Por Sofía Acosta | El promedio de vida de una persona travesti-trans en América Latina es de entre 35 y 41 años, a diferencia de la expectativa de vida general que es de 75. Cerca del 90% de las personas trans se encuentra por fuera del mercado formal, vive en la pobreza y un porcentaje similar ejerce la prostitución en situaciones de extrema marginalización para generar un ingreso.
En ese contexto, el 3 de septiembre de 2020 marcó un hito para el colectivo travesti-trans: esa mañana, el Boletín Oficial publicó el Decreto 721/2020 que establece que, en el sector público nacional, los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1 por ciento por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo.
En línea con la norma, este lunes, desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se lanzó la campaña “Reparación, traVajo y vida digna para todes” con dos objetivos. El primero, informar sobre la aprobación del cupo laboral travesti-trans en el Estado nacional y sus implicancias. El segundo, concientizar a los trabajadores y trabajadoras estatales sobre la necesidad de construir espacios de trabajo y sindicales libres de violencia por razones de identidad de género, para que puedan alojar a las personas travesti-trans que ingresen o que ya están trabajando.
“Para nosotros y nosotras es sumamente importante no sólo la legislación, sino el avance que significa el decreto en materia de derechos, tanto en Argentina como en los países de América Latina –relató en diálogo con Canal Abierto, Mercedes Cabezas, secretaria de Organización de ATE–. Desde nuestra organización hemos conformado una mesa de diversidad y capacitaciones que abarcan a todas las provincias. Ahora avanzamos en una campaña que no sólo visualice a los colectivos diversos que ya son parte del Estado, sino que además organice a las y los compañeros trans. La inclusión no tiene que ver sólo con darles un lugar, en términos de trabajo digno, sino que se debe mirar con perspectiva inclusiva, de clase y género a cada uno de los espacios donde el Estado tiene injerencia”.
Los intereses por sobre el currículum
El decreto, en otros puntos, señala la creación del Registro de Anotación Voluntaria de Personas Travestis, Transexuales y/o Trangénero aspirantes a ingresar al sector público nacional que fue presentado el 27 de enero por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD). Desde entonces, lleva inscriptas a más de 3000 personas.
Para implementarlo, desde el MMGyD se realizó una primera etapa de diseño y pruebas piloto en coordinación con el Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis. Además, se creó una unidad interministerial, compuesta por el propio Ministerio, el INADI, el Ministerio de Educación de la Nación, y la Secretaría de Gestión y Empleo Público.
“El registro no busca jerarquizar a las personas trans respecto de las certificaciones que puedan acreditar, no se basa en la noción del currículum sino en establecer el perfil laboral, los intereses, y las ganas de desarrollarse en determinadas áreas correspondientes con el sector público nacional –señaló, por su parte, Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación–. Fue una búsqueda técnica que habla más de potencialidad y desarrollo, sabiendo que se trata de una política de empleo afirmativa en perspectiva de género que tiene que ver con que las desigualdades y obstáculos que dificultan el pleno ejercicio del derecho. Poner en valor la diversidad no es sólo un compromiso del Gobierno: hay una sociedad que está demandando que efectivamente estos cambios culturales sean una realidad”.
También recordó que se trata de una “reivindicación histórica de la lucha que se llevó tantas vidas de compañeros y compañeras trans”, como Lohana Berkins, Diana Sacayán, y Claudia Pia, entre otras.
Y en relación a la campaña de ATE, sostuvo: “Nos parece fundamental el compromiso de que el decreto sea una línea de trabajo y de reivindicación de los espacios laborales para todas las y los trabajadores y las representaciones sindicales. Es un paso enorme para que efectivamente la convicción que tenemos respecto del cupo laboral travesti-trans, que viene desde los propios territorios, confluya en una demanda que efectivamente se cumpla en cada sector laboral”.
Hacia la democratización de las instituciones
El trabajo, coordinado desde el Departamento de Género y Diversidades junto al Consejo Directivo Nacional y la Secretaría de Prensa de ATE, comenzará con una serie de piezas comunicacionales con información para aquellos y aquellas que aún no han podido inscribirse en el Registro y contará con las voces de las y los protagonistas que ya se encuentran trabajando en diferentes áreas del Estado. El objetivo es difundir y concientizar acerca de la importancia de que los espacios de trabajo se encuentren libres de violencias, discriminación y prejuicios y que las personas travestis-trans puedan aportar su mirada.
“Estamos dándole continuidad a una de las líneas de trabajo que venimos impulsado, sumándonos con entusiasmo a una política pública que creemos que inicia un proceso de reparación hacia personas que han sido discriminadas sistemáticamente. Es una apuesta de trabajo sobre una de las brechas de género más profundas. Es un aporte concreto que creemos que, como sindicato, estamos en condiciones de dar para que avance y sea efectivo«, resaltó Clarisa Gambera, directora del Departamento de Género y Diversidades de ATE.
Y agregó: “Que las personas trans ingresen al Estado nacional queremos que sirva de faro para el resto de los Estados provinciales o municipales y que sea en condiciones dignas. Para eso, la sindicalización es una oportunidad y garantía y es un derecho fundamental que debe acompañar este proceso”.
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