Redacción Canal Abierto | Istvan Díaz Parra tiene 10 años y el 20 de agosto recibió un trasplante de hígado urgente en el Hospital Italiano de Buenos Aires, del que se está recuperando. El suyo pudo haber sido un caso más de los miles a los que el Estado venezolano garantizó atención médica, cirugías, traslados y medicamentos en el extranjero durante más de diez años. Pero, bloqueo económico mediante, fue de los pocos que desde 2019 consiguieron concretar la intervención que necesitaban para salvar su vida.

“Hay otros cinco chicos que ya fueron trasplantados en la Argentina y hace dos años que estamos peleando para que no los tiren a la calle. Y tenemos 53 niños en Venezuela que están esperando trasplantes y retrasplantes y no tenemos cómo ayudar”, explica Virginia King, representante de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (FundaLatin) en Argentina.

 

Daños colaterales

La historia que condujo a Istvan y los demás niños y niñas a esta dramática situación comenzó a comienzos de 2019, cuando Estados Unidos confiscó empresas, bienes  y cuentas en el extranjero pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela.

Tras calificar, en 2017, a las elecciones legislativas venezolanas de “ilegítimas”, impuso sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y sus entidades, bloqueando sus transacciones y acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Estados Unidos endureció sus sanciones, alegando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores y esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019 reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, le otorgó el control de las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra, y de los activos de ese país en cuentas bancarias estadounidenses. Entre ellos estaba el dinero de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que surgía de su refinería CITGO radicada en Estados Unidos, la más grande del país en el exterior, valuada en 8 mil millones de dólares.

El daño colateral repercutió en la salud del pueblo bolivariano: del área de responsabilidad social de CITGO salían las divisas que financiaban la Fundación Simón Bolívar, creada por Hugo Chávez en 2006 para solventar cualquier intervención, tratamiento o medicación de alta complejidad que los ciudadanos de todas las edades requirieran. El programa garantizaba que las patologías que no pudiesen ser tratadas en Venezuela lo fueran en otros países. Debido a su fortaleza en el trasplante hepático pediátrico, Argentina fue el destino para los niños y niñas venezolanos que necesitaban uno.

“Con la expropiación, dejaron a las personas a la deriva y rompieron los convenios que tenían más de diez años –detalla King, en diálogo con Canal Abierto–. Los niños han tenido la espada de Damocles encima de que les van a cesar el convenio y van a tener que regresar a Venezuela en las condiciones que sea. Ha habido receptividad en la Argentina, hemos hecho sinergia con algunos sectores del Frente de Todos y con los organismos de Derechos Humanos. Gracias a ellos hemos logrado cuatro extensiones. Istvan está aquí producto de todo ese esfuerzo, estamos haciendo colectas, pero en lo que va del año se nos han muerto siete niños”.

 

El bloqueo mata

A sus tres meses, Istvan fue diagnosticado con atresia de vías biliares, que al año y medio se complicó con un cuadro de cirrosis hepática y hemorragia. En 2013, el Programa Social de CITGO le permitió realizarse un primer trasplante en Argentina que resultó exitoso. Pero en 2018 Istvan rechazó el órgano y el bloqueo ya vigente impidió que pudiese viajar hasta este año.

Su padre, José Díaz, llegó a comunicarse con la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, quien ocupa el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y con  la Organización Panamericana de la Salud para abrir canales humanitarios y ayudar a Istvan y los demás niños venezolanos en situaciones similares.

Con la intención de visibilizar la situación, recientemente se creó “Queremos Vivir,  comité en defensa de los Derechos Humanos de niñes con enfermedades catastróficas, víctimas del bloqueo genocida contra Venezuela”, del que forma parte FundaLatin, al igual que Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma, Chavismo Sur y distintos organismos y movimientos sociales, tanto argentinos como venezolanos.

Bajo el lema #ElBloqueoMata, intentan que se difundan las consecuencias que el embargo norteamericano está trayendo sobre la salud de la población venezolana más vulnerable: las infancias, los enfermos y los mayores.

“En Venezuela no tenemos en estos momentos, producto del bloqueo, ni paracetamol, porque Estados Unidos paralizó las operaciones financieras  y, aunque consigamos proveedores, evitan que les lleguen las cartas de crédito, no nos efectivizan los pagos. Es un absurdo que un país tan rico como el nuestro esté pasando por esto debido a medidas coercitivas –relata King–. Se está muriendo la gente con cáncer, con VIH, con problemas renales que necesitan diálisis. Todos los que necesitan alta complejidad o tratamientos de alto costo. El bloqueo mata. No están macerando al gobierno con esta medida, es el pueblo el que se está muriendo, el que está viviendo la calamidad más grande en su vida republicana. Necesitamos visibilizar esta situación para poder pensar colectivamente las acciones que podemos tomar para cambiarla”.

 

Plano internacional

En abril, desde el Comité elevaron una carta al presidente Alberto Fernández donde solicitan que “se active de inmediato un corredor humanitario para la atención urgente de los 53 niños y niñas con trasplantes hepáticos y de médula ósea (o pendientes por ellos), cuyas vidas corren graves riesgos de no ser atendidos a la brevedad y en condiciones que garanticen su dignidad y derecho imprescriptible y fundamental a la vida”. La carta está firmada por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Taty Almeida, Stella Calloni y José Schulman.

Por su parte, un informe preliminar de la relatora especial de la ONU que visitó Venezuela en febrero, Alena Douhan, da cuenta de éstas y otras consecuencias sobre los derechos humanos de la población venezolana que está ocasionando el bloqueo y concluye que las sanciones impuestas al país afectan en mayor medida a “las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o enfermedades crónicas o graves”.

Luego, insta al gobierno de Joe Biden a revisar y levantar las sanciones para poner fin a la emergencia que ocasionaron y “a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar activos del Banco Central de Venezuela para la compra de medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y la restauración de los servicios públicos”.

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