda– hacia la recuperación de tierras en Villa Mascardi que, explicita la demanda, “según ha trascendido por medios de comunicación y afirmaciones de dirigentes políticos y vecinales, podrían derivar en ‘enfrentamientos’ y situaciones de extrema violencia”.
“El no reconocimiento de la Argentina como Nación, el no reconocimiento de nuestros símbolos patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada es la postura ideológica de este grupo violento y extremo que se autodenomina “Lof Lafken Winkul Mapu” y ni siquiera está inscripto en el INAI”, señaló a medios provinciales el ex gobernador en una verdadera gira mediática en esos días.
Redobla la apuesta y sostiene también que “pensar que este conflicto es simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierra pública, es de funcionarios inocentes. Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones con asiento en provincia de Buenos Aires”. Y, para sumar conspiraciones, argumentó que este conflicto está inspirado en el que sostienen las comunidades mapuches en la Araucania chilena.
“El gobierno de Juntos Somos Río Negro ha tomado la bandera de la derecha y ha explicitado su sociedad política –que siempre la ha tenido con el gobierno de Macri– con el PRO. En la provincia de Río Negro hoy no hay oposición: ni oposición política del Frente para la Victora que está mudo, ni de los gremios que han resuelto la cuestión salarial”, sostiene Carriqueo. “El único frente crítico que está atravesando hoy el gobierno de Río Negro es la cuestión territorial, y ahí tiene dos enemigos: las comunidades del pueblo mapuche y los nuevos asentamientos fruto de la problemática social que se acentúa en tiempos de crisis económica”.
“Que Weretilneck hable de agravar las penas es parte de los vaivenes que lo han caracterizado siempre”, sostiene el referente mapuche y señala la contradicción de “impulsar una política de penas cuando él ha hecho grandes negociados entregando tierras a Benetton, al príncipe qatarí, a Máxima Zorreguieta, a Roemmers”, concluyó el werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Los detalles del proyecto
El proyecto propone diferenciar las usurpaciones del art. 181 del Código Penal provocadas por una persona o un grupo reducido, de las que se producen masivamente. El pecado es organizarse.
Si el “delito” es producido por un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas propuestas van de 1 a 4 años de prisión, para quienes hayan participado del hecho. Los organizadores serán castigados con penas de 3 a 6 años de prisión.
Pensando en sus comprovincianos mapuche-teheulches propone un agravamiento de las penas de 4 a 10 años de prisión, cuando el grupo de “usurpadores” invoque injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras. Para estos grupos establece una pena que no sería excarcelable.
Entre los argumentos, se consagran la protección de la sacrosanta propiedad privada y el desaliento a la continuidad de las tomas masivas.
El broche de oro de la propuesta del ex gobernador es la reforma del artículo 23 del Código Penal, proponiendo que dentro de las medidas cautelares esté el desalojo preventivo, para de esta forma resolver anticipadamente el desalojo y la restitución del bien a quien lo poseía, sin necesidad de tener que esperar hasta el final del proceso, que puede llevar años de tramitación.
Polarizar es la tarea
Es claro que tanto el senador como la gobernadora plantean una polarización con el gobierno nacional y procuran asegurar el voto de centro derecha que supo recoger siempre el radicalismo y, en estos últimos años, Juntos por el Cambio. Con esta polémica logran diferenciarse claramente del gobierno nacional que viene teniendo una actitud de resolución de los conflictos territoriales con las comunidades mapuches con el ojo puesto en respetar los derechos constitucionales y legítimos de los pueblos originarios. Una “grieta” a la medida de los conflictos domésticos de la provincia.
Juntos Somos Río Negro toma partido por los Soriani (familia criolla de El Foyel que despojó a la familia mapuche Gallardo Calfú) y los “buenos vecinos” de la provincia, pretendiendo desconocer que esta sociedad blanco-criolla se asienta sobre el genocidio y el despojo de las familias originarias.
Fotos: ANBariloche.com.ar