Redacción Canal Abierto | En 2016, vecinos y vecinas del barrio porteño de Colegiales presentó en la Legislatura de CABA un proyecto para convertir las casi 9 hectáreas del Playón Ferroviario perteneciente a la línea General Mitre en un parque cultural público.
En 2017, a través de la ley 5.875, la Legislatura porteña rezonificó todo el playón, realizó un convenio urbanístico y le permitió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) poner en subasta nueve lotes de los cuales se vendieron cinco. Cuatro fueron adquiridos por el grupo Sancor Seguros y uno por el grupo Emfisa SA.
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En febrero de este año, el presidente Alberto Fernández dispuso a través de un decreto que la AABE debía que hacer una auditoría de todas las ventas y cesiones que hizo el ex presidente Macri en el período 2015-2019, y además revisar todas las cesiones del último trimestre de 2019 porque esas serían ilegales y estarían violando la Ley de Responsabilidad Fiscal.
“Eso tenía que hacerse en un plazo de 60 días, pero vino la pandemia y todo eso se retrasó. Nosotros pensamos que ya es hora de que la ABBE publique esa información porque son muchos los vecinos afectados. Hace un par de semanas nos enteramos que Sancor Seguros va a construir dos edificios de nueves pisos con locales en planta baja y dos niveles de estacionamiento subterráneo a través de GyD Developers y Fernández Prieto. Y el otro grupo que compró también va a empezar un edificio similar”, explicó Adriana Fernández, vecina de Colegiales a Canal Abierto.
Esto encendió nuevamente las alertas, y quienes se organizan dentro de la asociación Parque Cultural Estación Colegiales realizaron una serie de intervenciones lumínicas en los lotes que están cercados para defender los playones ferroviarios.
“A principio de año nos reunimos con la AABE, nos escucharon y se comprometieron a revisar la situación. Hace unas semanas nos dijeron que todavía falta para que se termine ese informe. En 2019 nosotros presentamos un amparo a través de la Organización Nace un Derecho. Pero hace un par de meses, el juez interviniente no dio lugar a la medida cautelar y dijo que había que seguir la cuestión de fondo, o sea que se va a juicio ordinario. Esta semana nos vamos a reunir con un equipo de abogados para que nos asesoren en cómo profundizar la estrategia judicial porque tampoco hemos tenido alguna evaluación de impacto ambiental de todo lo que implica transformar un barrio”, resaltó Fernández.
Por su parte, Santiago Sobral, vecino que encabeza las reuniones con los funcionarios, señaló: “El manejo que hacen es pésimo. Quedó muy evidenciado con esta pandemia la necesidad que la gente de la Ciudad de Buenos Aires tiene del espacio verde público porque cada vez vivimos más hacinados, en departamentos cada vez más chicos. Con la pandemia y el calor es peor. Las plazas están llenas y creemos que la Ciudad ya no tiene que entregar un solo metro cuadrado de espacio verde más a la especulación inmobiliaria”.
La participación ciudadana parecería ser un posible freno a este negociado con los bienes públicos. Esto quedó demostrado en la gran cantidad de inscriptos a las audiencias públicas de la Legislatura para tratar la venta de Costa Salguero.
“Hubo más de 7.000 inscriptos y quien sigue estas audiencias puede ver claramente el rechazo masivo que hay a la entrega de la costa del río. Ese rechazo a la entrega de tierra pública a la especulación inmobiliaria es sistemático en todos los barrios, porque no se la entrega para usos y finalidades sociales, es transferencia directa de recursos del Estado a pequeños grupos, con lo cual cada vez se acrecienta más la distancia entre los ricos y los pobres, y la concentración de la riqueza entre unos pocos”, explicó Sobral.
Y finalizó: “Los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que estamos comprometidos vamos a seguir luchando contra los que lucran con la tierra pública”.