Canal Abierto Radio | Trabajadores y trabajadoras de call centers ratificaron lo que ya se denunciaba en redes sociales: los servicios de los centros de llamadas y mensajería de la Ciudad de Buenos Aires, con licitaciones públicas, se utilizan para la campaña de Juntos, precisamente para la lista del Pro. “De esta manera hacen una utilización de estos fondos públicos, con el pago de esa de esa empresa, para la campaña política”, explica Tamara Rossi, abogada de La Defensoría de Laburantes.
“Lo que hacen es contratar a las personas para que cumplan tareas de call center, por ejemplo en el 147 que es un servicio de consulta ciudadana de CABA, y esas mismas personas, el gobierno de CABA las utiliza para hacer su campaña electoral y comunicarse con las personas para invitarlas a tomar un café con la candidata María Eugenia Vidal o el de la provincia, Diego Santilli” explica.
Las empleadas del call center GIV S.R.L, que tiene un contrato con el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta debían llamar a personas de un listado con datos provistos por organismos estatales porteños, para invitarlas a que conozcan las propuestas de los candidatos. Las llamadas y los mensajes de campaña provienen de fondos y números que deberían utilizarse para información, servicios públicos y reclamos.
La semana pasada, La Defe acompañó las primeras intimaciones a la empresa y al Gobierno por parte de las trabajadoras, y realizaron las denuncias penales. En este momento esperan las respuestas para avanzar a la siguiente instancia. Rossi remarca que las principales responsables son las empresas, ya que son las que tienen vínculos directos con las trabajadoras.
“Toda la información sensible de cada una de las personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno la toma y la utiliza para su campaña política, con la misma empresa con la que tiene la concesión y el contrato para la gestión de las cuestiones atinentes al servicio de salud por ejemplo, a la campaña de vacunación, a todo lo que hace a cuestiones de consultas normales y habituales de de los habitantes. Esto significa que hay una doble vulneración”, subraya la abogada.
A esto se le suma la precarización laboral, con jornadas de 12 horas, malos tratos y hostigamiento, al mismo tiempo que 70 personas tienen que compartir el mismo baño. Algunas trabajadoras “no resistieron la presión y el sistema de trabajo y renunciaron y estamos acompañando en el reclamo por la indemnización que les corresponde”, mientras otras solicitan que se regularice la situación y se respete, por ejemplo, la jornada de seis horas.
“Esta empresa hizo una licitación pública, la ganó, y tiene un contrato para cubrir todo lo que es el servicio del 147. Pero en marzo de este año esa licitación fue ampliada sin tratamiento, está en el Boletín Oficial, una resolución que se puede encontrar muy fácilmente, se le amplió un 2400 por ciento el presupuesto para los mismos fines. Lo que se desprende de esto es que se estaba preparando justamente que la empresa pudiera cubrir la campaña electoral de forma paralela y pagándola obviamente con fondos públicos”.