Redacción Canal Abierto | “Argentina no se va a arrodillar ante el FMI”, lanzó el presidente Alberto Fernández en Morón durante un acto de homenaje al expresidente Néstor Kirchner a once años de su muerte. Las declaraciones ocurrieron el mismo día que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó rumbo a Roma en el marco del G20 donde se reunirá con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, para negociar un acuerdo. Y después de que una parte del Frente de Todos lanzara como consigna en la convocatoria a ese mismo acto: “Primero se crece, después se paga”.
En otras palabras, para una parte del oficialismo el único acuerdo posible es uno que le dé aire al país para recuperarse económicamente antes de seguir pagando vencimientos.
Con ese escenario y en declaraciones previas al viaje, Guzmán anticipó un cambio de estrategia de la posición nacional que para algunos es un todo o nada: este viernes, la Argentina le exigiría al organismo internacional una reducción de 4,05 a 1,05% en las tasas de interés, como condición indispensable para aceptar una reestructuración de la deuda contraída por el macrismo.
Se trata de los punitorios que el Fondo le cobraría a nuestro país por no haber cumplido con las condiciones del stand by acordadas con el gobierno anterior. Una reducción como ésta le permitiría a la Argentina pagar US$ 900 millones menos al año, es decir ahorrar unos US$ 9.000 millones en el acuerdo de diez años.
Y es que a la deuda de US$ 57.000 millones que tomó Cambiemos –de los que Argentina recibió US$ 44.500 y constituyen el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo multilateral de crédito– se le suma a la reestructuración el bono a cien años por US$ 2.750 millones que emitió la gestión de Luis Caputo en 2017. Este último, a una tasa de 7,09% de interés anual. Números impagables para una economía nacional que ya lleva seis años de contracción y tiene a un 40,6% de la población bajo la línea de pobreza.
Hoy, a la comitiva en Italia se sumó el propio Presidente, quien anticipó que va a “confrontar todo lo que sea necesario” y a cerrar un acuerdo “el día que sepa que eso no condiciona el futuro de la Argentina”.
Sin embargo, el Gobierno tiene cierta confianza en lograr un acuerdo como ese. Sin ir más lejos, el Presupuesto 2022 no prevé asignaciones para el pago de la deuda con el FMI, que el año que viene significaría un desembolso del orden de los US$ 19.000. Ese rasgo de la ley podría tener una segunda lectura: que la gestión de Fernández asuma que, si el acuerdo no se logra, Argentina de todas formas no tiene margen para cumplir con el organismo de crédito.
La presión ejercida desde adentro del Frente de Todos tampoco imagina ese margen. Ayer, una multitud convocada por múltiples organizaciones sociales, encabezadas por la CTA Autónoma, llegó a las puertas del Congreso Nacional para decir “No al FMI”, y asegurar que los bolsillos de las clases más castigadas no soportan más ajustes.
“No se puede negociar con el Fondo a costillas del hambre del pueblo argentino y menos tratándose de una estafa, que viola el estatuto del Fondo y el marco legal normativo vigente de la República Argentina. Por eso a los estafadores, la cárcel. A (el expresidente Mauricio) Macri, la cárcel -aseguró Luis D’Elía, referente del Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social (MILES), en diálogo con Canal Abierto frente al Congreso–. Nos jugamos el futuro. No hay espacio para acordar absolutamente nada. Hay que poner de Ushuaia a La Quiaca al pueblo a la calle con este tema”.
La “estafa” a la que alude D’Elía se encuentra judicializada, gracias a la denuncia presentada por Claudio Lozano, director del Banco Nación, y Jonatan Baldivieso, fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. En esta causa, a mediados de agosto la Procuración del Tesoro Nacional fue aceptada como querellante y la jueza a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti, solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores para determinar si existieron vínculos entre funcionarios y compradores para asegurar ganancias.
Mientras tanto, en Roma, Guzmán se reunió con su homólogo de Francia, Bruno Le Maire, a quien le pidió su apoyo para lograr el acuerdo con el FMI, cuya definición condicionará la política económica de un gobierno que en 2022 arrancará la segunda mitad de su mandato.