Redacción Canal Abierto | El pasado viernes 3 de febrero, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la segunda etapa del programa Precios Justos. De su éxito para combatir la inflación y de la urgencia con la que eso ocurra dependen en parte las oportunidades electorales del Gobierno.
El anuncio, lanzado desde el Centro Cultural Kirchner, prometió incluir quince sectores de consumo con una pauta de precios fijos, en algunos casos, y que no superara el 3,2% mensual hasta el 30 de junio.
Del acuerdo voluntario participarán 480 empresas productoras y comercializadoras de 50 mil productos, los cuales representan el 86% de los consumidos por los argentinos, según aseguró el ministro. Entre ellos, 2.000 conservarán un precio fijo durante el primer semestre del año, y la novedad de esta etapa del programa es que se extenderá a la canasta escolar y al precio de las escuelas privadas de todo el país, con las que se espera acordar un aumento del 16% en marzo y aumentos de no más del 3,5% mensual hasta mitad de año. También se acordará con los frigoríficos y carnicerías para frenar el precio de la carne, y establecer reintegros en su compra con tarjetas de débito del 10%.
Sin embargo, esta carrera contrarreloj a la inflación no tiene buenos antecedentes.
Las que no cumplen
Precios Justos arrancó el 11 de noviembre pasado con un abastecimiento que llegaba con suerte al 70%. Al mes siguiente, y según un relevamiento de la Secretaría de Comercio Interior, ya estaba en 61%.
El propio presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli reconocía a mediados de ese mes en declaraciones a AM750: “Sólo el 50% de los productos de Precios Justos están en las góndolas”.
El mismo relevamiento estableció que de las treinta empresas más grandes del programa Precios Justos, cerca de 25 entregaban menos de la mitad de la mercadería que les pedían los supermercadistas. Entre las que no cumplen están Molinos Río de la Plata, Fargo, Arcor, Bagley, Pepsi, Quilmes, Danone, Las Marías y multinacionales como Procter and Gamble, Nestlé, Mondelez o Johnson y Johnson.
“Nosotros como Estado vamos a cumplir, esperamos que empresarios, trabajadores, cadenas de supermercados y productores de bienes de consumo masivo también cumplan porque es en beneficio de todos los argentinos”, anticipó Massa en el CCK. Y aseguró que esta etapa tendrá “más premios y castigos”, los primeros de los cuales incluyen acceso a créditos preferenciales para pymes.
Pero, a modo de control, sólo presentó de la mano del titular de Comercio, Matías Tombolini, un Panel de Monitoreo, desarrollado por Amazon y Arsat, que permitirá chequear el cumplimiento de los precios acordados.
Falta de optimismo
Las consultoras, por su parte, tampoco son optimistas con el cumplimiento del objetivo ministerial de bajar la inflación a menos de 4% en abril, la cual busca que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no supere el 60% anual proyectado para 2023.
Según publicó el Banco Central en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), éste espera que la inflación se mantenga arriba de 5,5% todos los meses, al menos hasta junio. Luego de un 2022 que cerró con 95% anual, la mayor desde la hiperinflación de 1990.
Ilustración: Marcelo Spotti
