Por María Eva Koutsovitis* | Si bien gran parte de la ciudadanía defiende lo público como un bien común, otorga máxima prioridad a los espacios verdes para proteger la salud de la población, atender la crisis climática y alcanzar la igualdad urbana. El sector político que nos gobierna, en conjunto con los principales desarrolladores y terratenientes urbanos, continúan planificando el entorno ribereño con los principios del modelo de Puerto Madero: exclusión, apropiación y concentración de las tierras públicas por los sectores económicos de mayores recursos, fragmentación social y espacial, e incremento del valor del suelo a través de la creación de nuevas desigualdades. La síntesis perfecta del ejercicio patriarcal del poder inmobiliario y de la aplicación de las doctrinas neoliberales.
A esta última caracterización debemos agregar el ejercicio autoritario del poder que desprecia la participación ciudadana, puesto que durante dos meses se desarrolló en la Legislatura porteña la audiencia pública más larga y numerosa de la historia de la Ciudad, donde más del 97% de las exposiciones rechazaron de manera contundente el proyecto presentado por el Ejecutivo porteño de venta y construcción de una muralla de torres en el predio de Costa Salguero.
Esta maratónica audiencia pública constituye un punto de inflexión para la democracia participativa porteña, ya que contó con 7.053 personas inscriptas y 2.058 exposiciones, de las cuales 2.003 fueron en contra y sólo 55 a favor del proyecto oficial.
Mientras tanto, en plena pandemia, el gobierno porteño concesionó por diez años algo más de 7.800 m2 de otros sectores de la Costanera, soslayando el respeto a la propia Constitución de la Ciudad y a la participación ciudadana que de ella emana.
También llamó a licitación pública para la Consultoría del proyecto del Colector Cloacal Baja Costanera, una obra de infraestructura para recolectar y evacuar los efluentes cloacales de trece mega emprendimientos inmobiliarios proyectados en el entorno ribereño: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María.
El costo de la obra rondaría los 160 millones de dólares y el peso del financiamiento será transferido al conjunto de la ciudadanía, que cuenta con 1 de cada 7 porteñas y porteños sin acceso formal al agua potable.
La Justicia, por su parte, en el mes de octubre pasado decidió suspender la venta de los predios de Costa Salguero porque no se respetaron los procedimientos que la Constitución establece. Y la Administración Nacional de Aviación Civil adelantó que no autorizaría el actual volumen constructivo del proyecto por poner en grave riesgo la actividad de aeroparque.
En tanto, la audiencia pública terminó con el citado resultado, y el gobierno debe decidir si archiva el proyecto o no, o si lleva adelante la votación en segunda lectura que es lo que ya dejaría en carácter firme esta ley.
Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo de desarrolladoras inmobiliarias.
