Redacción Canal Abierto | Ciento veinticuatro personas fueron detenidas esta mañana en el marco del operativo efectuado por la policía de la provincia de Buenos Aires para desalojar la Cooperativa Textil Nueva Generación en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda. La orden fue dada por el Juez en lo Comercial Jorge Bocachia.
Además de los trabajadores y trabajadoras que se encontraban ocupando la fábrica para conservar sus fuentes laborales, el operativo también cayó contra personas de otras organizaciones que se acercaron a solidarizarse y trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo la situación.
Pasado el mediodía los detenidos fueron puestos en libertad, pero quedaron con casusas abiertas. Una vez en la calle, las distintas organizaciones se convocaron en asamblea para analizar la situación vivida y los pasos a seguir.
“Nosotros somos del Frente de Todos, militamos la lista del Frente de Todos, acompañamos al Frente de Todos… Ahora, no nos podemos quedar callados cuando desalojan a nuestros compañeros. La realidad es que no vinieron en plan de negociar, nos vinieron a cazar como a perros. Eran 800 milicos contra 130 trabajadores, tirando a la cabeza, entrando a la fábrica como entraron, rompieron los virios y tomando la fábrica como la tomaron, haciendo tirar al piso a los trabajadores, inclusive a mujeres embarazadas”, contó Mario Barrios, socio fundador de la Unión Solidaria de Trabajadores (UST), otra cooperativa de Wilde cuyos integrantes se acercaron a solidarizarse y también terminaron detenidos y con causas que aún desconocen.
«El gobierno que se dice nacional y popular vino y se metió como en el peor tiempo de la represión del gobierno de facto. Nos reventaron adentro de nuestra cooperativa, nos pegaron de una manera terrible dentro de nuestra fábrica. Esto es culpa del gobierno provincial, pero también del nacional. Nosotros fuimos a llevarle notas al Presidente, a la vicepresidenta y al Ministerio de Desarrollo Social. Está todo documentado porque lo hicimos a través de cartas documento», expresó en diálogo con Canal Abierto Alicia Gutiérrez, presidenta de la cooperativa.
Y recordó: «En la Provincia de Buenos Aires nos dijeron inclusive que los temas judiciales son del Poder Judicial, pero todos sabemos que en Argentina lo judicial y lo político siempre se toca así que nos dejaron sin lugar donde trabajar, nos robaron todo, nos pegaron, nos dispararon como a los peores delincuentes. Ahora no tenemos trabajo, así que volveremos a las calles a luchar por planes sociales».
Gutierrez apuntó también contra quien fuera intendente de Avellaneda desde 2009 y hasta hace unos meses, Jorge Ferraresi. «Ya nos destruyó la huerta comunitaria que también era la huerta del barrio. Y en el mismo momento aparece este pool inmobiliario que compra el lugar. No son casualidades. Tanto ensañamiento contra nosotros, el poder político, el poder económico y el poder judicial contra nosotros, que somos nadie. Nosotros tratamos todos los días de agarrar las máquinas para producir y llevar un mango a la casa», planteó.
«Nosotros estamos a disposición de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de nuestros iguales. No vamos a estar al servicio del gran poder como lo han hecho muchos compañeros. Esto se llama haber tenido coherencia en mis 33 años de militancia social al servicio de mis compañeros, de mis barrios y de mis iguales. Por eso me castigan, por eso me persiguen, no es la primera vez que lo hacen», denunció.
El problema de la cooperativa comenzó en 2011, cuando una persona se acercó al predio que construyeron en un baldío en 2005 aduciendo la propiedad del mismo. En 2012 se logró una ley de expropiación del Senado bonaerense pero se cayó en 2017. Por su parte, la Municipalidad de Avellaneda había condonado todas las deudas que el inmueble arrastraba de dueños anteriores para posibilitar que el trabajo de la cooperativa no se fuera en afrontar costos que no les correspondían.
En octubre de este año, un oficial de justicia se acercó al predio a notificar la orden de desalojo dictada por Bocachia. A esta situación le siguieron movilizaciones a La Plata para pedir al gobernador Axel Kicillof que interviniera en su favor, a las luces de lo ocurrido hoy, sin éxito.
Este desalojo deja a 84 familias en la incertidumbre laboral. Nadie prestó oídos a los reclamos no solamente de sus integrantes sino del barrio Los Tanos que alberga a Nueva Generación ni a las distintas organizaciones que manifestaron su apoyo en las semanas que separaron la orden del juez del brutal operativo realizado este mediodía, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la CTA Autónoma de la Provincial de Buenos Aires, y la Federación Nacional Territorial, cuyos dirigentes estuvieron hoy acompañando a los cooperativistas.
Gutiérrez contó que en la asamblea celebrada tras la liberación se tomaron definiciones: «Ya no vamos a solicitar sino que vamos a exigir que salga la media sanción de Diputados que la tiene Patricia Cubría encajonada. Queremos que salga de una vez para que nuestra cooperativa quede en las manos de los trabajadores y después que salga un DNU donde el gobernador firme para que ninguna fábrica más recuperada por sus trabajadores tenga que pasar por lo que pasamos nosotros hoy».