Redacción Canal Abierto | La Armada sabía dónde se encontraba el ARA San Juan 20 días después de su desaparición y el gobierno de Mauricio Macri lo ocultó, según declaró ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y uno de los imputados en la causa por el hundimiento del navío.

La posición había sido revelada por el buque científico AGS-61 “Cabo de Hornos” de la Armada de Chile el 5 de diciembre de 2017. Sin embargo, la gestión de Cambiemos se rehusó a admitir el hallazgo, el cual finalmente sería confirmado por la compañía encargada del operativo de búsqueda, Ocean Infinity, el 17 de noviembre de 2018.

“Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR (el operativo internacional de búsqueda del ARA San Juan) teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, fueron las palabras exactas de López Mazzeo ante los magistrados

“Lo peor de todo es que siempre supimos que ellos tenían esa información”, aseguró a Canal Abierto Andrea Mereles, viuda del suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, uno de los 44 submarinistas. Sobre las razones por las que el anterior Gobierno habría desestimado u ocultado la información, lanzó: “No querían gastar dinero en rescatar los restos de nuestros héroes”.

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Otra cuestión que llama la atención fue el rechazo por parte de la Argentina al ofrecimiento de la armada británica -formaba parte de la búsqueda y rescate con el imponente rompe hielo HMS Protector- de un vehículo submarino autónomo adecuado para la búsqueda en esas profundidades.

A pesar de contar con la información de la ubicación del ARA San Juan, el entonces Presidentente Mauricio Macri recibió a los familiares de las víctimas en febrero de 2018. Junto a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, el secretario general Federico de Andreis, y el jefe del Estado Mayor de la Armada José Luis Villán, les planteó -tal como relató el entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad- la «firme intención» del Gobierno de continuar la búsqueda con «la mejor tecnología».

“Alguien tiene que pagar, los responsables ya deberían estar presos”, reclamó Mereles, quien agregó: “mi marido siempre me decía que el submarino no estaba en condiciones, que el mantenimiento no era el adecuado. Y esto no es solo responsabilidad de Macri y Aguad, también de gobiernos anteriores”.

Engañados… y espiados

El espionaje ilegal que el macrismo realizó sobre periodistas, profesionales, políticos y dirigentes sociales y gremiales promete convertirse en el escándalo de mayores proporciones de los últimos años.

Y no es para menos, no sólo por la extensión de la lista -al menos 403 personas-, sino también por las características de la “investigación” ilícita. La denuncia presentada por Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), incluye fichas con fotografías, nombres e institución de los espiados, además de información puntual de sus publicaciones en redes sociales. A su vez, entre los perfiles de las víctimas figuran su activismo político, simpatía o antipatía con la gestión de Macri, datos sobre la filiación sindical, cuentas bancarias y propiedades familiares.

Semanas atrás, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, aceptó como querellante en la causa por espionaje ilegal en el Gobierno de Cambiemos a Luis Tagliapietra, abogado y padre de un tripulante fallecido en el ARA San Juan.

Los familiares de las víctimas del hundimiento ya habían pedido antes (el 9 y el 16 de junio) que la comisión indagara sobre un posible espionaje ilegal. Sin embargo, la investigación recién se activaría luego de que se encontraran de forma fortuita pruebas en la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“El fiscal de la causa me llamó y me mostró imágenes en las que aparecían hasta mis hijos y mi sobrino”, contó a este portal Mereles, quien en otras oportunidades ya había denunciado sentirse perseguida por extraños. “Nosotros éramos las víctimas, no entiendo por qué lo hicieron”.

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