Por el Área de Cúpula Económica del IPyPP (para Coyunturas)
Puertos
La Terminal Puerto de Rosario (TPR) está en el centro de serias preocupaciones tanto de los trabajadores portuarios como del gobierno de Santa Fe y de los industriales. A los primeros, porque enfrentaron un conflicto sindical con falta de pago de los salarios, descuentos arbitrarios y despidos de personal; al segundo, porque la irresolución del desfalco Vicentín (y su vinculada TPR) contra las arcas públicas sigue dando coletazos que no terminarán aquí; y a los terceros porque en esta casi paralización de la terminal están varados centenares de contenedores con insumos importados para la industria. Todo ello, por no tomar una decisión política que resolviera el conflicto por el escándalo de Vicentín, desde un comienzo en beneficio del trabajo y la producción.
La TPR forma parte de la infraestructura portuaria del Área Metropolitana del Gran Rosario. Se trata de un sector geográfico de fundamental importancia para el desarrollo económico argentino no sólo por la infraestructura portuaria, sino también por la enorme radicación de industrias, comercios y actividades de servicios que se desarrollan allí. En esta área se encuentran localizadas una treintena de terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas; veinte de esos puertos despachan granos, aceites y subproductos; allí está implantada una central termoeléctrica; hay dos puertos que operan fertilizantes; una terminal que despacha concentrados de cobre y oro; cinco puertos que operan petróleo y sus derivados y una terminal multipropósito.
Desde los puertos del Gran Rosario (ubicados en la Franja del Río Paraná, desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco en aproximadamente 70 kilómetros de costa) se despacha entre el 78% y el 80% de las exportaciones argentinas de aceites, granos y subproductos. La mayor parte de estas exportaciones son productos del complejo sojero. Doce puertos tienen plantas de molienda de oleaginosas anexados a sus terminales portuarias; hay una central termoeléctrica (San Martín) localizada en Timbúes; dos terminales que operan fertilizantes; una terminal que despacha concentrados de cobre y oro (Minera Alumbrera); cinco terminales portuarias que operan petróleo y sus derivados; y una es terminal multipropósito, justamente, la Terminal Puerto Rosario.
La Terminal Puerto de Rosario opera contenedores, cargas generales y aceites, tiene un depósito de aceite que explota GUIDE (de Aceitera General Deheza y Bunge). Está localizada en la ciudad de Rosario, en el Km. 417. Cuenta con acceso de ferrocarril de trocha mixta, y posee una capacidad teórica para descargar 600 toneladas por hora de granos y otros productos. En la actualidad, el sistema portuario argentino cuenta con una Autoridad Portuaria Nacional: la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación. Luego, el puerto de Buenos Aires como estatal federal y los puertos provinciales con organizaciones propias para cada estado. En los puertos provinciales se conforman entes públicos no estatales de la administración y operatoria portuaria, denominados Consorcios de Gestión Portuaria. Estos órganos se constituyen con la participación de los usuarios del puerto (operadores, prestadores de servicios, productores, usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad), así como de la provincia y municipios donde estén ubicados. El puerto de Rosario tiene este tipo de organización. La Terminal Puerto Rosario cuenta con 65 hectáreas y brinda servicios tanto a las cargas como a los buques. Comprende 1.620 metros de muelles, 30.000 m² de galpones para almacenamiento de cargas múltiples y 33 kilómetros de vías férreas y ofrece el almacenamiento e instalaciones en dos terminales denominadas Terminal 1 y Terminal 2 Norte y Sur.
En el año 1994 el puerto fue transferido al Ente Administrador Puerto Rosario (EN.A.P.RO), un ente creado en el mismo año, supervisado por el gobierno provincial, que lo concesiona a compañías privadas. En esa etapa comienza un proceso de diversificación de cargas, así como de transformación de la infraestructura a la par del auge de la producción primaria con la privatización de la regulación tras la eliminación de las Junta Nacional de Granos y sus funciones. La primera concesión de TPR fue ganada por Jordi Pujol y el rosarino Gustavo Shanahan, que abandonaron el negocio luego de ser imputados por vínculos con el narcotráfico. En octubre de 2002 la Terminal 1 fue otorgada en concesión por 30 años a Terminal Puerto de Rosario S.A. (TPR) a través de una licitación. La licitación fue ganada por Ultramar S.A. (de Chile) que posee el 30% de las acciones y por Vicentín S.A.I.C. (que posee el 70% y se ocupa de la operatoria comercial).
Los hallazgos recientes de más de 3 toneladas de cocaína que iban a salir de Terminal Puerto Rosario, es decir Vicentin, merecen una rápida decisión política del gobierno de Omar Perotti, tal como lo hizo en Reconquista. Debe cesar la explotación de los muelles rosarinos en
— Carlos del Frade (@delfradecarlos) September 23, 2022
Vicentin SAIC
Vicentin SAIC es una firma surgida a principios del siglo pasado primero como algodonera, a la que fue sumando otras actividades agroindustriales hasta orientarse fuertemente en este siglo a la exportación de granos y oleaginosas a partir de la provisión de los productores de la zona norte santafecina. En los años 2000, los accionistas del conglomerado empresario son los descendientes que portan el mismo apellido como las familias políticas generadas a partir de los matrimonios de las hijas Vicentín (Nardelli, Buyatti, Padoán, Boschi, etc.).
Los distintos procesos de desregulación que marcaron el comercio de granos en el país y la fuerte inserción exportadora de soja derivada de los desarrollos de la siembra directa, el uso de transgénicos sumado a la privatización de las zonas portuarias hicieron que empresas como Vicentín se volcaran a la venta de granos al exterior controlando toda la cadena. En efecto, se ocupaba de la compra de granos, la industrialización y la comercialización al exterior. Así, en pocos años, esta firma pasó a disputar los primeros lugares en el ranking de exportadores de la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras que representantes de la familia ocupaban espacios decisivos en la Bolsa.
El espacio de negocios de estos intermediarios se vio ampliado por la política del gobierno de Cambiemos para el sector. La baja de retenciones, el auge de mejores precios internacionales y cierta euforia en las expectativas de inversión, llevaron a los directivos de la firma a un aventurado proceso de crecimiento basado en un fuerte endeudamiento con entidades públicas de crédito locales, y privadas del exterior (en dólares). Esta actitud permisiva se sostuvo hasta la devaluación de 2018 donde la alteración del tipo de cambio multiplicó el monto de las deudas en dólares.*
Una vez expuesta la situación financiera de la empresa (y por ende la estafa contra el Banco Nación, los productores y los trabajadores) se ingresó en un arduo proceso de refinanciación, un pedido de quiebra, intento frustrado de expropiación por parte del Presidente, una supuesta “propuesta superadora” (que no fue) del gobernador de la provincia de Santa Fe y oscuros manejos jurídicos de la cuestión que se mantienen hasta la actualidad.
Una de las últimas novedades ocurrió en los primeros días de diciembre de 2022 cuando la Corte Suprema de Santa Fe decidió que no intervendrá en el concurso de acreedores de Vicentin SAIC y sus miembros acordaron en devolver el expediente al juzgado de origen, en Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini (ex abogado del BN en Reconquista que accedió a su cargo como juez producto del lobby de Vicentín que operaba a través de esa sucursal), denunciado por facilitar que la agroexportadora en default hiciera una propuesta de pago irrisoria. La devolución del expediente va con advertencias sobre el mal desempeño que tuvo el juez (al permitir que el desfalco tasado en 1500 millones de dólares tuviera una quita del 80% y se pagara a 12 años; y, además, supeditado a que se le autorice la venta de la planta de Renova a Viterra (Glencore). El fallo insinúa una solución vía el cramdown, es decir, una figura jurídica que habilita y prioriza que ciertos acreedores se hagan cargo de la empresa y evite así la quiebra. Máxime si uno de estos actores proviene del Estado (el mayor acreedor individual en el default de Vicentín es el Banco de la Nación Argentina). El fallo de la Corte le recomienda a Lorenzini que considere una participación preponderante del Banco Nación, en tanto principal acreedor y agente financiero del Estado Nacional.
Lo que ocurrió el 31 de diciembre de 2022 es que los contratos a fasón con los que trabaja la planta –y que permitían pagar los sueldos de 700 personas contratadas directamente– finalizaron y hoy ni la firma ni el Estado provincial ni el Estado nacional ni los empresarios ni los trabajadores tienen solución. Es que el conflicto que atraviesa la firma impide recuperar la modalidad de trabajo anterior (que consistía en compra de materia prima a productores, procesamiento y exportación), trabajando a fasón, lo que significa un negocio minoritario. La dilación en la resolución de la quiebra agrava el rojo patrimonial y hace más difícil la recuperación económica de la compañía; sin embargo, es probable que se explique también por el interés de los privados que ya acapararon la porción de mercado que tenía la firma.
El conflicto sindical, el sindicato y los industriales
Estamos al inicio de 2023 y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) se encuentra inmerso en un conflicto gremial que comenzó con un reclamo salarial y derivó en la expulsión de 25 trabajadores. El problema se originó a principios de diciembre por los despidos ordenados por la concesionaria de TPR que, además, descontó del salario los días de huelga y subió de 6 a 8 horas la jornada laboral. Luego de varias marchas, jornadas de protesta, de una la conciliación obligatoria se reincorporó a 20 despedidos, se mejoró la oferta salarial y se retrocedió en la extensión de la jornada laboral. Sin embargo, continúan los problemas con el fin de garantizar la reincorporación de todos los despedidos. En efecto, mientras el resto retomó el trabajo el lunes 9/1, los cinco trabajadores no recontratados y sus familias, allegados y gremios de izquierda estiman continuar la protesta hasta recuperar todos los puestos de trabajo.
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Según el secretario general del SUPA, César Aybar, el conflicto estaría inducido por la empresa contra el gobierno provincial para presionarlo por una extensión del contrato (que vence en 2032) y la renegociación de los compromisos de inversión. De hecho, el ENAPRO reclamó a la firma que se ponga al día con inversiones y le quitó el lugar en el directorio del Ente. Pero la maniobra de despidos y la reincorporación de 20 de los 25 trabajadores le permitió al sindicato mayoritario despedir a los trabajadores más combativos…
La Unión Industrial Argentina, a través de su presidente Daniel Funes de Rioja, agregó presión para que el conflicto se resuelva en función de que el paro de más de un mes está interrumpiendo el acceso a material importado que se encuentra en unos 1500 contenedores; así como impide cumplir con los plazos estipulados para las ventas al exterior de cereales, alimentos, automotores y electrodomésticos. El resultado de la parada de producción es el riesgo de pérdida de mercados de exportación y las probables sanciones por el incumplimiento de los compromisos. En esta situación, que afecta las ganancias particulares de los empresarios es que se recurre a la intervención del Estado para resolver el conflicto puntual; pero cuando los negocios van bien la última palabra que quieren escuchar es “Estado”.
La alternativa
Por todo lo enunciado, insistimos en la necesidad de tomar el control público de Vicentin y de TPR en función de que las mayores acreencias institucionales sobre la firma están tomadas con el Banco de la Nación Argentina. Este hecho le daría al Estado una gran capacidad de control directo de la producción, comercialización y distribución que se hace desde las dos firmas, fortalecería la provisión de divisas producto de las exportaciones originadas en ellas, preservaría los puestos de trabajo, mantendría la regularidad en el abastecimiento de insumos importados, así como garantizaría la salida de los productos exportados. Este hecho redundaría en beneficio del conjunto del sistema del comercio exterior; en cambio, la defensa de las ganancias de unos pocos ha impedido dar soluciones de fondo a problemas que luego se pagan caro.
La medida a través de la cual la gestión de Vicentin y TPR no sea regalada a empresarios que atentan contra la sustentabilidad de las compañías no podrá lograrse sin: a) una clara convicción de la necesidad de tener una empresa testigo en el sector, b) voluntad política, c) un trabajo de concientización en los medios al alcance, d) articulación con los productores que proveen los granos y los industriales que importan y e) los trabajadores y sus representantes.
* A continuación se presentan las principales características del endeudamiento de la firma según tipo de acreedor, lugar de residencia, monto, porcentaje, cantidad de entidades (en absolutos y porcentajes. Allí puede verse que las entidades financieras (locales y extranjeras) poseen el 64% de las acreencias, y los productores de granos representan el 26%.
*Publicado originalmente en Coyunturas.