Redacción Canal Abierto | La comunidad chaqueña se movilizó ayer a la sede del Juzgado Civil y Comercial Nº19 en Resistencia para repudiar el fallo dictado la semana pasada por su titular María Beatriz Aucar de Trotti en el que anulaba la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
De la manifestación participaron diferentes organizaciones civiles, políticas y sociales que acompañaron el proyecto durante su debate. Antes de llegar a la sede judicial la marcha recorrió puntos emblemáticos de la capital chaqueña, como la gobernación, el Arzobispado y la Catedral, edificios que contaron con una fuerte custodia policial.
El fallo de Aucar fue cuestionado desde el momento mismo de su firma y encendió luces de alarma ante la posibilidad de que instale precedentes, teniendo en cuenta situaciones similares en Salta y la CABA y el precedente de las amenazas que padecieron legisladores durante el momento del debate por grupos reaccionarios de distintas provincias.
«Esta es una estrategia política vieja de los conservadurismos religiosos. Lo han hecho con la anticoncepción hormonal de emergencia, con el programa de salud sexual, con el protocolo para la atención de abortos legales.. La de mudar la discusión política del campo legislativo al campo judicial es una estrategia bastante antigua. Lo que si me sorprendió personalmente es la connivencia judicial», explicó a Canal Abierto Soledad Deza, integrante de la organización tucumana Mujeres por Mujeres.
#Chaco
💚 IVE ES LEY 💚
Hoy nos manifestamos junto a organizaciones feministas y disidentes en repudio de la medida cautelar que intenta suspender la implementación de la IVE
¡Queremos su aplicación ya!#ESLEY pic.twitter.com/gtDkIFEqWQ
— #EsLey #SeguimosEnCampaña💚 (@CampAbortoLegal) February 1, 2021
Deza, quien fuera abogada defensora del caso Belén, también aventuró que «por la cantidad de inconsistencias que tiene y porque los fundamente son realmente vergonzosos, evidencia que ha sido dictada de emergencia. Lo sorprendente es que transparentó esa alianza de la sociedad civil con el poder judicial para inhabilitar un derecho y para impedir la implementación de una política pública de forma cautelar. También tenemos que pensar que esta es una medida preventiva y una cautelar en los hechos, resuelta así es como que estuviera resolviendo el fondo de la cuestión antes que corresponda por los tiempos procesales».
La abogada, que también es parte de la Campaña Nacional por Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito señaló que, además de estar fechada en un día futuro como es el 29 de febrero del corriente año, el dictamen judicial tiene inconsistencias de competencia.
«El artículo 31 de la Constitucion Nacional tiene el principio de supremacía constitucional. Las provincias no pueden restringir derechos nacionales, porque si no cada provincia sería una república. Como no podríamos desde Tucumán legalizar el consumo personal de drogas. Esas son facultades reservadas al Congreso Nacional y se llaman legislación de fondo o derecho común que no le corresponde a las provincia porque no pueden avanzar en la legislación, porque si no se modificaría desde cada provincia
La pelota ahora quedó en el lado del estado chaqueño, cuyo Ministerio de Justicia es quien deberá apelar la medida. El Código Procesal provincial prevé dos caminos posibles: un recurso revocatorio, en el que el fallo es revisado por un juzgado de la misma instancia y otra de apelación, en el que atiende una instancia superior. Los posicionamiento del titular del ejecutivo hacen que el panorama no sea de lo más alentador.
«Hay que ver la estrategia del Ministerio de Justicia de Chaco. Pensando como abogada litigante, lo primero que haría sería apelar esa cautelar para tratar de revertir esta instancia que ya es adversa. Luego va a venir la contestación, pero lo primero que haría sería recurrir esa medida cautelar, ya sea a través de un recurso de revocatoria ara que revise un juez de la misma instancia o uno de apelación que es para que revise la instancia superior», especuló Deza.
También hizo referencia a los tiempos de la justicia, que no tiene plazos y mientras analiza y resuelva, habrá chaqueñas que seguirán muriendo en la clandestinidad. «Acá hay una cronoterapia que en parte depende de la voluntad política que haya. Y me parece que ahí, al ser el Estado provincial de Chaco el que tiene que recurrir esta cautelar porque es quien esta denunciado me parece que ahí va a tener que ser bien enérgico en ese recurso y en los planteos que pueda hacer», concluyó Deza.