Por Néstor Espósito | El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está a punto de concretar una paciente estrategia que comenzó a cristalizar hace cinco años, en 2018: el control absoluto del Poder Judicial.
Todas las decisiones trascendentes que debe tomar el Consejo de la Magistratura requieren de mayorías calificadas (dos tercios de los presentes). En su primer plenario del año, el 4 de abril, la oposición –una acuarela variopinta de jueces, abogados, académicos y políticos más el propio Rosatti- consolidó 13 votos propios. Ese es el número cabalístico de los dos tercios, según la normativa que rige al Consejo.
Así fue ungida la jueza Agustina Díaz Cordero como vicepresidenta del cuerpo. Si Rosatti se resfriara, tendría las espaldas bien cubiertas en la presidencia.
Pero existe la posibilidad, porque así lo sugirió el diputado del PRO Álvaro González, que en determinadas cuestiones esa mayoría calificada mute o trastabille. “No estoy acá para garantizar la impunidad de nadie. Estoy para ejercer una función para la cual un bloque de la Cámara de Diputados me eligió. Lo voy a hacer con mis íntimas convicciones, entendiendo que no soy funcional a nada”, advirtió González. Y remató: “Seguramente no todos tenemos la misma visión de cómo funciona el Poder Judicial”.
Ese discurso no significa que González vaya a ser un consejero rebelde.
Pero, por las dudas, para asegurar esa mayoría calificada, la Corte Suprema –cuyo presidente, Rosatti, es el mismo que el del Consejo- se apresta a convalidar la designación del senador de Juntos por el Cambio Luis Juez como consejero número 20. Hasta ahora hay una banca vacante, por la disputa entre Juez y el senador oficialista Luis Doñate.
A principios de año la Corte prohibió tomarle juramento a Doñate para el período 2022 – 2026. Ello significó una virtual extensión de un fallo en el que había reconocido como consejero a Juez, pero sólo para completar el período 2018 – 2022. Es decir, con un alcance limitado que, luego y sin decirlo expresamente, prorrogó a otro período.
Sobre esa base, la Cámara en lo Contencioso Administrativo revirtió un fallo de primera instancia que le había reconocido la banca a Doñate. Los camaristas Rodolfo Facio, Clara Do Pico y Liliana Heiland declararon la “nulidad del decreto parlamentario DPP n° 86/22, en cuanto designó para integrar el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026, por la segunda minoría al senador Claudio Martín Doñate —como titular— y la senadora Anabel Fernández Sagasti —como suplente”.
Ese fallo acató el criterio de la Corte, aplicó una “obediencia debida” sui generis y -más aún-, se metió en una cuestión política que, por naturaleza, le es ajena: dispuso la invalidez de la “partición del Bloque Frente de Todos a los efectos de la determinación del sistema de mayorías y minorías para la designación de consejeros”. Algo así como dictar la prohibición de divorcio para un matrimonio que manifiesta su voluntad de no continuar unido.
Entonces, Juez será consejero. Y la cuenta allí da 14. Ya no habrá dudas sobre los dos tercios. Ese bloque mayoritario dentro del Consejo podrá disponer a gusto las propuestas de ternas de candidatos para ocupar cargos vacantes. Y también las suspensiones y envío al Jurado de Enjuiciamiento de los jueces cuyas conductas constituyan realmente “mal desempeño”, o cuyo único “mal desempeño” sea caerle mal al poder real.
Todo eso es obra de Rosatti.
La estrategia comenzó en 2018, cuando encabezó el golpe palaciego que destronó la presidencia de 11 años de Ricardo Lorenzetti y colocó en su lugar a Carlos Rosenkrantz. El flamante presidente creyó que tenía poder propio e intentó convertirse en una suerte de “nuevo Lorenzetti”, con esa impronta personalista que rigió en la Corte durante más de una década.
Rosatti le hizo llegar un mensaje: “con la misma bala que cayó Ricardo podés caer vos”. Rosenkrantz entendió; desde entonces prácticamente todas las decisiones de la Corte se toman con la firma de al menos tres de sus jueces y quedó construida una alianza sin fisuras.
En 2021, cuando Lorenzetti confiaba en sus apoyos desde la política para volver a la presidencia de la Corte, Rosatti volvió a desplazarlo y se quedó con ese cargo. Fue en octubre; dos meses después, en diciembre, el máximo tribunal dictó el fallo que declaró inconstitucional la ley impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en 2006 que modificó la estructura y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Ese fallo contenía una trampa adicional a los múltiples cuestionamientos por la intromisión en otro poder: emplazaba al Congreso (¡emplazaba al Congreso!) a sancionar una nueva ley para el Consejo de la Magistratura en 120 días corridos, con un verano de por medio. Imposible.
Entonces volvió a regir la ley anterior, que había sido derogada de hecho por la sanción de una ley posterior que rigió durante más de 15 años. Aquella vieja ley establecía que el presidente de la Corte lo era también del Consejo. Rosatti primero se votó a sí mismo para ser presidente de la Corte y luego formó mayoría para convertirse en presidente del Consejo.
Desde ese doble comando monitoreó la formación de una mayoría que le respondiera en el Consejo. La designación de Luis Juez en lugar de Doñate es una decisión clave en esa construcción. Juez será el reaseguro de los dos tercios propios en el Consejo.
Un aval para imponer decisiones a placer: los que aspiran a ser jueces ya saben con quién negociar; los jueces díscolos del poder ya pueden comenzar a poner las barbas en remojo.
¿Y los malos jueces? Esos tienen que esmerarse por caerles bien a los que tienen la llave para protegerlos o defenestrarlos.
Así quedará formateado el Poder Judicial de cara al futuro. Así será la “justicia independiente”.
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Néstor Espósito: @nestoresposito