Redacción Canal Abierto | Bajo el lema “La transformación no para”, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se proyecta como candidato a presidente de la Nación con la gestión como ariete de campaña.
Pero, a poco de cumplir siete años al frente del distrito, su administración tiene frentes abiertos –y agujeros negros– en cada una de sus áreas sensibles, en una ciudad que en 2022 tuvo un ingreso de 313 mil pesos por habitante, “un 25,2% superior al de Santa Fe, un 58% al de Córdoba y un 76,9% al de la Provincia de Buenos Aires”, según un informe del legislador porteño Matías Barroetaveña (Frente de Todos).
Disgregado, la Capital tiene un presupuesto 19,12 veces superior al de La Matanza. Y, medido en dólares, la cuenta con ingresos también superiores a los de ciudades como Madrid o Barcelona, aunque la calidad de vida de sus habitantes dista mucho de aquella de la que gozan los españoles.
Salud
Luego de un bienio de pandemia, que incluyó aplausos espontáneos al personal sanitario y contratación masiva de enfermeros, el sistema porteño y sus actores no salieron fortalecidos. Por el contrario, esta semana comenzó con residentes y concurrentes de la Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires movilizados en distintos puntos del territorio en reclamo de un salario acorde al trabajo y responsabilidad que desempeñan.
El problema no es nuevo: los médicos y profesionales de otras especialidades se encuentran de paro por tiempo indeterminado y sin guardias desde el 26 de octubre.
“Desde septiembre estamos en reuniones repetitivas con el Ministerio (de Salud) en las que nos hacen ofertas de mejoras salariales insuficientes. El viernes nos informaron que nos iban a adelantar el sueldo que estaba planificado para diciembre. No nos aumentan el salario sino que nos adelantan la mejora de diciembre. Igualmente, nos deja muy alejados de lo que nosotros planteábamos. Frente a esta nueva ‘no oferta’ del Gobierno decidimos salir nuevamente a la calle y mantener la medida de paro por tiempo indeterminado hasta que tengamos una oferta acorde a la inflación y que se corresponda con lo que creemos necesario”, sostuvo María Paula Alurralde, residente de infectología del Hospital Muñiz, en diálogo con Canal Abierto.
Tras un 2022 que cerrará con una inflación que se prevé cercana al 100%, un residente porteño cobra 120 mil pesos por mes con un régimen de 365 horas (más de 12 horas diarias, con guardias de 24, 36 y, a veces, hasta 48 horas sin descansar). El básico sobre el que se le realizan los aportes y descuentos jubilatorios es de $5.400.
Otra situación crítica es la que viven los enfermeros. En 2020, como consecuencia de la suba de casos de COVID-19, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contrató entre 2.000 y 3.000 licenciadas y licenciados en Enfermería con contratos renovables cada tres meses. Su destino fue reforzar las terapias, el servicio de clínica médica, las guardias, armar terapias intensivas nuevas, unidades febriles de urgencia (UFU) y vacunatorios. Pero cuando la curva bajó, a mediados de 2021, los contratos fueron dados de baja y muchos más se fueron por las malas condiciones laborales. Entre su lucha también se encuentra que les reconozcan la carrera profesional y se pague como tal.
Hoy, la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) y la Federación de Profesionales de CABA realizan un paro hospitalario por 24 horas y una movilización hacia el Ministerio de Salud liderado por Fernán Quirós.
Educación
Esta semana, y pese a los amparos judiciales presentados por la comunidad educativa, Larreta transformó por decreto diez escuelas de jornada simple en completa. Según denuncia el Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo hizo de “de manera intempestiva e inconsulta”.
Quienes interpusieron los recursos aseguran que para las familias cuyos niños asisten a esos establecimientos el cambio abrupto significa una modificación de la logística que involucra el abandono de las actividades que se realizan a contraturno —deportivas, estudios complementarios, terapias—; la pérdida de los proyectos familiares que eligieron una media jornada; y la exclusión de los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y/o sociabilidad. En lo que refiere a las escuelas; significa la superpoblación de chicos en aulas pequeñas; la consiguiente pérdida de espacios de investigación, biblioteca y arte para ser utilizados como aulas; y la discontinuidad de cargos docentes por cambio de horarios y contrataciones.
Hace justo un año, el gobierno porteño tuvo el revés de un fallo judicial que obligó a la Ciudad a resolver la falta de vacantes escolares que viene arrastrando hace años, tras un amparo presentado por la comunidad educativa. Pero apeló y el déficit de 20.000 niños que quedan fuera del sistema educativo sigue intacto.
Obra social
Otro frente abierto es la crítica situación por la que atraviesa ObSBA, la obra social de los trabajadores del Estado de la Ciudad.
La entidad es una de las más grandes de la ciudad, atiende a unos 300 mil afiliados entre trabajadores activos y jubilados de las distintas áreas de gobierno y servicios públicos, principalmente docentes y auxiliares de escuelas públicas. Todos ellos aportan un 6% de su salario a la obra social, el doble de lo que aportan el resto de los trabajadores en relación de dependencia.
Actualmente, se encuentran en pie de lucha porque el 90 por ciento de las prestaciones se encuentran suspendidas, para la atención básica se otorgan turnos para tres o cuatro meses, y para cada una se cobran copagos ilegales.
Si bien ObSBA es administrada por los sindicatos SUTECBA y UDA, ésta fue intervenida por el Ejecutivo porteño desde 2008 —cuando capitaneaba Mauricio Macri— y todo fue barranca abajo. Desde entonces, 2500 trabajadores fueron cesanteados y comenzaron las tercerizaciones. Con ellas, las demoras en las prestaciones y el mal funcionamiento.
Barrios, urbanización y espacios verdes
A finales de septiembre, la Ciudad presentó su proyecto de Presupuesto 2023 que promete déficit cero sin crear nuevos impuestos. Para hacerlo, la guadaña alcanzó a los más postergados.
La legisladora porteña Maru Bielli (Frente de Todos) elaboró un informe que analiza la ley y denunció que el mismo incluye recortes en los barrios populares de hasta el 71% respecto del Presupuesto 2022. Los más afectados serán la Villa 20 (Lugano), el barrio Padre Ricciardelli y la Villa 15 (Ciudad Oculta).
Otros barrios humildes —como el Cildañez, Piletones, Fátima e Inta, entre otros— no tiene asignado presupuesto alguno.
Para 2023, además, hay un recorte del 9% en las obras de reurbanización. “El Playón de Chacarita cayó más del 25% entre 2017 y 2023 y en Rodrigo Bueno se ejecutó sólo un 17% en 2022”, explicó Bielli en declaraciones a Tiempo Argentino.
Por su parte, barrios de clase media como Saavedra, Caballito, Colegiales y Villa Devoto entre otros, están peleando por la avanzada inmobiliaria sobre casas bajas y espacios verdes, como consecuencia del estímulo a la misma que generó el Código Urbanístico.
Según cifras oficiales, la Ciudad de Buenos Aires apenas cuenta con 4,7 hectáreas verdes cada 10.000 habitantes. Si bien el gobierno de Larreta computa 3.646 espacios verdes, casi la mitad (1.763) son canteros y derivadores de tránsito. El número está muy lejos de los estándares internacionales, que recomiendan que una ciudad debe tener entre 10 y 15 hectáreas verdes cada 10.000 habitantes, cerca del doble de lo que declara el gobierno porteño (y el triple si se calcula en base a los espacios verdes reales).
Lejos de los austeros números destinados a las áreas enumeradas, un ítem destacó en el Presupuesto 2022: Publicidad y Propaganda, al que este año se le destinaron casi $3.500 millones. Un aumento del 97% respecto de 2021 para que “la transformación no para” siga promocionando una gestión con más conflictos que jactancias.