Redacción Canal Abierto | Este jueves 22, se presentará el proyecto de ley que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble popularmente conocido como “República Cromañón”, donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo la masacre que terminó con la vida de 194 personas.
Dicho texto es impulsado por familiares, sobrevivientes y los espacios Cromañón Espacio de Memoria; Coordinadora Cromañón; El Camino es Cultural; Familiares de La Matanza; Movimiento Cromañón; Ni Olvido Ni Perdón; No Nos Cuenten Cromañón; Organización 30 de Diciembre; Que No Se Repita; y Sin Derechos No Hay Justicia.
El mismo está destinado a la creación de un espacio de memoria y cuenta con el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se presentará en la Cámara de Diputados con la autoría de Paula Penacca (Frente de Todos) y co-autoría de diputados de la gran mayoría de fuerzas políticas que decidieron acompañar la iniciativa como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro y Frente para la Concordia Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, PRO, Socialismo e Identidad Bonaerense.
“Cromañon sigue doliendo e interpela a toda la sociedad, por eso es necesario que esté en las manos que corresponden. El reclamo incesante de Cromañon como Espacio de Memoria ha recorrido las luchas por memoria, verdad y justicia de sobrevivientes y familiares. Es importante que los y las representantes acompañen este justo pedido”, expresaron los impulsores.
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Y añadieron: “El 30 de diciembre de 2004 quedará instalado en la memoria colectiva como el momento en que a 194 familias se les arrebató la vida de sus hijos e hijas; en que al menos 4.000 personas experimentaron el horror, que llevarán en su cuerpo y en su memoria por el resto de sus vidas. Desde esa noche, los familiares de las víctimas fatales, amigos, amigas y víctimas sobrevivientes, caminan y luchan reclamando Memoria, Verdad y Justicia”.
Tanto los sobrevivientes como los familiares sostienen que estos años han estado cargados de dificultades y estigmatizaciones. Incluso, 19 sobrevivientes se quitaron la vida por problemas derivados del estrés postraumático, que también lo sufren sus familiares.
Por otra parte, repudian que el inmueble donde sucedió la masacre siga estando en manos de la misma persona responsable y condenada por lo ocurrido allí. Señalan que esto impide que pueda ejercerse en ese lugar un verdadero espacio colectivo de memoria, al menos sin la intervención del Estado.
Al mismo tiempo, denunciaron que se alteraron los elementos que hacen a la memoria de lo allí ocurrido, como las marcas en las paredes, y han desaparecido objetos pertenecientes a las víctimas.
“La creación de un espacio colectivo para la memoria, significaría para sobrevivientes y familiares, una instancia reparatoria; pero a la vez afecta al conjunto del pueblo argentino. Se trata de un espacio para que las futuras generaciones puedan recordar lo que nunca más debería ocurrir”, finalizaron.
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