Redacción Canal Abierto | En diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, la cifra se elevó a 50.500. Este nuevo récord en la tasa de prisionización tiene como correlato directo la sobrepoblación en cárceles del 113%, y en comisarías del 310%. Es decir, personas que duermen en el suelo o se turnan para, en el mejor de los casos, conciliar el sueño.

A su vez, este hacinamiento y el agravamiento de las condiciones de detención generan condiciones de posibilidad para las violaciones al resto de los derechos humanos. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político. En 2018, a partir de las entrevistas que se realizaron durante las inspecciones a los lugares de encierro o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, se relevaron 12.421 hechos de tortura.

Los datos surgen del informe 2019 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentado este miércoles en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. El estudio anual tiene por objetivo visibilizar las violencias estatales que se producen en la opacidad del sistema penal, la tortura sistemática, muertes evitables, falta de asistencia sanitaria elemental, condiciones inhumanas de detención y abandono.

“Llevamos 13 informes realizados, no puede ser que sigan llenando las bibliotecas de funcionarios y jueces que no toman ninguna medida para revertir esta situación”, sentenció durante la presentación el presidente de la CPM y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien calificó el estado actual de las cárceles como “depósitos humanos”.

Sólo durante 2018, 339 personas murieron bajo custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes. Otras 120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario de servicio. La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como femicidio.

En este sentido, la investigadora, socióloga, historiadora, integrante de la CPM y candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, Dora Barrancos consideró “abrumadoras” las cifras de superpoblación femenina, que pasó de 24% en 2017 a 51% en 2018. Durante el mismo periodo, la población trans-travesti en situación de encierro creció en un 36%, según el informe.

“Los hechos que denunciamos son las consecuencias de las políticas de mano dura; no son casualidades o hechos aislados”, denunció el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García. Las masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de la política represiva: primero fue Pergamino, después Esteban Echeverría y hace pocos meses, Monte.

Además de los integrantes de la CPM, representantes de distintos espacios políticos y referentes de organizaciones de derechos humanos, participaron de la presentación familiares y amigos de víctimas. Entre ellos, destacó la voz de Yanina Zarzoso, mamá de Camila, una de las 4 víctimas de la masacre de San Miguel del Monte. “¿Qué pasó esa noche con los #DDHH y los derechos del niño?”, se preguntó.

En el cierre de la actividad, la incansable militante por los Derechos Humanos, Nora Cortiñas hizo un llamado a que “no nos acostumbremos a esto, no tiene que seguir pasando”.

La CPM y el informe anual

La presentación del décimo tercer informe se realiza, además, en el marco de los 20 años de la CPM. Desde el 2002, el organismo despliega tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, y de las políticas de seguridad, niñez y salud mental. En todos estos años, la CPM realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos, y presentó 45 mil expedientes judiciales por torturas y otros tratos inhumanos o degradantes.

Ese trabajo sistemático realizado durante estos años convirtió, de hecho, a la CPM en el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos degradantes. La autonomía del organismo respecto de los poderes políticos de turno ha constituido un rasgo fundamental para el desarrollo y la consolidación de este trabajo.

La CPM está integrada por: Adolfo Pérez Esquivel (presidente), Susana Méndez (vicepresidenta), Roberto Cipriano García (secretario), José María di Paola (pro-secretario), Ernesto Alonso (tesorero), Víctor Mendibil, Ana Barletta, Luis Lima, María Sonderéguer, Dora Barrancos, Víctor De Gennaro, Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez y Carlos Sánchez Viamonte.

 

(Fuente: Comisión Provincial por la Memoria)

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