Por Néstor Espósito | El fiscal que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desestimó dos denuncias presentadas por Eduardo Feinmann y la abogada de Luis Majul, Silvina Alejandra Martínez, contra el dueño del multimedios El Destape, Roberto Navarro, quien en su programa de radio advirtió sobre los mensajes propalados por periodistas militantes en medios de comunicación opositores que “están generando la violencia”.
En un dictamen de ocho páginas, el fiscal Carlos Rívolo consideró que “no puede afirmarse que los comentarios en cuestión revistan la seriedad y gravedad requerida para la configuración del tipo penal; es decir, que tengan una entidad tal para crear un estado de alarma o amedrentamiento que pueda importar una afectación de la libertad individual del sujeto pasivo, en este caso, el periodista Eduardo Feinmann”.
Navarro sostuvo en su programa de radio del 15 de agosto pasado, dos semanas antes que se produjera el intento de asesinato contra la vicepresidenta: “Los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul son los que están generando la violencia. Después pasan al aire los escraches. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo hay que hacer con Jony Viale, con Majul, Leuco. Algo tenemos que hacer para frenarlos. Algo tenemos que hacer con ellos que están generando este nivel de violencia. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos. Viale debería tener miedo de que algo lo frenara”, y que: “El Estado debe cuidarlo a Jony Viale para que esto no despierte la violencia contra él. Un día estos hechos van a terminar mal. Van a terminar a los tiros. Esa violencia puede ir contra ellos también”.
“Vas pasando los canales y en todos están generando odio, no informando… Esos tipos, los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul, son los que están generando la violencia. Yo creo que algo hay que hacer con ellos, que algo tenemos que hacer para frenarlos. Están generando este nivel de violencia que mañana o pasado pueden matar a alguien, un loco puede matar a alguien”, sostuvo Navarro en tono casi profético.
Feinmann y la abogada de Majul presentaron sendas denuncias por los supuestos delitos de “amenazas e incitación a la violencia colectiva”. Consideraron que “en cada frase de Navarro se dejaba al descubierto su intención, voluntad y deseo por fomentar en los otros (sus oyentes, o cualquier persona que fuera receptora del mensaje), la animosidad de incitar a la violencia contra esa parte, como si los periodistas por su condición de tal, o su labor profesional debieran ser blanco de ataques, embestidas o violencia, por el solo hecho de manifestar su opinión sobre los hechos que sucedieron, o sobre los que dieron cuenta en el marco de su actividad”.
La causa recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, la misma jueza que investiga el intento de magnicidio. En rigor, estaba radicada allí desde antes de que se produjera el atentado contra la vicepresidenta. La magistrada le “corrió vista” al fiscal Rívolo para que resolviera si instaba o no a la acción penal, es decir si impulsaba la causa o la desestimaba.
Rívolo consideró que “si bien los dichos de Roberto Navarro podrían considerarse desacertados o reprochables, lo cierto es que constituyen actos que encuentran amparo en garantías de raigambre constitucional como la libertad de prensa, expresión y pensamiento, que hacen al pleno desarrollo del ser humano en un país democrático”.
“Es en este sentido que en el ejercicio de la democracia en pleno permite que comentarios de este tenor puedan ser emitidos y dirimidos de la misma manera, a través de la contra opinión o su descalificación, en el marco de un debate abierto donde los partícipes expresen sus opiniones y los destinatarios del mensaje escojan cuál es la posición que les parece más acertada; no es el derecho penal el que ha sido llamado para poner un límite al discurso emitido por la prensa en la información u opinión”, evaluó el fiscal.
Para los denunciantes, las expresiones de Navarro eran “claros y hasta mafiosos mensajes”. Pero el fiscal replicó que “no puede afirmarse que los comentarios en cuestión revistan la seriedad y gravedad requerida para la configuración del tipo penal; es decir, que tengan una entidad tal para crear un estado de alarma o amedrentamiento”.
“El hecho de que Navarro haya realizado tales expresiones públicamente no resulta suficiente para incitar o producir un estímulo en un tercero para la comisión de delitos indeterminados y/o en perjuicio del denunciante”.
“Continuar la promoción de este proceso –añadió Rívolo-, en punto a determinar si con motivo de los comentarios en cuestión, Navarro tuvo la intención de amedrentar, incitar o producir una inminente acción violenta en perjuicio de un grupo de periodistas, no sólo resulta de difícil o imposible comprobación, sino que, además, implicaría una auténtica persecución mediante un desmedido ejercicio del ‘ius puniendi’ (capacidad de sanción del aparato judicial) que iría en contra de la recta interpretación de la ley”.
El dictamen del fiscal no pone fin, per sé, a la denuncia. Feinmann y Silvina Martínez podrían igualmente llevar adelante la querella de manera individual, sin apoyatura del Ministerio Público, que considera que no hubo delito y así lo manifestó expresamente.
“Esta Fiscalía sugiere desestimar la presente denuncia, por inexistencia de delito”, resumió el dictamen.
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Néstor Espósito: @nestoresposito
