Por Mariano Vázquez | Con el título “Situación General de los Derechos Humanos en Bolivia” la CIDH recabó este jueves, durante más de dos horas mediante una audiencia virtual, testimonios de representantes de la sociedad civil, el gobierno de facto, la Asamblea Legislativa y la Defensoría del Pueblo. Generó estupor en muchos de los participantes de este encuentro que miembros del régimen de Jeanine Añez hayan negado las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente, que derivaron en el asesinato de 21 personas y más de 70 heridos. El relato oficial afirmó temerariamente que “se mataron entre ellos”.

La audiencia recibió informes de la sociedad civil, los cuales se dividieron en dos grupos, A y B. El primero, integrado por organismos de derechos humanos, denunció el quiebre a la democracia perpetrado en noviembre de 2019 y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Añez. El segundo, al igual que el gobierno de facto, afirmó que fue el expresidente Evo Morales quien violentó la Constitución y que su caída fue producto de una revolución civil y pacífica

Tanto el grupo B como los representantes gubernamentales criticaron a la CIDH aseverando que no tuvo una posición imparcial en Bolivia. Esto motivó la respuesta de la comisionada Antonia Urrejola: “Me parece inaceptable poner en duda la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre está centrada en las víctimas independientemente de su posición política”, señaló.

La exposición de los voceros gubernamentales se erigió como un ejemplo de carácter didáctico del negacionismo y relativismo. El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, sostuvo que “la foto de los ataúdes vacíos en la calle se ha demostrado que fue trucada”. Le salió al cruce Eva Copa: “No sé dónde estaba ese señor porque yo que soy alteña, que soy paceña, he estado en el momento en que han tumbado los ataúdes donde estaban los hermanos que murieron en Senkata”, repudió la presidenta del Senado y añadió que se trataba de “una marcha pacífica” a la que “sin contemplación ni piedad ni consideración le botaron gases y reprimieron”.

Otro ejecutor de la posverdad fue el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, quien afirmó que los manifestantes en Sacaba “tenían planes para atacar a la sociedad civil” y que “ninguna de las heridas fue provocada por armas reglamentarias de las fuerzas del orden”. La respuesta, cargada de indignación, fue de Angélica Calle, hermana de Omar Calle, de 25 años, asesinado en esa localidad del Trópico de Cochabamba:

“El 15 de noviembre hemos salido con toda mi familia en una marcha pacífica en defensa de la democracia y la wiphala, pero este gobierno ha reprimido. Los militares con armas de fuego lo han matado cobardemente por la espalda. A mi madre la policía le ha faltado el respeto, le han llamado india, le han quebrado el brazo. En 11 meses no ha habido justicia. Ellos dicen que se han matado entre ellos y no es así, ellos han muerto por bala de los militares. Mi hermano no es terrorista, no es sedicioso. Ayúdenme porque en Bolivia no hay justicia para los pobres, para la gente humilde como nosotros”.

Angélica Calle y su madre

En referencia a las elecciones del 18 de octubre próximo, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz solicitó “la activa participación de los miembros de la CIDH para el monitoreo sobre los hechos de violencia que puedan suscitarse durante el proceso electoral, pues, al igual que en el 2019 el uso de operaciones conjuntas en el aplacamiento de cualquier protesta, manifestación o conflicto, produce la muerte de civiles”.

Respecto a los hechos de octubre y noviembre de 2019, Cruz afirmó que la Defensoría del Pueblo evidenció que se cometieron gravísimas violaciones de derechos humanos y que no existen investigaciones serias y menos sentencias al respecto. En ese contexto, pidió el inicio de las actividades de investigación por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH.

Una de las voces más elocuentes fue la de Ruth Llanos, secretaria ejecutiva Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), esposa de Ricardo Navarro, uno de los ochos miembros de la Dirección Nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinados el 15 de enero de 1981 por la narcodictadura de Luis García Meza.

Ella inició las intervenciones del Grupo A, integrado por Asofamd, Andean Information Network (AIN), Human Rights Watch (HRW), The Washington Office on Latin America (WOLA), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanentes de Derechos Humanos de El Alto y Familiares de Sacaba y Senkata.

Expresó Llanos que “es doloroso para los familiares de desaparecidos estar nuevamente ante esta Comisión para presentar nuestra preocupación por el incremento de la violación de los derechos humanos en Bolivia” a través de “masacres, detenciones arbitrarias, torturas, discriminación” ya que se trata de situaciones que no ocurrían “desde 2003 en la masacre de (el expresidente Gonzalo) Sánchez de Lozada o durante el periodo de las dictaduras militares”.

También expresó la preocupación por el aumento de la xenofobia en el gobierno de Añez  “dirigida desproporcionadamente hacia grupos vulnerables, pueblos indígenas y habitantes de barrios periféricos”, al tiempo que repudió que “el racismo y discriminación” proviene de “autoridades, Fuerzas Armadas, Policía, grupos paraestatales y particulares” de manera “verbal, física y simbólica” con “insultos, ataques, quema de símbolos constitucionales de origen indígena”, también “en medios de comunicación y redes sociales”.

La histórica defensora de los derechos humanos recordó, por ejemplo, cuando “la señora Áñez” dijo «sueño con una Bolivia libre de ritos satánico indígenas, la ciudad no es para los indios, no permitamos que los salvajes puedan volver al poder» o cuando en el Primer Congreso de Agencias de Inteligencia de América Latina, que se realizó en Bolivia en marzo de este año con representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos, la presidenta de facto aseveró que se “venció la ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan ‘movimientos sociales’” y que “esos enemigos deben ser perseguidos y cercados”. Su Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró que para acabar con las protestas “meter bala seria lo políticamente correcto”.

Rememoró la secretaria ejecutiva de Asofamd que “para justificar la represión y ejecución de nuestros familiares, las dictaduras acudían al discurso del enemigo interno, señalaban a nuestros familiares de sediciosos, terroristas, subversivos y sucede lo mismo en la actualidad”.

Ruth Llanos

Agregó: “Hoy preocupa el accionar de grupos como la Resistencia Juvenil Cochala que, armados, despliegan acciones con total impunidad, se trasladan de una ciudad a otra para provocar acciones violentas, agredir a las mujeres indígenas y realizar violaciones a los derechos humanos”. Y recordó que la “la CIDH recomendó al Estado boliviano desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país. ¿Por qué se incumple esta recomendación?”, preguntó luego.

“Después de haber sobrevivido a las dictaduras sentíamos que nuevamente se repetían las dolorosas situaciones que nos tocó vivir en los ´70 y ´80 del siglo pasado. Preocupa de sobremanera que la falta de memoria, justicia, derecho a la verdad y garantías de no repetición den lugar a que una vez más existan familias enlutadas como en las dictaduras del pasado. Hoy, 38 años después de la recuperación de la democracia, nos encontramos una vez más denunciando estas graves violaciones a los derechos humanos, no solo por un deber de solidaridad y empatía, porque Nunca Más debe ser realmente Nunca Más”, concluyó Ruth Llanos.

 

Por @marianovazkez

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas