Canal Abierto Radio | Un amplio sector del oficialismo nacional pide al Ejecutivo que se debata la implementación del “ingreso básico universal” para fortalecer la economía de los sectores alcanzados por los índices de pobreza e indigencia en un país de inestabilidad económica que inclusive se incremento en los últimos días tras la renuncia del ministro Martín Guzmán. Esta política pública alcanzaría a casi 8 millones de personas de entre 18 y 64 años.
“Tiene que haber una decisión política pero además un debate profundo sobre la organización social, porque hoy sólo tiene ingresos quien es asalariado y esta propuesta viene a discutir esa premisa”, indicó Tomás Raffo, economista e integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, en diálogo con Canal Abierto Radio.
“Se puede y se debe garantizar ingresos para permitir un nivel adecuado de la reproducción de fuerza laboral en condiciones que superen las líneas de pobreza y que eso permita gestionar la fuerza laboral de manera de aprovechar el cambio tecnológico que hoy está a la orden del día con las plataformas, inteligencia artificial, automatización”, expresó.
“Está la idea –continuó explicando Raffo– de que las personas tienen que transitar momentos de formación para apropiarse del boom tecnológico con ingresos adecuados y la formación no debe ser un privilegio, sino una propuesta integral para formar una fuerza laboral de elevada calificación que permita generar salarios. Pero en el tránsito de la formación hay que tener ingresos adecuados y al mismo tiempo un circuito de empleo y de resolución de necesidades en una Argentina completamente precarizada”.
Es por ello que destacó la necesidad de este ingreso, por ser también una herramienta para cubrir las demandas de alimentos en una Argentina que tiene casi un 40% de pobreza e indigencia según las estadísticas del INDEC sobre el segundo semestre de 2021. “A veces los discursos no acompañan con la fuerza y la contundencia necesaria, pero dependerá de la decisión y lucha política que los sectores sociales vayan instalando”, manifestó Raffo.
“Hasta un mes antes de la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Presidenta y la ministra de Desarrollo Social la cuestionaban porque decían que el único ingreso dignificante tiene que ver con la relación laboral. Después de la derrota electoral de 2009, la implementaron y es la mejor política social de ese Gobierno que se mantiene hasta el día de hoy”.
En cuanto a la financiación, el especialista explicó: “si uno le da un ingreso básico universal a toda la población que va desde los 18 a los 64 años estamos hablando de no mas de un 1% del PBI, 0,99% para ser precisos. Argentina está teniendo una emisión monetaria de entre el 2 y 2,5% para sostener el patrimonio de los bancos, pero para garantizar el ingreso que permita la compra de alimentos se cuestiona”.
Además, destacó que esta política tendrá un “impacto directo en la producción porque tiene que ver directamente con meter ingresos en el circuito productivo”. “La política monetaria que hoy tenemos todavía tiene bajo su signo la posibilidad de transformar esa política monetaria en política productiva”, advirtió.
Sin embargo, el analista alertó que esto no puede ocurrir “si no hay un control de los sectores monopólicos concentradores” anticipando que de no existir “una política que discipline” el comportamiento de los mismos, seguramente “tengamos un salto inflacionario”.
Y finalizó recordando que para frenar el proceso de industrialización impulsado por los movimientos de trabajadores hasta los años 70 “hizo falta una estrategia profunda de una magnitud superior de disciplinamiento de los sectores populares a sangre y fuego a través del terrorismo de Estado para involucionarnos y tener una Argentina desindustrial y primarizadora”.
En esta línea, remarcó que conseguir un país con menor desigualdad hará falta “una energía social mayor a la necesaria para industrializarnos”.
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Ilustración: Marcelo Spotti