Redacción Canal Abierto | He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden, un cuarto de la sucesión de los Etchevehere”, explicaba Dolores Etchevehere el pasado 15 de octubre, Día de la Mujer Rural, en el video con el que se daba a conocer el Proyecto Artigas. En dicho anuncio, la hermana del ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri también denunciaba a sus tres hermanos por violencia económica y administración fraudulenta de la herencia:“Es una reparación histórica de los dañados por los Etchevehere corruptos”.

Única hija mujer de una de las familias terratenientes más poderosas y ricas de Entre Ríos, Dolores nunca pudo participar ni tener total conocimiento de los negocios de la familia. Así como en 2009 -tras la muerte de su padre- Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere le impidieron el acceso a sus derechos hereditarios. Según aseguró en numerosas oportunidades, no recibió un centavo y hasta el día de hoy no posee bienes a su nombre.

Dolores lleva once años investigando y denunciando a sus hermanos en la justicia, aunque sin obtener resultado alguno. Es en este marco y -asegura- frente a un “entramado de corrupción política, judicial e intereses económicos” que surge el Proyecto Artigas, una red integrada por movimientos sociales, campesinos profesionales del derecho, la comunicación y el cuidado del ambiente.

El espacio tuvo su bautismo hace menos de dos semanas, cuando de forma pacífica ingresó -junto a Dolores- a la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos. Ese mismo día, 15 de octubre, los Etchevehere presentaron una denuncia por usurpación y amenazas.

El propio fiscal Oscar Sobko, al día siguiente, aseguró que no había habido violencia y, por lo tanto, usurpación. En los días posteriores adaptó su discurso público para pedirle al juez Raúl Flores una medida cautelar que ordene el desalojo de Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas. El magistrado, sin embargo, desestimó el pedido y reconoció los derechos de Dolores sobre una porción de las tierras.

Atento al despliegue de matones y ruralistas que rodearon la estancia, el juez Raúl Flores incluso estableció una medida perimetral que pusiera un límite a las amenazas y actos de amedrentamiento de los Etchevehere. A esa altura, la familia más poderosa de Entre Rios ya contaba con el respaldo político de referentes de la oposición. Los Etchevehere no sólo no cumplieron la disposición judicial, sino que hicieron gala de su impunidad al desafiarla en varias oportunidades prepoteando hasta a los efectivos policiales que resguardaban la tranquera.

A todo esto, los medios hegemónicos desplegaron su arsenal desinformador -o tergiversador- para deslegitimar la causa artiguista y sus referentes, aducirle intencionalidades políticas, o bien confundir el trasfondo del conflicto en cuestión con las tomas de tierras como las de Guernica. La estrategia tuvo sus resultados en distinto planos.

Los gobiernos provinciales y el nacional no tardaron en salir a despegarse de la iniciativa, a tal punto que el propio Alberto Fernández calificó el caso como “cosas que pasan entre ricos».

A tan sólo dos semanas del ingreso a Casa Nueva, se vuelve patente cómo el lobby y el peso de -como los calificó su hermana- “los Etchevehere corruptos” también surtió efecto en la arena judicial. De hecho, esta mañana la jueza María Carolina Castagno dejó sin efecto la decisión de su colega Flores y ordenó desalojar de la estancia a Dolores Etchevehere y a los integrantes del Proyecto Artigas.

Frente a la tranquera de la estancia y acompañado por la presidenta del PRO Patricia Bullrich, el ex ministro celebró el fallo -hasta lloró de la emoción- y apuntó contra todos los oficialismos: «Esta usurpación tuvo el apoyo político de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y del gobernador Gustavo Bordet».

Facundo Taboada, letrado que representó a Dolores Etchevehere en la audiencia de esta mañana, adelantó que apelarán la decisión de Castagna y que lo harán con efecto suspensivo para evitar que el desalojo se concreta hasta tanto no haya una decisión final y clara de la Justicia.

De todos modos, ya por la tarde Juan Grabois -referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), organización que sirve de base al Proyecto Artigas- reconoció el revés judicial y anunció que los militantes saldrían esta tarde del predio. No obstante, anticipó que Dolores se quedará junto a un grupo de mujeres: «no está dispuesta a dejarse humillar nuevamente».

“Comenzó a operar a todo trapo la maquinaria de ablandar jueces, políticos, incluso sacerdotes y movimientos sociales, con el Grupo Clarín a la cabeza, el ejército de trolls macristas como segundo violín y la inestimable colaboración de quienes quieren políticas neoliberales y represivas bajo el poncho del gobierno popular”, manifestó Grabois en una carta a la opinión pública.

Por último, y en un explícito dardo político contra los sectores del oficialismo que se desentendieron del conflicto, el dirigente social lanzó: “al presidente Fernández, Al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico. Ese mismo poder es el que desestabiliza política y económicamente la Argentina. Las recurrentes concesiones no van a calmarlos. Son vorazmente ambiciosos, quieren todo para ellos solos. Hay que ponerles un freno. Por dar un solo ejemplo, hoy los Etchevehere corruptos siguen usurpando las tierras de la Escuela Agrotécnica: ¿no hay para esos niños una “restitución inmediata”?”.

En Argentina, según un relevamiento de la ONG Oxfam, el 1% de las estancias más grandes concentra el 36% de la tierra, mientras que el 83% de las explotaciones agropecuarias tiene sólo el 13% del territorio. Sin lugar a dudas, los Etchevehere están entre los primeros y las decenas de familias que hoy se retiran de Casa Nueva, entre los últimos. La indiferencia gubernamental frente a este caso testigo de asimetría de poder, así como las brutales escenas de esta madrugada en Guernica, ponen en duda si es cierto que habrá una verdadera voluntad política para concretar aquel slogan de campaña “los últimos serán los primeros”.

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