Por Néstor Espósito | Ni más juzgados, ni más jueces, ni ampliación de la Corte Suprema, ni del Consejo de la Magistratura. Inteligencia Artificial.
Una fundación estrechamente vinculada con el quehacer judicial publicó un trabajo en el que asegura que “la transformación digital del sistema de justicia es un aspecto crucial para lograr la reforma de la administración de la justicia. Muchos de los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales pueden abordarse a través de soluciones basadas en la digitalización de la información y en el vasto potencial que brinda la inteligencia artificial (IA)”.
FUNDAR, una “organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva”, difundió un estudio que parte de un diagnóstico y desemboca en una propuesta tecnológica para superar el paupérrimo presente del Poder Judicial. “La digitalización de los procesos judiciales permite una mayor eficiencia, rapidez y precisión en la tramitación de los casos. Además, la tecnología contribuiría a un mayor acceso a la justicia para la ciudadanía, porque les permitiría realizar trámites y acceder a servicios y recursos de manera más simple y ágil que los tradicionales procedimientos escritos, formales y presenciales. Esta transformación digital también admite una mayor transparencia en el sistema, ya que los datos están disponibles de manera más fácil y accesible para la sociedad, ayudando a garantizar la confianza en el sistema”.
FUNDAR sostiene que la inteligencia artificial “puede —mediante la automatización de procesos— ayudar a reducir la carga de trabajo de los juzgados y mejorar la toma de decisiones”. ¿De qué manera? “Los sistemas de inteligencia artificial, usados de manera responsable, permitirían analizar grandes cantidades de datos relacionados con los casos (como informes de investigación, pruebas, certificados, registros públicos) e identificar así, patrones y tendencias”.
El trabajo se titula Transformación digital en el sistema de justicia. Oportunidades para una justicia rápida, accesible y transparente y fue realizado por Johanna Cristallo, Renzo Lavin, Florencia Gayraud y Ada Daglio. Propone, en esencia, la creación de un Plan estratégico de innovación digital; la Coordinación y cooperación interinstitucional; la Reingeniería de procesos y la Gobernanza de datos robusta y efectiva. Sobre este último punto, el trabajo explica que “el diagnóstico actual revela que existen conflictos y desafíos en la gestión y en el uso de datos judiciales en Argentina”. Y contrapone que “un primer paso puede consistir en garantizar el acceso completo a los datos del sistema de gestión de expedientes del Consejo de la Magistratura y en fortalecer su área de estadísticas.
El Consejo debería desempeñar un papel de liderazgo en la gobernanza de datos, que abarque la recolección, el tratamiento, la custodia y la publicación de datos de calidad sobre el funcionamiento del sistema de justicia”.
Así, el Consejo de la Magistratura –que hoy es un ámbito de rosca política, tironeos corporativos y burocracia a granel- pasaría a tener un objetivo técnico y de provisión de información útil para todo el sistema.
El trabajo parte datos que, no por supuestos, dejan de causar escalofríos. El lugar que la Argentina ocupa en la dimensión Estado de derecho de la última edición del Índice de Gobernanza Mundial (WGI), publicado por el Banco Mundial, es sorprendente. Mide tanto el nivel de confianza en las normas y su cumplimiento, como el funcionamiento de los tribunales y otras instituciones del sistema de justicia. “Frente a la comparación con otros países de la región, Argentina se ubica en el percentil 35, muy por debajo de los países mejor posicionados –como Chile, Uruguay o Costa Rica–, y también de la media regional”.
“La baja confianza ciudadana en el sistema de justicia argentino es un problema persistente que ha motivado un llamado a reformas institucionales. Sin embargo, ellas no consideraron a la transformación digital como un aspecto crucial para mejorar la eficiencia, la transparencia y el acceso del sistema judicial. Si bien la pandemia por COVID-19 aceleró la digitalización en ciertos aspectos, es imperioso consolidar estas mejoras, superar barreras y encontrar áreas de oportunidad basadas en logros locales e internacionales para modernizar así, el sistema judicial argentino de manera integral”.
FUNDAR cita los resultados de la encuesta Latinobarómetro del año 2020, que “sugieren que en Argentina existe una percepción generalizada de desconfianza en el sistema judicial, en comparación con la región en general. Más de un 82% de las personas encuestadas se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación de que el sistema judicial castiga a quienes son culpables sin importar quiénes son”.
“Esta situación indica que la gran mayoría de la población cree que el sistema judicial no aplica la justicia de manera imparcial y equitativa. Esta desconfianza es más pronunciada en Argentina que en todos los otros países de la región encuestados”, afirma el trabajo.
En el análisis desagregado, ante la pregunta sobre si las personas son iguales ante la ley, las respuestas “nada” y “poco” sumaron más del 87 por ciento en Argentina, el segundo porcentaje más alto de la región.
La Argentina ocupa el lugar 13° entre 32 países de la región en el factor 7 del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP). “En el indicador de demora de la justicia civil, Argentina obtuvo apenas 0,25 puntos sobre 1, quedando muy por debajo del promedio regional de 0,32 y del promedio global de 0,44. Esta cifra posiciona al país en el puesto 125 de 140 países evaluados y en el puesto 23 de 32 países de la región. Por otro lado, en el indicador de demoras y efectividad en la justicia penal, Argentina obtuvo 0,35 puntos, también por debajo del promedio regional de 0,37 y del promedio global de 0,47. Ello ubicó al país en el puesto 112 de 140 países y en el puesto 18 de 32 países de la región”, revela el reporte.
Las estadísticas no significan mucho si no se las encuadra y contextualiza en las necesidades del ciudadano. El trabajo cita el relevamiento sobre “si las personas pueden resolver sus conflictos de manera pacífica y eficaz a través del sistema de justicia civil. El índice evalúa si el sistema de justicia civil es accesible y asequible, libre de discriminación, corrupción e influencias indebidas por parte de personas que se desempeñan en la función pública. También analiza si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras excesivas y si las decisiones se cumplen de manera efectiva”.
¿Cuál es la respuesta? “Entre los indicadores relacionados con la justicia civil, en los que Argentina se encuentra peor posicionada respecto de sus pares de la región, se destaca la excesiva demora de los procesos”.
“Se propuso un sinnúmero de reformas institucionales centradas en la cantidad y composición de las dependencias judiciales y sus órganos de gobierno. Sin embargo, más que en diagnósticos de necesidades fundadas en concretas evidencias para la mejora de la política pública, la mayoría se basó en demandas corporativas o reparto de poder. (…) El acceso a las instituciones judiciales depende de factores sociales, económicos, institucionales, psicológicos e informativos”.
La larga carrera de obstáculos muestra que “las barreras económicas se relacionan con los honorarios de los servicios jurídicos y con los costos del litigio. Las barreras sociales, psicológicas e informativas se refieren a la distancia social entre las instituciones judiciales y las personas, al conocimiento que ellas tienen de sus derechos y de los procedimientos jurídicos, como también a las barreras lingüísticas que, en algunos casos, afectan a las poblaciones que necesitan relacionarse con el sistema jurídico”.
“La falta de acceso a la justicia –subraya el trabajo de FUNDAR- se acentúa en los sectores desaventajados de la sociedad, ya que, para ellos, las instituciones judiciales resultan inaccesibles, están lejanas territorialmente y les implican costos que restringen el inicio o el sostenimiento de un proceso”.
Te puede interesar: Stornelli aceptó investigar supuestas violaciones a los derechos humanos en Venezuela
Néstor Espósito: @nestoresposito