Redacción Canal Abierto | El pasado 14 de junio el gobierno brasileño concretó la venta de la mayoría del paquete accionario de la empresa eléctrica más grande de Latinoamérica. Luego de 60 años, Jair Bolsonaro privatizó Eletrobras y el Estado brasileño dejó de ser el accionista mayoritario y tener el control de la compañía que el 11 de junio había cumplido sus 6 décadas de vida.

Tras este proceso de privatización, el mayor en los últimos 20 años, la participación del Gobierno pasará del 72% al 45%. En la transacción de acciones cada acción fue negociada a 42 reales y se recaudaron 29.290 millones de reales (5.724 millones de dólares).

Eletrobras
Bolsonaro y su equipo económico en la sede de la Bolsa de Sao Paulo, celebran con el «campanazo» la privatización.

La empresa cuenta con 14.000 trabajadores, es responsable de un tercio de la generación eléctrica en el país y de la mitad de las líneas de transmisión –suma una extensión de más de 70.000 kilómetros de tendidos eléctricos– y tiene una capacidad instalada de generación de unos 50.000 megavatios. En el ejercicio 2021 su balance arrojó una utilidad de 5.700 millones de reales (poco más de 1000 millones de dólares). Pese a la venta del control, el proceso le garantiza al Estado una “acción dorada” que le da poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

La venta excluye a la subsidiaria Eletronuclear, que opera las tres plantas nucleares de Brasil, y a la hidroeléctrica Itaipú, que el Estado brasileño controla junto con el paraguayo.

Esta medida se concreta a tres meses de las elecciones presidenciales –la primera vuelta presidencial será el 2 de octubre– en las que, según todas las encuestas, Luiz Inácio Lula Da Silva consumaría su regreso al Palacio de Planalto. El PT criticó todo el proceso de privatización y denunció que estuvo plagado de irregularidades. Por su parte, el gobierno de Bolsonaro podría utilizar los recursos obtenidos para financiar subsidios y otras medidas de transferencias de fondos a los sectores empobrecidos en pleno año electoral, y fortalecer su proyecto de reelección.

Desde la campaña de Lula se señaló la voluntad de “recomponer el papel inductor y coordinador del Estado y de las empresas públicas” y se criticó duramente el proceso privatizador. El dos veces presidente señaló que esta privatización hacía peligrar el programa “Luz para Todos”, que permitió la llegada de servicios públicos “a cerca de 16 millones de brasileños que antes vivían en la oscuridad, sin acceso ni siquiera a un vaso de agua fría”.

“Es posible revertirla”, declaró Guido Mantega, ministro de Hacienda entre 2006 y 2014, sobre la privatización. “No tengo dudas de que hay formas aunque, al final, haya que recomprar las acciones”, desatando un intenso debate. “Sin una Eletrobras pública, Brasil pierde buena parte de su soberanía y seguridad energética”, tuiteó Lula y acusó al Gobierno de “vender empresas estratégicas” a precio “de liquidación”.

Pese al embate de gran parte del PT contra las privatizaciones de la gestión Guedes – Bolsonaro, el ex ministro de las dos gestiones Lula e interlocutor de la campaña, Alexandre Padilha, señaló que “si la privatización se confirma, un eventual gobierno de Lula no revertiría la venta de las acciones”. ‘Tranquilizar a los mercados’ le dicen.

 

Los beneficiados de siempre

Los bancos y fondos de inversión que compraron acciones de Eletrobras fueron BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú, XP Investimentos SA, Banco Bradesco, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Banco Safra SA. Las grandes finacieras y fondos de inversión de siempre y algunos bancos locales como el Itaú. Respecto a este se ha lanzado una campaña para que los ciudadanos cierren sus cuentas en esta entidad con el hashtag #CANCELEsuaCONTAdoITAU.

Contra la privatización

El festejo de Jair Bolsonaro, el ministro de Economía Paulo Guedes y su equipo en la bolsa paulista se dio en el marco de manifestaciones contra la privatización. Estas fueron encabezadas entre otros por el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens) –en Brasil hay más de un millón de personas expulsadas de sus tierras, sus hogares y comunidades para permitir la construcción de represas, principalmente hidroeléctricas, y decenas de miles de afectados por las catástrofes producidas por los embalses–, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, y el sindicato de trabajadores del gremio de electricidad.

Como denunció Lula, expertos en el sector indican que el precio de las tarifas aumentará al menos 8 por ciento a partir del próximo año con la gestión privada de la empresa.

En los últimos días, la Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprobó el reajuste en los valores de las banderas tarifarias que prevé reajustes a partir del 1º de julio que pueden llegar hasta un 64%, de acuerdo a las condiciones de generación eléctrica.

Desde el movimiento sindical, la FUP (Federación Única de Petroleros) junto a un gran conjunto de organizaciones sindicales y sociales emitieron un documento donde señalan: “Si no se revierte la privatización de Eletrobras, la electricidad en Brasil se convertirá en un objeto de lujo e invaluable para la mayoría de los brasileños, además de colaborar para la desindustrialización de Brasil, aumentando aún más las tasas de desempleo y los precios de los alimentos”.

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