Redación Canal Abierto | Luego de su media sanción en el Senado, el oficialismo de la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de movilidad previsional.
Desde marzo y por seis meses, la gestión de Alberto Fernández suspendió la fórmula macrista aprobada en diciembre de 2017 –que había ocasionado un deterioro de los haberes de más del 20%-, y comenzó con los aumentos por decreto hasta que hubiese fórmula nueva: $1.500 más 2,3%, 6,12%, 7,5% y 5% en marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente, que achataron la pirámide de haberes afectando en mayor medida a los beneficiarios de mayores ingresos.
Finalmente llegó el tiempo de tratar una norma que regule cómo y en base a qué se actualizarán las jubilaciones, y la propuesta del Frente de Todos consiste en un retorno a la movilidad jubilatoria aprobada en 2008, durante la gestión de Cristina Fernández, cuyas variables de actualización son la evolución de los salarios (50%) y la recaudación (50%), sin tomar en cuenta la inflación.
“Sin dudas, es una fórmula de movilidad superadora de la macrista, pero entendemos que este debiera ser el último paso de una reforma previsional, y no el comienzo. Hoy tendríamos que estar hablando de la recomposición de unos haberes que vienen achatados hace años”, señaló a Canal Abierto el asesor jurídico del Centro Nacional de Jubilados y Pensionado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Luciano González Etkin.
La jubilación mínima hoy es de $18.129, muy lejos de la canasta básica de los jubilados de $49.620, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
“La diferencia entre los haberes más bajos y lo que necesita un jubilado es muy grande, pero es una injusticia que se podría empezar a resarcir con un aumento que -por ejemplo- lleve la mínima a alrededor de $30 mil. De esta manera, un hogar en el que también se perciba una pensión estaría equiparando la canasta”, señaló el abogado.
También te puede interesar: Nueva fórmula previsional: ¿Qué opinan los expertos?
En concreto, y en esto coinciden numerosos especialistas, aún cuando la nueva fórmula termine ganándole a la inflación, la base de la que se parte es muy baja. En parte, producto del ajuste de la fórmula votada en diciembre de 2017 en medio de dos jornadas escandalosas y teñidas por la represión policial.
Ante la pregunta sobre cómo debiera estar compuesta la fórmula para recuperar poder adquisitivo, González Atkin detalló: “una opción hubiera sido atarla a los salarios, que es dónde entendemos se puede dar pelea desde los trabajadores. A su vez, y entendiendo a la inflación como un problema histórico de nuestro país, habría incorporarle una suerte de cláusula gatillo atada a la suba general de precios”.
“La historia nos enseñó que de todas las crisis se sale con más salarios y jubilaciones en el bolsillo de los trabajadores, porque son ellos los que al gastar motorizan el mercado interno”, planteó.
“Otros aspectos urgentes a modificar son la baja a las contribuciones patronales que en los últimos 30 años fueron vaciando la ANSES, más y mejores políticas de combate del trabajo precario e informal que evaden aportes previsionales, por ejemplo, exigiendo que grandes ganadores del sistema como las APPs (Rappi o Pedidos Ya, entre otras) formalicen a sus trabajadores”, apuntó el asesor de ATE, y agregó: “o bien dar una discusión de fondo del sistema tributario, para que sea mas progresivo, como sería repensar si no tendríamos que destinar una parte del impuesto a la riqueza a la caja de una ANSES que hoy por hoy se nutre del IVA, el gravamen más regresivo que existe”.
