Redacción Canal Abierto | El 27 de mayo pasado la Argentina acompañó una iniciativa de la ONU para que se investigue de forma “independiente, transparente y exhaustiva” las denuncias de violaciones y abusos en Israel y los territorios palestinos.

La resolución del organismo internacional –aprobada por 24 y rechazada por 9 miembros, además las 14 abstenciones– se basó en un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Además de cuantificar las muertes (242 palestinos y 12 israelíes) y pérdidas materiales de la últimas escalada, el pronunciamiento es por demás claro en su visión condenatoria tanto de los cohetes lanzados por Hamas como de los métodos represivos utilizados por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

“No hay duda de que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos y residentes. Sin embargo, los palestinos también tienen derechos. Los mismos derechos. Ellos también tienen derecho a vivir con seguridad y libertad en sus hogares, con servicios y oportunidades adecuados, y con respeto a su derecho a la vida y la integridad física”, sostuvo Bachelet, quien no dudó en hablar de “ocupación” israelí sobre los territorios palestinos.

También denunció el bloqueo “por tierra, aire y mar” que hace más de 14 años viene sufriendo la Franja de Gaza: “como potencia ocupante, según el derecho internacional, Israel está obligado a proteger a la población de Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza y garantizar su bienestar”.

En este sentido, en una reciente entrevista con Canal Abierto, la politóloga y especialista en cultura árabe y hebrea, Carolina Bracco apuntó contra la visión hegemónica que pretende instalar una equidad de fuerzas entre ambos bandos: “no hay guerra ni conflicto, hay un proceso de colonización”.

A su vez, la ex presidente de Chile señaló que las ofensivas militares a manos del ejercito hebreo “siembran dudas sobre el cumplimiento de los principios de distinción y proporcionalidad en la ley humanitaria internacional”, lo que podría considerarse como “crímenes de guerra”.

De todos modos, y en un esfuerzo por sostener hasta el extremo un tono políticamente correcto, el texto evita cualquier tipo de conclusión y tan sólo propone indagar sobre “todas las causas profundas de las tensiones recurrentes, como la discriminación y la represión sistemática basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”.

Pese a la ecuanimidad de la resolución, Tel Aviv no dudó en salir con los tapones de punta al calificar de “hipócrita y absurda” una votación que consideró “un ejemplo más de la flagrante obsesión antiisraelí del Consejo”. Sin ir más lejos, el presidente Alberto Fernández recibió este lunes a las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), a quienes les aseguró que el voto a favor “atendió el informe Bachelet”.

“Creemos que la abstención, ni hablemos de rechazar la moción, para Argentina hubiese sido un escenario más prudente”, dijo el titular de la DAIA Jorge Knoblovits durante una rueda de prensa en Casa Rosada.

Por su parte, el embajador embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, también se vio obligado a dar explicaciones durante una reunión  que mantuvo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Netanyahu. Según informó Tel Aviv, ya fueron citados los representantes de los otros 23 países que, como la Argentina, votaron en el Consejo de Derechos Humanos.

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