Por Néstor Espósito | La iniciativa de un sector del Parlasur para expulsar de ese cuerpo al prófugo de la Justicia argentina Fabián “Pepín” Rodríguez Simón parece destinada a quedar como un repudio testimonial y a sentar una postura principista. Pero lejos parece la posibilidad de que efectivamente un evadido de los tribunales federales de la Capital Federal (nada menos) deje de representar, aún en esa condición de prófugo, a Juntos por el Cambio en el parlamento del Mercosur.

Pese a los ingentes esfuerzos de los diputados del Frente de Todos en ese ámbito e incluso el pedido de la radical María Luisa Storani (en dos oportunidades le pidió a Rodríguez Simón que regresara a la Argentina y se presentara ante la jueza María Servini), la relación de fuerzas parece indicar que el reclamo de expulsión no contará con los 77 votos necesarios sobre un total de 119.

Es que en el Parlasur no sólo están representados sectores de la derecha argentina aglutinada en Juntos por el Cambio.

También hay fuerzas afines a esas ideas y, sobre todo, a esas prácticas políticas, de Uruguay, Paraguay y Brasil, que tienen número y poder suficiente como para bloquear una sanción de tamaña naturaleza. Esos sectores consintieron con tibieza cuando otra diputada del Parlasur -que nunca llegó a desempeñar el cargo- fue detenida a contramano de todas las garantías procesales en la Argentina y aún hoy permanece en esa condición: Milagro Sala.

La situación de Rodríguez Simón se encamina a una imagen dolorosamente reiterada en cada oportunidad en que, en el ámbito que sea, hay un gran ganador y un gran derrotado. Es la del actor Guillermo Francella, saliendo de una habitación después de una noche sexualmente heroica, acomodándose obscenamente los pantalones y exclamando, ufanado de sí mismo: “hermosa mañana, ¿verdad?”.

Si, como todo lo indica, la iniciativa de destituir a Rodríguez Simón y profundizar de esa manera el escarnio que su propia actitud merece termina fracasando, “Pepín” celebrará como Francella, aunque seguramente con menos grotescos.

Los sectores que impulsaron su destitución, no obstante, sostienen que el ex asesor judicial y amigo personal de Mauricio Macri e integrante de su temible “mesa judicial” no tiene motivos para festejar.

Hasta que estalló su situación en la Justicia argentina, acusado de haber manipulado y coaccionado a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa para que amigos del poder se quedaran con sus empresas, Rodríguez Simón era poco menos que un desconocido.

Como en la letanía, un puñado de políticos y periodistas especializados en temas judiciales sabían que había sido el ideólogo de la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema. Otros recordaban que cuando Macri era jefe de gobierno porteño fue uno de los directores de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), el organismo que “limpiaba” a palos a los indigentes en situación de calle y les robaba sus misérrimas pertenencias porque afeaban el paisaje de una ciudad en la que, como dice su actual alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, “la transformación no para”. Rodríguez Simón quedó impune por aquellos hechos.

Ese personaje desconocido está ahora expuesto y a la vista de todos, sostienen quienes impulsan su destitución aun sabiendo que seguramente no la consigan.

No es poca cosa. Sobre todo teniendo en cuenta cuánto afecta a personajes de esta naturaleza la exposición. Bastará recordar lo que significó para Alfredo Yabrán una fotografía que lo sacó del anonimato y el secretismo total. A determinados niveles, salir de la madriguera es tan tóxico como el sol para un vampiro.

La disyuntiva es si esa condena, más moral que efectiva, alcanza.

Rodríguez Simón está a la espera de que una jueza uruguaya (que demora insólitamente su decisión) resuelva si es un perseguido político o no en la Argentina. Mientras tanto, ya lleva un año y un tercio viviendo en Uruguay, donde incluso –según aseguran fuentes del vecino país- ha retomado su actividad como abogado y parece más vinculado a actividades empresarias que a las políticas. En Uruguay hay una legislación que permite en determinadas condiciones el cultivo, uso y consumo del cannabis. Hay allí una veta potencial de negocios aún no del todo explorada.

¿Volverá a la Argentina? No es esa la pregunta. En algún momento Rodríguez Simón regresará, si esa fuera su voluntad. El interrogante real sobre en qué condiciones lo hará pasa por otros costados: ¿Estará Servini al frente de su juzgado?; si así fuera, ¿seguirá interesada en indagarlo? Más aún: ¿quién estará sentado en el sillón más importante de Balcarce 50?

La situación de Rodríguez Simón es una muestra homeopática de todo lo que está en juego en la institucionalidad argentina en un mediano plazo que se acorta rápidamente.

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