Por Alicia Rivas | El miércoles 26 de agosto, justo 8 meses después de su absolución, Cristina es encontrada muerta en una habitación que alquilaba en el Barrio Palomar de Posadas. El lunes al mediodía había visitado a su mamá, se llevó comida que ella le dio, y después no volvió a tener contacto con nadie.

Vivía a escasos metros de la casa de Cecilia Rojas, con quien estuvo presa gran parte del tiempo en que la obligaron a cumplir una condena que estaba errada. Ambas fueron sentenciadas a prisión perpetua en el 2010 por el asesinato de Ersélide Leila Dávalos, una vecina de 79 años, cuyo crimen hoy sigue impune. Por este hecho también fue condenado Omar Jara, quien  sigue detenido sin que haya explicaciones ciertas por qué no fue liberado a partir de los  argumentos que sostuvo la Corte para absolver a Cristina y a Cecilia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de diciembre pasado emitió un fallo que significó un duro cuestionamiento a todo el aparato judicial de la provincia de Misiones, en particular al Superior Tribunal de Justicia local, cuya actual presidente Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y la hoy Ministra Liliana Picasso fueron  parte de la larga lista de funcionarios judiciales, jueces y fiscales, responsables de haber llegado a una condena a cadena perpetua sin tener pruebas.

En la resolución que les otorgó la libertad a Cristina y Cecilia, la Corte Nacional remarcó que la condena no tenía fundamento, que violaba el principio de inocencia, el debido proceso, la aplicabilidad al caso del in dubio reo, el derecho a la revisión de la condena que les asistía y que la propia Corte ya había ordenado en 2015 y 2016.

Era la segunda vez que la causa llegaba hasta el Máximo Tribunal del país. Fue a partir de una intensa campaña de visibilización que tuvo como protagonistas a Magda Hernández Morales, Gabriela Cueto, amigas de Cristina, productoras y realizadoras del documental “Fragmentos de una amiga desconocida”, que difundió la historia; la Asociación Pensamiento Penal que interpuso el recurso ante la Corte, las gestiones de Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y después el acompañamiento del movimiento feministas y  de organizaciones de Derechos Humanos.

La intemperie más cruenta

“El 27 de diciembre Cristina pisó la calle inocente, libre y sola”, dice el comunicado de prensa que difundieron Magda Hernández Morales y Gabriela Cueto a horas de conocerse la muerte de Cristina.

En medio del dolor, la consternación, la bronca y la impotencia ellas marcaron con claridad la responsabilidad del Estado en esta muerte, que debió ser evitada. “La acompañamos como pudimos frente al abandono del Estado que, ante esta injusticia, le pidió que ahora demostrara los daños que había sufrido, para poder recibir el resarcimiento que por derecho le correspondía. Le ofrecieron subsidios paupérrimos y un trabajo en el que sufrió lo que ya había recibido antes: acoso, prejuicios, aislamiento y revictimización. Cristina fue abandonada y expuesta después de que el Estado arruinó su vida y toda posibilidad de futuro. En el camino muchas personas brindaron una mano. Pero frente a la maquinaria cruel y destructiva de un sistema que literalmente come y escupe gente, eso no es suficiente”, sostienen las productoras del documental Fragmentos de una amiga desconocida.

Ella, al igual que Cecilia hoy, necesitaba de un acompañamiento planificado que contemple todas las afectaciones que cargó sobre su salud -física, emocional, sicológica- los años de encierro, la violencia institucional y la impunidad de quienes la juzgaron.  Nada de eso estuvo. Los acercamientos de diversas áreas del Estado fueron siempre deficientes y estigmatizantes. No hubo seriedad ni continuidad en el acompañamiento como tampoco hubo una dimensión correcta de hasta dónde llegaba el daño a reparar.

Cristina estaba trabajando para Cáritas Posadas. Precarizada con un contrato a término del Parque de la Salud, una fundación creada con fondos del Estado cuyo directorio está presidido por el diputado provincial Carlos Rovira e integrado por funcionarios del actual gobierno  entre ellos el vicegobernador Carlos Arce y la ministra de Trabajo Silvana Andrea Giménez. Fue gestionado por el sacerdote Alberto Barros titular de Caritas ante el gobernador Oscar Herrera Ahuad y otorgado como una dádiva. Ese trabajo precarizado fue presentado ante la sociedad como un gesto solidario de un gobernador sensibilizado con la historia de Cristina y un cura comprometido. Nunca se hicieron cargo del daño, de la reparación integral que le debía el Estado, nunca hubo una disculpa formal y publica por haberle arruinado la vida.  

Entre sus allegados también se denunció que Cristina estaba angustiada, se sentía presionada, tenía miedo que a fin de año no le renovaran el contrato. “Cuando se enteraron que estaba casada con una mujer, le empezaron a presionar, a discriminar. Querían que se divorcie”, destacaron.

“Ella no se quería quedar sin trabajo, pero las condiciones eran divorciarse y que yo desaparezca, ella quería tener una vida conmigo”, nos dijo Mariana Barberán su esposa, con quien se casó estando en la cárcel.

Desde Cáritas el sacerdote Barros, una persona muy cercana a los padres y la hermana de Cristina, niega las presiones y sostiene que es una difamación.

Cristina Presente, Ahora y Siempre

Poco después de las 11 de la mañana de este viernes 28 de agosto, Cristina fue sepultada en el cementerio La Piedad de Posadas. La despedida fue tristísima. No hubo presencia funcionarios, esos que llegaron a su casa para sacarse fotos con ella y su familia el día que la liberaron. Solo su familia, los militantes sociales, feministas y de derechos humanos que la acompañaron durante estos años y nadie más.

“Hoy enterré a mi esposa, es muy injusto lo que hicieron con ella, teníamos una vida juntas”, nos dijo Mariana quien además nos anticipó que seguirá reclamando Justicia por Cristina.

Ese pedido se escuchó muy fuerte el día anterior en la Marcha contra el Gatillo fácil, la violencia institucional y la represión estatal que se realizó en todo el país, también en Posadas. Con los ecos de ese pedido se la despidió. Ismael Décima papa de Lucas Décima, un adolescente asesinado por la policía se encargó de gritarlo: Cristina Vázquez, Presente, Ahora y Siempre.

No pueden quedar impunes

El Estado es responsable de la muerte de Cristina Vázquez. Es responsable de haberla perseguido, hostigado, criminalizado, encarcelado, condenado de manera arbitraria y es responsable de haberla empujado a un callejón del que intentó salir en infinidad de veces, buscó como hacerlo, pidió ayuda, tomó las que le dieron como pudo, cuando pudo.

No pueden quedar  impunes los jueces, fiscales que la privaron de la libertad, de los sueños, de los proyectos, de estudiar, de aspirar a un trabajo digno; no pueden quedar impunes los que durante años la victimizaron dentro del Sistema de Crueldad que es la cárcel; no pueden quedar impunes todas las áreas del Estado que la abandonaron a su suerte cuando en diciembre del 2019, tras casi 12 años de prisión, la Corte Suprema de Justicia ordenó su liberación; no puede quedar impune la Iglesia Católica, co gestora del sistema de crueldad; no pueden quedar impunes los periodistas que atizaron la criminalización y la condenaron mucho antes que el perverso poder judicial”, reza el comunicado de la CTA Autónoma de Misiones.

La responsabilidad del Estado tiene nombres y apellidos, son los jueces y fiscales que la introdujeron a este sistema de crueldad del que nunca se sale indemne. “Dra. Marcela Leiva, Dr. Fernando Verón, Dra. Selva Raquel Zuetta (Tribunal Oral), Dra. Liliana Picazo; Dr. Francisco Aguirre, Dra. Amalia L. Avendaño, Dr.  José P. Rivero, Dra. Cecilia W. de Guirland, Dr. Martín R. Pancallo D’Agostino, Dr. Ernesto C. Cabral, Dr. Cristian Marcelo Benítez; Dra. Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Dr. Luis Alberto Diblasi, Dra. María Luisa Avelli de Lojko, Dr. José Pablo Rivero”, aporta el listado el Equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género.

La responsabilidad se extiende al propio gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad  y todos los funcionarios del Estado que debieron intervenir en un proceso de reinserción y reparación que se merecía Cristina, su familia. El mismo que se merece Cecilia Rojas, que hoy está en la misma intemperie, sin ningún tipo de asistencia, sin acceso al trabajo, peleando por sobrevivir.

 

Foto: Marcos Otaño

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