Redacción Canal Abierto | Distintas organizaciones sociales y comunitarias del Chaco denuncian el cierre de los comedores escolares en localidades de toda la provincia. “Familias de Campo Medina y Pampa Chica, de Pampa del Indio, narran que sus hijos e hijas no asisten más al comedor escolar porque dejaron de funcionar desde el 19 de abril de 2021”, señalan desde la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo de Chaco en una denuncia ante la Defensoría del Pueblo provincial.
En el documento señalan que el motivo de esta situación es un atraso en el pago a proveedores desde el mes de enero de 2021 y una deuda de 2020, que motivó que los comercios locales no entreguen más mercaderías. “Quienes trabajan en el territorio día a día en contacto con las familias más necesitadas son testigos de las consecuencias en la salud de aquellas personas, niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos, que no tienen asegurada la alimentación diaria adecuada, como por ejemplo los casos de tuberculosis y otras enfermedades que quedan sin control por atender la emergencia de la pandemia de coronavirus”, detalla la denuncia que aporta testimonios de distintas localidades y señala los graves efectos de la situación.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Social provincial son 911 los comedores escolares a los que asisten 238.500 niños, niñas y adolescentes, y debido a las restricciones establecidas en atención a la pandemia las resoluciones 365 y 366 de este organismo, dispusieron la continuidad del beneficio bajo la modalidad de viandas.
Ya en 2007, ante la situación de pobreza estructural de comunidades originarias de la provincia la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que ordena al Estado Nacional y a la Provincia del Chaco “el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitan en la región sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del Departamento Libertador General San Martín de esa provincia, como así también de un medio de transporte y comunicación adecuados, a cada uno de los puestos sanitarios”, frente al pedido del Defensor del Pueblo de la Nación para que se adoptaran medidas necesarias que “detengan el exterminio” de los pueblos originarios.
La educación intercultural bilingüe en crisis
A partir de la Ley de Educación Nacional del año 2006, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) comienza a formar parte del sistema educativo nacional institucionalmente. Hasta ese momento venían funcionando programas específicos en las distintas jurisdicciones provinciales, con experiencias pioneras en Chaco y Formosa en los inicios de los 80.
Con la recuperación de la institucionalidad democrática se vivió un proceso de mayor participación de las comunidades y pueblos indígenas de nuestro país en la vida política y en la toma de decisiones que los involucran. Uno de los avances, lento, paulatino y siempre con muchas dificultades es el de la modalidad de la EIB.
“Desde hace muchos años trabajamos estudiando la educación intercultural bilingüe en comunidades del pueblo toba en Chaco. Lo que encendió las alarmas fue que en distintos relevamientos venimos viendo lo vulnerable que está la situación de la EIB –que es la modalidad educativa para los pueblos indígenas– porque no hay conectividad, porque no llegan materiales específicos, porque no hay dispositivos… el cierre de las escuelas debido a la pandemia y el pase a la modalidad virtual termina de destrozar la educación intercultural en esta región”, señala Ana Carolina Hecht, antropóloga e investigadora del Conicet, en diálogo con Canal Abierto. “Ahora, en el marco de una situación sanitaria de contagios de COVID mucho más pesada, se sumó el agravante de que los comedores escolares no reciben los alimentos para su sustentabilidad”, agregó.
“El cierre de estas escuelas implica muchas consecuencias graves ya que no son sólo lugares de enseñanza-aprendizaje, son centros comunitarios donde llega la mercadería, donde llega la comida, donde llegan donaciones, donde se establecen contactos con el exterior y donde pueden llegar otro tipo de ayudas que hacen al cotidiano y a la vida en estos contextos económicamente tan vulnerables”, concluye Hecht.
Sabino Méndez es maestro bilingüe intercultural en una escuela del Impenetrable chaqueño. La Escuela Nº 1017 Tonolec Onolec (caburé solo, en lengua qom) se encuentra en el lote 71 en la localidad de Miraflores, del departamento de General Güemes, a 350 kilómetros de Resistencia y a 45 kilómetros de Juan José Castelli.
“Tenemos una matrícula de alrededor de 200 alumnos indígenas y no indígenas. El comedor de la escuela siempre tiene problemas, a veces se interrumpe el servicio. Cuando se acumula mucha deuda en los comercios de la mercadería que retira la escuela se suspende el abastecimiento y por lo tanto el servicio”, comenta Sabino en diálogo con Canal Abierto. “Servimos desayuno y merienda y los docentes mismos buscamos la forma de asegurar estas comidas, a pesar de lo poco o nada que manda el gobierno, entre todos juntamos para dar una taza de leche o mate cocido. Algunas escuelas tienen sostén de padrinos que mandan cosas de otros lugares del país pero esos envíos no son constantes”, describe.
“El año pasado por la pandemia se suspendieron las actividades presenciales durante todo el año. Entregábamos viandas de almuerzo y cada uno llevaba su porción. Pero cuando no hay suficiente dinero para pagar las cuentas a los proveedores aquí en Miraflores, se corta el servicio”, narra el docente, integrante de la comunidad toba.
La población de estas escuelas, mayoritariamente indígena, tiene muchas carencias y apenas cubre –con esta asistencia estatal– sus necesidades básicas. Está a la vista que la interrupción del servicio de comedor provoca un grave daño social a estas comunidades.
Pero la discontinuidad del normal funcionamiento de las escuelas rurales no sólo trae problemas alimentarios. “En la escuela en la que estoy tenemos acceso a tecnología, pero el Ministerio de Educación de la Nación mandó 22 netbooks para 200 chicos. Cada docente organiza grupos de whatsapp de padres, a los que mandamos actividades diarias. Aquel que no puede le dejamos actividades en una fotocopiadora. Aquí el acceso a Internet es bastante dificultoso, es difícil acceder y mantener una comunicación decente”, cuenta Sabino. “El año pasado tuvimos tres semanas presenciales y se trabajó en la virtualidad el resto del año. El ministerio mandó cuadernillos de actividades pero tenían contenidos muy elevados para nuestros chicos”.
Los docentes buscan formas de llegar a los estudiantes mediante visitas a los hogares y armaron un ciclo de radio en una FM local. “Hemos hecho programas radiales educativos tres días a la semana. Fue muy positiva esa experiencia. Los chicos participaban desde su casa y podían hacer preguntas, estableciendo un diálogo entre chicos y maestros. Estaban muy entusiasmados con esa propuesta”, concluye Sabino.
“Recién ahora, en mayo, los docentes y directivos de Machagay están recibiendo la autorización para retirar la mercadería de diciembre de 2020. Hasta el año 2019 la cuota del comedor dependía un 60% de la Nación y un 40% de la provincia. A partir de ese año es transferida a los municipios, y en algún punto fue positivo porque regularizó algunas situaciones y las partidas sufrían menos atrasos. En 2020, con la pandemia, se volvieron irregulares las entregas, y finalmente dejaron de poder ir a retirar mercaderías desde septiembre. Tanto aquellas escuelas que reparten viandas a las familias como aquellas que tienen un comedor en el cual las familias cocinan para los chicos y las chicas, están en una situación crítica”, describe Soledad Aliata, también antropóloga de la UBA y compañera de equipo de Hecht. Machagay es un una ciudad del centro de la provincia, cabecera del departamento 25 de Mayo.
Una ley que asegura fondos y obliga al Estado a atender la situación de los comedores escolares
Todas las fuentes destacan que las comunidades intentan sostener los comedores a pulmón, pero hay comunidades a los que ni pulmones les quedan. En 2019, la ley 3082-E creó el Fondo Especial Programa Alimentario para Comedores Escolares, a los efectos de asegurar la atención de las necesidades básicas de alimentación de la población en condiciones de vulnerabilidad que asisten a las instituciones educativas de la provincia. De todas formas el propio Ministerio de Educación provincial reconocía en abril que cerca del 50% de las escuelas de la provincia no están brindando el servicio de comedor adecuadamente, e instaba a los directivos a cumplir con los Decretos 432 y 433/2020 que establecen que los servicios de comedores escolares deben permanecer activos, así como algunos servicios administrativos específicos.
Daniel Trabalón, ex diputado provincial por el Frente Grande en el período 2015-2019, es el autor del proyecto de ley mencionado. Consultado por Canal Abierto destaca que ese proyecto surgió durante el gobierno de Cambiemos –en la provincia gobernaba Domingo Peppo–. “Nosotros veíamos con mucha preocupación la brecha alimentaria existente y el crecimiento de la pobreza que se dio entre 2015 y 2019, que se agudizó ahora en la pandemia. En una provincia donde uno de cada dos niños es pobre, el tema de la alimentación es sustancial. No es concebible el derecho a la educación con niños que tienen déficit alimentario. Sin una salud y una alimentación adecuada los niños no pueden aprender”.
La ley 3082-E establece fondos específicos para los comedores escolares. Los mismos provienen de rentas generales, deben estar detallados en la ley de presupuesto provincial y tienen como único objetivo garantizar la alimentación de los niños, niñas y adolescentes que van a los comedores escolares, no pueden ser desviados para ningún otro fin.
“La ley establece que el 1% del presupuesto provincial tiene que tener como destino exclusivo el sostenimiento de los comedores escolares. El presupuesto de este año es de $171.500 millones, por lo tanto $1700 millones deberían estar destinados a este fin. Y la ley lo plantea como un piso, el mínimo que se debe destinar es este monto”, describe el ex diputado provincial.
Otros considerandos que establece la ley es que el órgano ejecutor, que el ejecutivo en la reglamentación dispuso fuera el Ministerio de Desarrollo Social, debe publicitar en su página web una información detallada del destino de estos fondos y prevé una comisión de seguimiento integrada también por representantes de los ministerios de Salud y Educación. “Ambas cosas no se están cumpliendo y llevamos esta y otras demandas mañana martes a una reunión con la ministra de Desarrollo”, culmina Trabalón.
Están las leyes, están los fallos, están los fondos… La pregunta que resuena cada vez más fuerte desde la comunidad educativa y amplios sectores sociales, es: ¿Qué pasa con la voluntad política del gobierno de Jorge Capitanich?