Redacción Canal Abierto | La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento de tres ex militares acusados por torturas y vejaciones a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.
Con los votos de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, el tribunal benefició a los acusados Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, anulando el procesamiento por el delito de “vejaciones”. A Belisario Gustavo Affranchino Rumi, también incluido en la causa, se le había dictado la falta de mérito previamente.
Esta decisión reciente se fundamentó en un fallo previo de mayo de 2021, de la misma Sala y repitiendo la votación de 2 a 1 de los mismos magistrados, que hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Jorge Ferrante y anuló el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia que había declarado la imprescriptibilidad de las torturas cometidas en las Islas Malvinas por tratarse de crímenes de lesa humanidad y había confirmado el llamado a indagatoria de Ferrante.
“Este fallo es una aberración jurídica”, sostiene Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM La Plata, institución querellante en la causa junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). “Lo que están haciendo es convalidar la tortura, dicen, hay tortura, pero no se puede perseguir el delito de tortura y esto no resiste ningún test de constitucionalidad”.
La imputación había sido dispuesta por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto quien consideró los hechos denunciados como crímenes de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, por haber sido cometidos durante una dictadura que les negó a las víctimas el derecho de defensa.
“Las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, sostienen en una presentación de fines de marzo de este año el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos.
"Estábamos pasando hambre y me metieron en un pozo de agua helada por meter el dedo en un frasco de mermelada", cuenta Eduardo Ortuondo, uno de los veteranos de guerra que hoy reclamaron a la Corte Suprema que investigue las torturas en Malvinas. #Malvinas40Años pic.twitter.com/VAsyPEG3hy
— Canal Abierto (@canalabiertoar) March 22, 2022
En esa presentación, la fiscalía amplió la denuncia y sumó 22 casos de imposición de tormentos –imputando a 18 oficiales y suboficiales del Ejército– y dos de abuso deshonesto –imputando a otro suboficial– cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N° 3. En la presentación también describieron las razones por las que el Estado argentino se encuentra internacionalmente obligado a investigar y juzgar a los responsables de estos crímenes.
La megacausa
La megacausa, iniciada en el 2006, está paralizada desde mayo de 2021, luego de un pronunciamiento dictado por esta misma Sala de Casación Penal que, ante un recurso interpuesto por una de las defensas (del caso Ferrante, Jorge Oscar), determinó que los supuestos ilícitos no eran delitos de lesa humanidad y, por ende, estarían prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza de Río Grande decidió aguardar el pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.
La megacausa, después de 15 años de iniciada la investigación, contiene más de 170 declaraciones de víctimas y 130 militares imputados por esos hechos. Los tres mencionados previamente eran los únicos procesados y sobre otros 20 pesa el llamado a indagatoria. El máximo tribunal debe resolver si considera los hechos denunciados como delitos de lesa humanidad o delitos comunes.
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Prevaricato y aberración jurídica
“Este fallo es una aberración jurídica. El estándar que construye el fallo es contrario a todos los preceptos vigentes en materia de investigación y juzgamiento de los crímenes de Estado y de la justicia transicional”, sostiene Jerónimo Guerrero Iraola en diálogo con Canal Abierto. “Si uno se adentra en cómo está construido, tiene enormes falencias lógicas, lo cual lo hace más arbitrario. Lo que había sido llevado a su conocimiento era el procesamiento de los tres ex militares y terminan decidiendo sobre la cuestión de la prescripción, es decir no tratan lo que había sido planteado inicialmente”.
Según el letrado, “este fallo es más aberrante que el anterior porque convalida la tortura. Si ellos no se expiden sobre la plataforma fáctica de los procesamientos, los dan por hecho. Porque los procesamientos fueron convalidados por la Cámara de Apelaciones y ellos no dicen que está mal la adecuación, o que no existió la plataforma fáctica, o si no hay elementos para procesar; lo que dicen es que los hechos están prescriptos y por ende se caen los procesamientos”.
“Lo que están haciendo es convalidar la tortura, dicen, hay tortura, pero no se puede perseguir el delito de tortura y esto no resiste ningún test de constitucionalidad”.
De esta forma los jueces están consagrando 40 años de impunidad. “Nosotros, desde el CECIM, estamos diciendo que hay que evaluar la posible presencia de la figura penal de prevaricato. Estos jueces, Petrone y Barroetaveña, muy posiblemente estén incurriendo en prevaricato que es el abuso de autoridad y la construcción de sentencias arbitrarias contrarias al derecho”, afirma Guerrero Iraola.
El abogado del centro de ex combatientes sostiene que estos fallos implican un retroceso no sólo a nivel judicial sino en el sentido común socialmente construido sobre la dictadura genocida.
“Malvinas todavía es un tema tabú para el Estado argentino y aquí hago responsables a los tres poderes del Estado, no sólo al Poder Judicial. Cuando el Poder Judicial observa que el Ejecutivo levanta un poco la pata del acelerador y percibe que el Poder Legislativo no acompaña como debería este tipo de reivindicaciones, se siente habilitado para avanzar con la desmemoria y con la vulneración de derechos humanos”.
“Nosotros hacemos de los momentos de debilidad una fortaleza, y vamos a seguir denunciando esta situación. Ahora acudiremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y vamos a tratar de que se consagren la Memoria, la Verdad y la Justicia. No estamos pidiendo siquiera las condenas, estamos pidiendo el hecho mínimo de que el Estado continúe con la investigación. Estamos pidiendo todavía un paso previo, la posibilidad eventual de que estos tipos sean condenados por haber cometido el delito de tortura”, concluye Guerrero Iraola.