Redacción Canal Abierto | Las primeras estimaciones para la cosecha de cereales en 2021 y 2022 vislumbran un valor local récord en torno a los US$ 36.527 millones producto del fuerte salto en la producción (podría alcanzar los 141,3 millones de toneladas de granos), pero por sobre todas las cosas gracias al alza en los precios internacionales de los alimentos.

Estas señales positivas para el sector privado del campo también lo son para el Gobierno. Dejando a un lado los fuertes cuestionamientos ambientales en torno al actual modelo agroexportador, los números parecieran sonreír a una economía nacional ávida de divisas para el hasta ahora tímido crecimiento post pandemia.

Pero no son todas buenas noticias. Es que negocios tan lucrativos como el mercado de granos en Argentina siempre despiertan la codicia de unos pocos inescrupulosos. El mejor ejemplo de esto es el procedimiento que esta semana realizó la AFIP, y en el que se secuestró más de 8100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. La empresa pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.

Ahora la DGI-AFIP espera que la Justicia la habilite para acceder a la disponibilidad de la mercadería, para su liquidación a través de una subasta. El producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.

Los números evidencia que este comportamiento delictivo es más una regla que una excepción. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, en los primeros seis meses del año se decomisaron 5.455.160 kilogramos de granos de soja, maíz y otros cereales, destinados al comercio ilegal. Fueron 171 los procedimientos y 203 personas involucradas.

Lo más grave es que las cifras vienen superando con creces a las de años anteriores. Por ejemplo, a igual fecha de 2020, en medio de la pandemia se habían secuestrado 568.787 kilogramos. Mientras que en el mismo periodo de 2019 fueron 1.597.523 los kilogramos de granos incautados.

“Además de recuperar una obligación del Estado, abandonada durante el período 2015 – 2019, viene haciendo operativos muy importantes que han logrado impedir el daño al erario público que produce la violación de la ley penal tributaria, así como la comercialización ilegal de granos. La evasión de los gravámenes que surgen de las ganancias obtenidas mediante la venta de granos, el transporte de éstos sin la documentación respaldatoria, recurren al contrabando, a un delito que impacta en el complejo alimentario nacional, en el complejo agroindustrial argentino y en el control de cambios, pues el posterior blanqueo de la venta clandestina deriva en una capitalización clandestina que es puesta en circulación en el mercado de divisas”, señalaron desde Seguridad.

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Las investigaciones penales derivadas de los decomisos suelen destapar redes de firmas utilizadas para subfacturar exportaciones, evadir impuestos y evitar la liquidación de divisas. En el Gobierno señalan que la eliminación de distintas instancias de control derivó en operatorias irregulares que desvirtúan el mercado de la carne. Ponen el ojo sobre una serie de empresas constituidas como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), que gracias a una normativa del macrismo permitían crearlas en 24 horas saltando gran parte de los requisitos administrativos tradicionales.

Otro punto clave es que la opacidad de este mercado ilegal podría estar impulsando la especulación sobre la brecha cambiaria, sumando mayor presión alcista sobre los precios locales.

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