Redacción Canal Abierto | Pasaron las elecciones y vuelve la realidad. Tal parece ser el espíritu adoptado por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien a 48 horas de finalizados los comicios que la expulsaron de la gobernación bonaerense, firmó un decreto autorizando una suba del 25% en las tarifas eléctricas a partir del 1º de enero de 2020.

La disposición llamó la atención, particularmente por sus aspectos temporales. Por un lado plantea medidas que cobrarán forma cuando su rol al frente de la Provincia con más peso del país ya sea parte de su pasado. Por otro, lo hace un día antes de su primera reunión con el gobernador electo, Axel Kicillof.

Así fue que el tema fue parte de la agenda que recorrieron Vidal y Kicillof en ese primer encuentro, donde el mandatario entrante le sugirió a su antecesora que retrotraiga la medida.

Consultado al respecto, Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dijo a Canal Abierto: “la asunción de los nuevos gobiernos de Fernández en Nación y Kicillof en Provincia, ineludiblemente van a tener que definir una política tarifaria que, por un lado evite nuevos aumentos en el contexto del aumento generalizado de precios en el que estamos y, ligado con ello, una nueva fórmula que nos haga salir del escenario de dolarización de las tarifas que es indirecta, porque está vinculada a los precios mayoristas”.

“Lo que ha pasado en estas horas, a partir de la reunión de Kicillof y la actual gobernadora, en el marco de esa decisión que Vidal informó, configura un asunto complejo y conflictivo que tiene que ser puesto en primer orden, porque no es algo que la gobernadora saliente pueda tomar como decisión política en todo el país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, donde se han dado los mayores aumentos. Y, al revés de esto, debiera ser un tema sobre el que cautelara alguna decisión futura, porque tiene que estar en manos del próximo gobernador”, añadió.

Lahoud no descarta la faceta política que tiene esta situación, a priori, técnica. “Por un lado me preocupa cómo pueda empantanarse el proceso de transición en función de las consecuencias sociales, porque un nuevo gobierno no puede comenzar con una ingrata noticia de aumento de las tarifas eléctricas para toda la comunidad bonaerense”, manifestó en ese sentido.

“Hay otro problema mayor que va a venir después, que tiene que ver con el convenio firmado por el Gobierno nacional, la Provincia y el gobierno de la Ciudad por el cual se han transferido los aspectos regulatorios de la política tarifaria eléctrica de las empresas Edenor y Edesur que, a partir de que rija ese convenio, van a estar en manos de las jurisdicciones de Ciudad y Provincia”, concluyó Lahoud.

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Ilustración: Marcelo Spotti

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