Redacción Canal Abierto | En una esperada conferencia de prensa, el mediodía del jueves las autoridades del Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) y asociaciones de usuarios, usuarias y consumidores anunciaron las medidas colectivas que realizarán ante la Justicia para defender el Decreto 690 de diciembre de 2020 que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones.
“El decreto 690 creó un nuevo derecho: el derecho a la conectividad. Nadie discute la esencialidad de estos servicios. Hoy, nadie se puede vacunar si no se anota por Internet. Los Estados nacional, provincial, municipal le dicen ‘estudie, trabaje desde su casa’. Pero la Sala II le está diciendo ‘hágalo desde su casa pero lo va a pagar de su bolsillo al precio que la empresa quiera’”, explicó el vicepresidente del Enacom, Gustavo López.
La referencia del funcionario es a la reciente decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, de hacer lugar a una medida cautelar a favor de Telecom y suspender los artículos 1 al 6 del decreto en cuestión y las tres resoluciones reglamentarias del Ente. Con esto dio por tierra la posibilidad que brindaba la norma de que el Estado regulara los precios sobre esos servicios.
En un principio, el juez de feria rechazó la medida solicitada por Telecom, pero la empresa apeló –alegando falta de seguridad jurídica y la imposibilidad de reinversiones futuras- y la justicia federal le dio la razón.
El decreto 690 determinó el carácter de servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para esos servicios. Las empresas lo desconocieron, aumentaron, y –en el caso de Telecom- accionaron en la Justicia.
Para López, en tanto la única empresa que ha conseguido una cautelar es Telecom, el fallo “rompe la competencia, porque al que incumple se lo premia, y al que cumple se lo castiga. Y se castiga fundamentalmente al usuario. En el primer trimestre de este año, las ganancias fueron de $9 mil millones. No sólo no está al borde del quebranto, sino que es falso el único argumento presentado. Con ese fallo la actividad tendría un aumento anual cercano al 75%”.
Las medidas anunciadas
“Vamos a ir por un recurso extraordinario federal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entendemos que tenemos los argumentos suficientes para hacer valer la constitucionalidad del decreto 690 -detalló Diego Leiva, director general de Asuntos Jurídicos y Regulatorios del Enacom-. No es una medida cautelar más. Entendemos que la Corte debe intervenir porque esto trasciende el mero interés de las partes. Hay un decreto que regula la actividad para todos los argentinos”.
La presentación se hará mañana, en conjunto con todas las asociaciones que participaron de la conferencia. Uno de los argumentos nuevos que enarbolarán es que se tome en cuenta la cautelar dictada contra todas las empresas que se registró en los tribunales de Mar del Plata en enero, luego de una presentación de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentina (ACUBA).
Por su parte, Claudio Ambrosini, presidente de Enacom, aseguró: “Vamos a hacer todo lo que haya que hacer legalmente, no vamos a dejar de dialogar, pero el diálogo tiene que ser de a dos, y cuando no te escuchan es complicado”.
Luego agregó: “El decreto está para cumplirlo y vino para quedarse porque la necesidad de que esto sea un servicio público también vino para quedarse”.
Por otro lado, desde el Ente aseguraron que, desde la vigencia del decreto, la obligación de otorgar a los usuarios PBU –un precio preferencial para los servicios para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales- tuvo muy bajo acatamiento y que las empresas fueron intimadas “a dar 3 millones de Prestaciones Básicas Universales en el próximo mes”.
De igual manera sostuvieron que la legislación vigente establece que los aumentos deben ser autorizados por el Enacom, por lo cual aquellas empresas que cobraron un aumento en mayo –que no fue aprobado- “lo van a tener que devolver”.
De la conferencia también participaron Gerónimo Rossi, presidente de ACUBA; Cristina Vicente, presidenta de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y coordinadora de las asociaciones en Enacom; Pedro Bussetti, referente de DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores); y Romina Ríos, referente de la Asociación de Defensa del Consumidor PROTECTORA.
Ilustración: Marcelo Spotti