Redacción Canal Abierto | La jueza federal Silvina Domínguez dispuso la liberación de las dos mujeres mapuches detenidas en el desalojo a la lof Lafken Winkul Mapu, que permanecían detenidas en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche.
Se trata de Débora Vera y Florencia Melo que llevaban 20 días en huelga de hambre exigiendo su liberación. En ocasión del desalojo en Villa Mascardi, llevado adelante por el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi, fueron apresadas con otras cinco mujeres, algunas con sus hijos y una embarazada. Luego, tres de ellas fueron trasladadas a la cárcel de Ezeiza en Buenos Aires y devueltas a Bariloche pocos días más tarde, tras las críticas recibidas de todos los sectores, incluyendo la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, originada por este accionar de un gobierno que consideró ya no podía integrar.
Durante gran parte de este tiempo, desde el desalojo del 4 de octubre, las detenidas estuvieron incomunicadas y la causa estuvo bajo secreto de sumario hasta ayer, cuando cumplidos los 20 días que establece el procedimiento judicial, la jueza se expidió. Entre otras cosas, Domínguez dispuso la unificación de distintas causas relacionadas y las unificó en una argumentando la existencia de conexidad entre las mismas.
A la liberación de estas dos mujeres se suma la de Andrea Despo Cañuqueo, el 11 de octubre, todas sobreseídas por falta de mérito. En el mismo acto, la jueza dictó el procesamiento con prisión preventiva para ocho integrantes de la Comunidad Lafken Winkul Mapu, bajo el presunto delito de “usurpación por despojo”. Entre los procesados se encuentra la machi Betiana Colhuan y otras tres mujeres que con nueve niños permanecen en detención domiciliaria, y otros cuatro integrantes de la lof, de los que se dispuso el pedido de captura.
A Betiana Colhuan, Martha Jaramillo y Romina Rosas la jueza las consideró “prima facie” coautoras penalmente responsables de la usurpación de los predios correspondientes al ex Hotel Mascardi y a la finca “La Escondida”, y les impuso un embargo por 10 millones de pesos.
Los otros procesados son María Celeste Ardaiz Guenumil, Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan por la usurpación por despojo del ex Hotel Mascardi, sobre quienes se ordenó un embargo de 5 millones de pesos.
Absoluta nulidad del procedimiento
“Se confirma lo que habíamos adelantado, usaron una causa para provocar el desalojo de todos los demás lugares en forma ilegal porque tanto los predios del ex hotel Mascardi, Gas del Estado y demás, estaban en juicio, estaban en proceso y no correspondía el desalojo. Utilizan la causa de Los Radales y el incendio a la casilla de los gendarmes para justificar la medida que tomaron. En la resolución, la jueza acumula las causas luego de haber hecho todo el procedimiento. Primero, violaron absolutamente el derecho de defensa y debido al secreto de sumario dispuesto no hubo control de la defensa de todo lo que pasó”, sostiene Laura Taffetani de la Gremial de Abogados y defensora de varios miembros de la comunidad en diálogo con Canal Abierto. El equipo de la defensa tiene tres días para presentar a la Cámara de Casación el pedido de nulidad de la causa, mientras la jueza los tuvo veinte días maniatados, alejados del proceso y con total desconocimiento de los argumentos que, de todas formas preveía el equipo de la Gremial, son insostenibles.
“A las seis mujeres que estuvieron detenidas las sobreseen de la causa de Los Radales, o sea el motivo por el que se llevó adelante todo el proceso y por el que permanecieron detenidas; y les dictan prisión preventiva por usurpación de un territorio cuyo litigio ya estaba en otras causas con proceso judicial. Lo más grave aún es que les dictan prisión preventiva en un delito que es excarcelable; la usurpación tiene una pena de tres años, es objetivamente excarcelable”, sostiene Taffetani.
La defensa planteará la nulidad de todo lo actuado por la jueza federal y exigirá la libertad de los procesados y la restitución de los territorios a la comunidad.
Sobre el procesamiento de Matías Santana (pareja de Betiana Colhuan), la abogada señala que no se enteiende por qué se lo procesa: el joven no se encontraba en el lugar, no estaba implicado en las otras causas, “la liga por ser compañero, no hay explicación jurídica. No hay pruebas que fundamenten la decisión que se tomó”, concluye.