¿Qué propone la reforma judicial feminista? Tras un masivo debate, el Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista diagnosticó los principales problemas del Poder Judicial, al que describió como “clasista, racista, deshumanizado y patriarcal”. También elaboró propuestas para igualar el acceso a la Justicia. Aquí, las conclusiones.

Redacción Canal Abierto | Tres horas de debate, nueve comisiones, más de cien organizaciones y 6000 participantes fueron los números del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista, una iniciativa donde se discutieron las barreras y obstáculos para el acceso a la Justicia que atraviesan mujeres, lesbianas, travestis y personas trans y no binaries.

En formato virtual y con participación federal, las comisiones dieron, el pasado sábado 19 de junio, “una discusión histórica, necesaria y urgente”, como se destaca en las conclusiones que se publicaron esta semana.

A continuación, resumimos los principales diagnósticos y propuestas que surgieron de allí.

Diagnósticos

• El Poder Judicial actual es clasista, racista y deshumanizado. La gran mayoría de les participantes del Foro refieren a la existencia de una “casta judicial” privilegiada, compuesta principalmente por varones cis, blancos, heterosexuales, que defienden intereses de las minorías privilegiadas. El debate giró alrededor de las “elites”, que imparten justicia de manera selectiva, dejando a les más vulnerables por fuera de la protección de sus derechos. También se percibe a este Poder como antidemocrático y corpo­rativo.
• Se plantea la existencia de puentes entre el Poder Judicial y los medios masivos de comunicación, como constructo­res de sentido común que generan incidencia política, en contra de nuestros derechos.
• Se caracteriza al Poder Judicial como patriarcal, misó­gino y machista. Las decisiones de jueces y juezas, los procesos, el lenguaje jurídico, el accionar de los y las operadores de justicia evidencian la reproducción de estereotipos de género, que se agra­van fuertemente al combinarse con estereotipos de clase o etnias.
• La burocracia judicial y los tiempos lentos de la justicia actual afectan a causas relacionadas con las mujeres, y diversidades, lo que resulta en vio­lencia institucional.

Propuestas

Democratización:

• Elección de jueces y juezas: Se propone fomentar la participación ciudadana en el proceso de selección de las y los efectores de justicia, el cumplimiento efectivo de la Ley de Ingreso Demo­crático, la necesidad de trabajar por la paridad en los cargos y tribunales nacionales y provinciales, imple­mentar el cupo de diversidad, e incorporar la perspectiva de género como un eje fun­damental a evaluar en los concursos de selección de magistrados y magistradas. Para esto, se hace énfasis en la modificación de pla­nes de estudio universitarios que incorporen en las currículas ma­terias feministas en la formación de futuros abogados y abogadas. Por otro lado, se propone incorporar a la sociedad civil y a los sin­dicatos de trabajadores/as judiciales al Consejo de la Magistratura y la plena implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial con capacitaciones integrales y periódicas a todos los efectores de justicia que también incluyen a la policía.
• Transparencia: Se destaca la importancia de contar con herramientas eficientes para auditar el presupuesto del Poder Judicial, implementar la ley nacional de acceso a la información pública y adaptar las legislaciones provinciales.
• Desempeño: Se propone realizar evaluaciones de desempeño periódicas a jueces y juezas para revalidar mandatos a partir de sus saberes y aptitudes.

Procesos:

• Plazos: Los jueces y juezas deben estar obligadxs a cumplir con plazos razonables y breves para evitar la revictimización de las personas víctimas de violencia de género: la dilación de los juicios perjudica, especialmente, a las personas más vulnerables económicamente.
• Simpleza: Los procesos deben ser simples, sencillos y claros. Es urgente prio­rizar la oralidad ya que se observan dificultades en el lenguaje utilizado en los escritos, sentencias y por funcionarixs. Se establece que la comunicación debe entenderse por todxs.
• Descentralización: Hay que garantizar un esquema de descentralización de la justicia. Se destacó el rol de las promotoras jurídicas en los territorios.
• Interdisciplina: Se abordó la necesidad del abordaje y acompañamiento interdis­ciplinario durante todo el proceso.
• Denuncias: La reforma judicial feminista tiene que comenzar en las comisarías, que constituyen muchas veces el primer acercamiento con el sistema judicial. Los destratos y la violencia institucional por el personal policial se relaciona con el desincentivo a efectuar denuncias. Se propone trabajar en la difusión de derechos y personas de las mujeres y el colecti­vo LGBTQ+ en las comisarías y crear otros ámbitos para denunciar. Se propone confeccionar protocolos que sirvan de guía a las muje­res y diversidades que requieren hacer una denuncia y desconocen cómo empezar ese circuito.

Ciudadanía y participación:

• Efectores de justicia: Se enfatiza en la generación de instancias locales de capacitación para efectores de justicia, que tengan en cuenta las particularida­des del territorio, desde un abordaje feminista y de respeto por los derechos humanos.
• Trabajo sexual: Se propone la derogación de Códigos Contravencionales que permiten abusos policiales y violencias institucionales.
• Reforma constitucional: Se plantea la necesidad de una reforma de la constitución con una mirada feminista y popular, construida a través de un gran consen­so social del que participe todo el pueblo. Se propone la creación de Consejos Asesores Feministas para im­pulsar reformas.
• Niñez y adolescencia: Se enfatiza en la promoción de instancias de formación dentro de las escuelas y otras instituciones, acerca de cuestiones vinculadas a la Construcción de Ciudadanía. Se destaca la necesidad de la participación de niñeces y adoles­cencias en los procesos judiciales en los que estén involucrados, con voz y poder de decisión. Se rechaza la baja en la edad de imputabilidad. También se propone impul­sar la reforma de la ley penal juvenil, para consolidar una normativa que tenga eje en los derechos humanos y la perspectiva de género.
• Diversidades: Se propone la creación de una Unidad Fiscal de Investigación (UFI) travesti-trans especializada para garantizar el acceso a la justicia de este colectivo. También la generación de un Consejo Tra­vesti Trans para el diseño de programas y capacitaciones para la inclusión y el fin de la discriminación hacia ese colectivo.
• Participación de las víctimas: Se propone permitir el acceso a la causa de las víctimas en todo el proceso judicial.

Punitivismo:

• Instancias intermedias y reparación: Se manifiesta, como herramienta, la promoción de métodos de solución de conflictos que eviten la judicialización, por ejemplo a través de la Justicia Restaurativa o la mediación. Es fundamental el trabajo desde adentro de las univer­sidades y el trabajo de los dispositivos jurídicos en los barrios. Se manifiesta que el Derecho Penal no resuelve todos los conflictos, sino que es necesario consolidar una política de reparación. Las prácticas de resolución de conflictos no necesariamente deben terminar en la aplicación de una pena.
• Consumo y adicciones: Se propone trabajar en la despenalización del consumo recreativo de drogas y poner el eje en políticas de salud y cuidado. Sobre adicciones, no alcanza la despena­lización para resolverlas, sino que hay que tomar medidas preven­tivas como el trabajo en red con clubes, municipios e interdisciplina. Encarcelar a una persona con adicciones es empeorar la situación.
• Acompañamiento: Se establece que el abordaje y el acompañamiento de los casos de violencia por razones de género debe ser de manera integral e interdisciplinaria. Se propone trabajar articuladamente entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo a fin de, luego de concretar la denuncia, garantizar hospedaje, atención en salud mental, escolarización y medios de subsistencia a quienes son víctimas de violencia por razones de gé­nero y sus hijxs. Se resalta la importancia de crear dispositivos de apoyo y acompañamiento psicológico para orientar a las mujeres en situaciones de violencia por razones de género, donde se puedan reconstruir redes sociales y fortalecer su autoestima.
• Trabajar con los victimarios: Se propone la creación de espacios de reflexión, formación y sen­sibilización sobre masculinidades no patriarcales, principalmente dirigida a victimarios.
• Violencia obstétrica: Se plantea la necesidad de crear un régimen sancionatorio a la violencia obstétrica.

Medios de comunicación

El rol de los medios de comunicación mereció un capítulo aparte. Además de manifestar la necesidad de sensibilizar en los medios sobre violencias por razones de género e igualdad de derechos con el fin de influir en la opinión pública e impulsar el debate intrafamiliar, el Foro analizó la persecución de figuras políticas por el sistema conocido como lawfare.

“Si bien varones y mujeres, como líderes populares, han sido per­seguidos y presionados a través del lawfare, se percibe un fuerte factor de misoginia en las persecuciones judiciales a mujeres que integran la escena política”, destacan las conclusiones de la comisión que abordó el tema.

La misma también reflexionó sobre la necesidad de una regulación -garantizando la libertad de expresión- destinada al rol de los comunicadores en medios, a quienes se les llama la atención o sanciona, pero “el costo de esas sanciones es muy menor al daño que generan”. Con este objetivo, concluyeron que es importante fortalecer a la Defensoría del Público para que tenga inci­dencia en los medios.