Redacción Canal Abierto | En medio de polémicas y fallos judiciales que prohíben la venta del predio de Costa Salguero, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene un nuevo emprendimiento inmobiliario en la mira: la Costanera Sur.
La semana pasada el GCBA presentó su Plan de Desarrollo Urbano Sostenible donde detalla que a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, impulsa un plan con medidas que potenciarán la inversión pública y privada en lugares estratégicos como la zona sur de la Ciudad, el micro y macrocentro, y grandes parcelas como Punta Carrasco, Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
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Esta habilitación para la construcción de torres y negocios al lado de la Reserva Ecológica provocó rechazo entre ambientalistas y diputados opositores que advierten que las tierras deberían usarse para un fin social, al igual que Costa Salguero.
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un acuerdo con el Grupo IRSA para construir edificios de hasta 98 metros de altura en más de 24 hectáreas de la Costanera Sur. El acuerdo debe pasar por la Legislatura y, de aprobarse, la empresa dueña de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors podría avanzar con la construcción de un barrio de lujo frente al río en una de las zonas más caras de la ciudad.
“De avanzar esta propuesta del GCBA y del Grupo IRSA, se consolidaría uno de los más grandes despojos de tierras públicas y fraude al bien común”, señalan desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad. A su vez, recuerdan que el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires son públicos y de libre acceso y circulación. Por ello, toda norma, contrato o acto contrario a ella, deviene inconstitucional.
En el proceso histórico de estas tierras, el Estado perdió 71 hectáreas a cambio de nada y ni siquiera se respetará el destino por el cual cedió estas tierras estratégicas. La donación y posterior cesión de estas tierras no se realizó para que se desarrolle un complejo inmobiliario suntuoso.
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El gran problema que tiene actualmente el predio es el uso dispuesto por el Código Urbanístico, que sólo autoriza la ejecución de obras y el desarrollo de actividades propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial con disposición para Centro de Convenciones, Ferias y/o Centro Habitacional. De cambiarse el uso, autorizando un nuevo barrio residencial y comercial, el valor del predio se incrementaría exponencialmente.
De acuerdo al Mapa de Incidencia del Valor del Suelo a este predio le corresponde un valor de 2785 UVA por m2. El UVA al 6 de julio de 2021 equivale a $81,66. Es decir, en este predio el valor del suelo por cada metro cuadrado construido equivale a $227.423 (US$ 2.251 al dólar oficial venta a $101). De acuerdo a estos datos, el terreno de mínima pasaría a costar US$ 1.612 millones (716.180 m2 por US$ 2.251) de acuerdo a valores que estableció el GCBA para el cobro de impuestos. Si se toman valores del mercado, el valor del suelo es mayor. El Grupo IRSA compró este terreno a US$ 50 millones. Luego de la sanción del convenio, muy de mínima, saldrá US$ 1.612 millones.
“Esta no es la primeva vez que se presenta en la Legislatura un convenio urbanístico para impulsar el proyecto inmobiliario de Solares de Santa María con resultados infructuosos. Además, Rodríguez Larreta inició su gestión impulsando este proyecto y ahora nuevamente realiza un intento para su aprobación. Esto se explica no solamente por el apoyo electoral que podría recibir del Grupo IRSA sino también porque Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, se desempeñó como gerente de Relaciones Institucionales de IRSA”, informan desde el ODC.
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC, dijo: “La Ciudad necesita de más espacios verdes, de más biodiversidad, de interacción con el río, por eso hay que recuperar esa tierra de la Costanera Sur y evitar que sean destinados a hacer torres. Si bien se habla de un predio que pertenece a un privado, la realidad es que era público y que, por un circuito vicioso, termina destinado a la especulación inmobiliaria”.