Redacción Canal Abierto | Desde esta mañana, la Asociación Mundo Igualitario (AMI) dispone  del inmueble donde funcionó el reconocido prostíbulo VIP Madaho’s en la localidad costera de Mar del Plata, clausurado desde 2014. A raíz del pedido de uso del espacio y, en el marco de la causa por lavado de activos provenientes de la explotación sexual de mujeres y personas trans en el local Madaho’s, la justicia dictó el embargo de la propiedad ubicada en Alem 4285 por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En el fallo se dictaminó que sea AMI quien tenga entrega en custodia provisoria y se tramite el permiso de uso para que funcione la asociación civil.

El fiscal general del Ministerio Publico Fiscal, Daniel Adler, junto Mario Villar y María Laura Roteta, cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – PROCELAC, y Daniela Sodini, directora interina de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, habían solicitado que se disponga el embargo preventivo del local Madaho’s, para asignar su uso a una entidad de bien público. El juez Santiago Inchausti, en una resolución sin precedentes que avanza en el desarrollo de la perspectiva de género y diversidad en el Poder Judicial, decidió convalidar el pedido.

La Asociación Civil Colectiva por un Mundo Igualitario (AMI) trabaja desde hace años en la lucha, fomento y difusión de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Es una organización ampliamente reconocida por la protección de uno de los colectivos más vulnerabilizados de la sociedad, como lo es el de las feminidades travestis y trans en situación de prostitución.

Desde su creación en el año 2014, AMI impulsó la implementación del cupo laboral travesti-trans en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la efectivización de dicho cupo en el marco de la Ley Provincial, logrando la creación de puestos de trabajo formal para el colectivo, e inaugurando experiencias de inclusión que fueron replicadas en diferentes puntos del país. También creó la ordenanza de cupo laboral en el municipio de General Pueyrredón, y participa activamente en la Mesa Interinstitucional contra la trata de personas, entre otros frentes de articulación vinculados a la temática.

Claudia Vega, presidenta de la asociación, explicó: “Nosotres construimos una participación activa en el Comité de Emergencia LGTBIQ+ local, creado para paliar las necesidades agravadas de las compañeras travesti-trans en situación de prostitución, a raíz del ASPO y DISPO decretados con motivo de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 porque tenemos mucho para aportar. Tratamos todo el tiempo de acompañar, de estar de manera integral: en los talleres para niñeces, adolescencias y jóvenes, familiares y entornos afectivos, en espacios de sensibilización en diferentes instituciones, en el amparo para las que están sufriendo violencias en la cárcel, y en las que están en riesgo alimentario por la pandemia. No tenemos un lugar físico donde articular nuestro trabajo, por eso nos presentamos con una propuesta para resignificar un espacio que fue centro de violencias en uno que garantice derechos”.

Por su parte, el sitio fiscales.gob, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, informó que desde ahora las eventuales ganancias obtenidas por la administración del espacio se destinarán a las víctimas del caso, a través del Fondo Fiduciario del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

“Hoy ha sido un día histórico en la ciudad de Mar del Plata” señaló la directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual Daniela Castro, durante la ceremonia de entrega de la llave. “En ese espacio funcionará un centro cultural de la diversidad, con puertas abiertas para todas y todos”, agregó.

AMI sostiene la defensa de los derechos de personas travestis y trans cuyos destinos lamentablemente se ven aún hoy signados por la marginalidad, la prostitución desde muy temprana edad, la exclusión del sistema sanitario, de la educación formal básica, la imposibilidad del acceso al mercado laboral formal, la corta expectativa de vida y la exposición constante y permanente a situaciones de trata de personas como la que da lugar a la causa judicial que motiva la propuesta de intervención en relación a la propiedad donde funcionó Madahos.


El juicio

La resolución de Inchausti se produjo en el marco del proceso penal que se lleva a cabo por el lavado de activos provenientes de la explotación sexual, en el que el MPF ya formuló el requerimiento de elevación a juicio. Las conductas de lavado detectadas consistieron en haber puesto en circulación en el mercado las ganancias y bienes provenientes de la explotación sexual de mujeres que tenía lugar en Madaho’s de Mar del Plata. Las maniobras desplegadas, de acuerdo a la acusación, fueron variadas y conllevaron un proceso de legitimación de activos por un monto que ascendió, como mínimo, a un total $16.620.040.

A su vez, el delito precedente ya fue acreditado en la instancia oral, etapa en la que se celebró un acuerdo de juicio abreviado por el que se condenó a Daniel Alberto Fay, Mario Alberto Sasiain y Mario Alejandro Lafalce, entre otros, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

Con información de ANDAR Agencia 

Recibí más periodismo de este lado