Redacción Canal Abierto | “El cierre de la Clínica San Andrés de Caseros en plena pandemia es un crimen social”, sostienen en un comunicado sus trabajadores, 144 profesionales de la salud, de los considerados esenciales, que hoy están en la calle.
La clínica de la zona oeste del primer cordón del conurbano bonaerense atendía a 18 mil afiliados del PAMI que ahora deben procurar atención en lugares distantes de otros distritos.
“Para nosotros, que somos 144 trabajadores en relación de dependencia, más los médicos y tercerizados, es una situación intolerable que sin embargo no ha producido la intervención del gobierno en ningún nivel. Estamos reclamando soluciones al municipio, provincia y nación. No tenemos respuestas y nos movilizamos reclamando por ellas”, sostienen los trabajadores en una convocatoria a solidarizarse con su situación y acompañarlos en el corte de la Avenida General Paz y San Martín que lograron realizar este martes por la mañana.
En el contexto de pandemia, ingresando en lo que denominan la “segunda ola” de coronavirus en nuestro país, cuando los países vecinos ya atraviesan situaciones críticas con sus sistemas de salud saturados, el cierre de este sanatorio deja 12 respiradores, 90 camas, un tomógrafo y un edificio de cinco pisos listos para funcionar en desuso. “Si los funcionarios así lo disponen, estamos listos para comenzar a trabajar”. Por el momento, tanto el intendente cambiemita de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, como el gobernador Axel Kicillof han hecho oídos sordos.
“Nosotros luchamos por la reapertura”
“El conflicto arranca el 1º de febrero cuando vacían la clínica de pacientes. Muere el titular de la sociedad anónima, el doctor Atilio Surachi, y surge un conflicto entre sus herederos y la doctora Adriana Surachi, hermana del fallecido. En ese conflicto quedamos involucrados nosotros y los pacientes”, relata a Canal Abierto Carlos Rojas, técnico radiólogo con veintinueve años de servicio en la institución. “Ellos se fueron, dejaron la clínica abandonada. Nosotros no recibimos ningún telegrama. Lo último que cobramos fue el mes de diciembre. Nos deben aguinaldos, horas extras y todo el mes de enero trabajado. En febrero, ocupamos la clínica para evitar el vaciamiento de los equipos, y entramos en conciliación obligatoria con el Ministerio de Trabajo pero no nos dan ninguna solución. Ellos se niegan a vender o reabrir la clínica. Nosotros luchamos por la reapertura”.
Con toda lógica los trabajadores señalan la aberración de cerrar una clínica en pleno funcionamiento, con aparotología de última generación y con personal formado y con experiencia en la tarea en este contexto de pandemia que se agudiza. “La institución cuenta con 90 camas de internación general, 12 camas de terapia con respiradores. En la primera fase del COVID llegamos a tener 60 afiliados de PAMI en internación”, sostiene el profesional.
“La clínica funcionaba con normalidad. El 1º febrero vimos como llegaban las ambulancias y se llevaban a nuestros pacientes”, relata Carlos.
El intendente local los recibió luego de la tercer marcha que realizaron a la sede municipal. “Nos dijo que no puede hacerse cargo de la clínica, que no tiene fondos suficientes. Del municipio sólo recibimos un bolsón de comida al inicio de cada mes”. De parte de la gobernación hasta el día de hoy tampoco obtuvieron respuesta.
Este martes 30 de marzo, acompañados por otros sectores de trabajadores en lucha, cooperativistas y desocupados, así como también estudiantiles y de organizaciones políticas, cortaron la Avenida General Paz y recibieron un llamado del ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, para iniciar alguna tratativa, “pero por ahora de la Provincia no recibimos nada”.
“Nosotros pedimos la estatización de la clínica con participación del personal en la gestión de la misma. No contamos con los recursos para abastecer la clínica y hacer un emprendimiento solidario, somos concientes de ello y pedimos el apoyo gubernamental para ponerla en marcha”, explica Rojas.
“Es una locura que en plena pandemia 12 respiradores sean tirados a la basura. Tenemos medicación como para abastecer un hospital que se nos va a vencer pero tampoco lo podemos donar porque no es nuestra”.
Carlos Rojas es técnico radiólogo en la institución desde hace 29 años. Tiene compañeros aún con más años de servicio. “Hemos quedado con secuelas de la pandemia y, por la edad que tenemos, muchos quedamos fuera del mercado laboral”.
Una clínica en plena capacidad, con personal capacitado y expectante de una solución, esperan que alguien en el Estado los escuche. Parece que hoy se hicieron oír. Esperamos que lleguen las soluciones que trabajadores y pacientes merecen.