Por Néstor Espósito | Si respetara su propio criterio, la Cámara Federal porteña debería desprocesar y dejar en libertad a los dos últimos detenidos por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Las encrucijadas que deparan las frecuentemente incomprensibles decisiones de Comodoro Py 2002, pueden convertirse en paradojas.
Cuando el miércoles último la Cámara Federal celebró la audiencia de apelaciones contra los procesamientos de Agustina Díaz (“Amor de mi vida”, en la agenda de la detenida Brenda Uliarte) y el jefe de los fabricantes de algodón de azúcar “Los Copitos”, Gabriel Carrizo, los jueces que se sentaron a la cabecera de la mesa del segundo piso de los tribunales federales de Retiro fueron Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Ambos camaristas, de perfil fuertemente antikirchnerista (Bertuzzi es cuestionado por haber sido trasladado a ese cargo por decreto de Mauricio Macri y Llorens propuso el juicio político, desafuero y detención de Cristina Kirchner en un fallo reciente) son los autores intelectuales de la teoría del “cuentapropismo” para desvincular a Mauricio Macri de la causa por espionaje ilegal durante su gobierno.
Esa teoría puede resumirse en que el Presidente no tenía por qué saber que sus subalternos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, autoridades designadas por él en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habían sido supuestamente burlados en su buena fe por un grupo de ex agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contratados como espías durante esa misma gestión, quienes se habían beneficiado con prácticas de inteligencia sobre, entre otros, la hermana de Macri.
Dicho de otro modo: los cuentapropistas espiaron a la hermana de Macri, durante la gestión de Macri, sin que Macri, ni sus personas de confianza en la AFI, lo supieran.
¿De qué manera podrían esos mismos jueces justificar, con la prueba que hay en el expediente por el intento de magnicidio, que la veinteañera Agustina Díaz y el copitero Carrizo no sólo sabían del atentado sino que, además, participaron de su instrumentación?
Durante la audiencia de apelaciones el propio abogado querellante Marcos Aldazábal, en representación de Cristina Kirchner, reconoció que en el caso de Díaz la figura que se le podría aplicar en una eventual acusación en un juicio oral sería la de “encubrimiento”. Tanto es así, que hizo especial hincapié en descartar que tuviera una relación tan íntima con Brenda Uliarte que pudiera caberle la “excusa absolutoria” de la que habla el Código. Esa figura pone a salvo del encubrimiento a padres, hermanos, cónyuges o amigos con un grado tal de intimidad que no tratar de beneficiar al imputado pudiera ser considerado casi una traición.
Agustina Díaz tiene dos comunicaciones con Uliarte que parecen comprometerla: una, el 27 de agosto, cuando Uliarte le anuncia que va a “convertirse en San Martín”, aludiendo supuestamente a que mataría a Cristina Kirchner para “liberar a la Argentina”. Díaz le responde: “¿Qué me perdí? La otra comunicación es del 2 de setiembre, un día después del ataque, y Díaz le advierte a Uliarte que lo mejor será borrar su teléfono celular.
Si Macri, quien por ley tiene asignada la responsabilidad excluyente en la inteligencia vernácula, no tenía por qué saber lo que ocurría en un área que de su absoluta responsabilidad, ¿cómo podrían los mismos jueces decir que Díaz sí sabía?
Carrizo tiene un cuadro más complicado. Su argumento de haber enviado mensajes “en joda” a un grupo de amigos de un grupo de Whatsapp no parece convencer. Pero lo cierto es que la intención de esos mensajes, más allá de la literalidad, es una cuestión de interpretación. Y no hay nada más confuso en materia de intencionalidades que un intercambio de Whatsapp.
Carrizo fabricaba los copitos que vendían Fernando Sabag Montiel y Uliarte. Eso puede ser interpretado como una jerarquía funcional dominante sobre ambos. Pero si los máximos responsables de la central de inteligencia argentina fueron burlados por un grupo de “cuentapropistas”, según Bertuzzi y Llorens, ¿cómo sostendrían esos mismos jueces que Carrizo controlaba la conducta de dos vendedores ambulantes a tal extremo de empujarlos a intentar el homicidio del principal personaje político del país?
Los abogados defensores de Díaz y Carrizo consideraron que lo que debió haber dictado la jueza María Eugenia Capuchetti fue una “falta de mérito”.
“Pero la soltura de Carrizo hubiera sido impopular”, evaluó su defensor, Gastón Marano. “A la jueza le faltó coraje para buscar la verdad”, terció Pedro Molina, abogado de Díaz.
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Néstor Espósito: @nestoresposito