Canal Abierto Radio | En el marco de los reclamos de estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por las precarias condiciones edilicias y alimentarias que provee el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) realizó un informe sobre la calidad de las viandas con las que la gestión porteña alimenta a los y las jóvenes.
“Es muy importante aclarar que este mecanismo tiene que ver con un gran negocio. Hace veinte años que 19 empresas concesionarias del Gobierno de la Ciudad (de Buenos Aires) se reparten un negocio multimillonario que es el de la concesión de los alimentos de los comedores escolares”, denunció María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto e integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, en diálogo con Canal Abierto Radio.
Luego explicó que “no siempre estos comedores estuvieron privatizados”, sino que sucede desde la década del 90. En este sentido, recordó que “en febrero de este año se volvió a convocar a una licitación pública para decidir qué empresas se iban a ocupar -una vez más- de la alimentación de las y los estudiantes de las escuelas porteñas. El monto de esa licitación superaba los $50 mil millones, por lo que sólo por este año las 19 empresas concesionarias van a recibir $12 mil millones para ocuparse del almuerzo, refrigerio, la vianda y desayuno de más de 280 mil estudiantes”, informó.
La investigadora señaló que ya en ese entonces recurrieron “a la Justicia para frenar el proceso licitatorio”. “Entendíamos que esos pliegues de licitación estaban hechos a la medida de estas 19 empresas que, además, vienen siendo sistemáticamente denunciadas por las cooperadoras, familias, autoridades escolares, centros de estudiantes y hasta los propios organismos de contralor”.
A su vez, indicó que “éstas son las mismas empresas que durante la pandemia les proveían a las familias la canasta educativa que era un bolsón sin ningún valor nutricional y que además al conjunto de la ciudadanía porteña nos costaban un 100% de sobreprecio”.
A pesar de las denuncias y acciones realizadas, “estas empresas volvieron a ganar la licitación y entregar medallones de pescado sin pescado porque son todas comidas ultraprocesadas prohibidas por la Ley de Etiquetado Frontal recientemente aprobada por el Congreso Nacional”.
Asimismo, Koutsovitis dio a conocer lo insólito de que “estas mismas empresas en plena licitación firmaron un convenio con el Ministerio de Educación para que los y las estudiantes de las escuelas secundarias hagan sus pasantías laborales gratuitas y de esa manera lograron un sello de compromiso con la educación, algo que la propia ministra (Soledad) Acuña destacó”.
En cuanto a la aprobación de los pliegos de licitación, sostuvo que la realizó el propio jefe de Gobierno “sin pasar por ningún proceso democrático de discusión con el conjunto de la comunidad educativa”. Además, explicó que los mismos tenían condiciones “insólitas” como que las empresas no podían ofertar por debajo de un precio mínimo.
“Las 19 empresas coincidieron en hacer el desayuno por $35,57; a elaborar los almuerzos con $302,75 y a destinarle al refrigerio 105,37. Estos precios son por porción por persona”, indicó Koutsovitis. También afirmó que “hay pruebas sobradas de que las empresas se encuentran carterizadas” lo que “hubiera bastado para frenar la licitación y empezar una investigación en los fueros penales”.
Pero nada de eso sucedió y “estas 19 empresas serán por los próximos cuatro años las encargadas nuevamente de la alimentación de los y las estudiantes”, resaltó.
En esta línea, la investigadora se posicionó sobre el reclamo estudiantil respecto de la calidad de las viandas recibidas: “Es totalmente válido”.
Y agregó: “Estamos hablando de estudiantes que rechazan pasantías obligatorias cuando en CABA están prohibidas, algo que habría que recordarle a la ministra Acuña”.
En cuanto a la infraestructura escolar, reveló que al analizar qué sucede con el dinero destinado al área se dieron cuenta de que “de los $3.200 millones que el Gobierno presupuestó se gastaron a mitad de año menos de la tercera parte”. “No sólo lo subejecuta sino que es igual que el Presupuesto de 2020 (cuando la inflación fue de un 200% aproximadamente). Están desfinanciando la educación”, sentenció.