Redacción Canal Abierto | El 16 de septiembre se cumplen 50 años del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara en el Estadio Chile de Santiago. Al local deportivo, convertido en campo de concentración, había sido conducido junto a otros 5.000 detenidos políticos partidarios de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 cuando la Junta Militar conducida por Augusto Pinochet dio un golpe de estado y acabó con el gobierno constitucional.
Durante esos cinco días Jara fue torturado por horas. Lo quemaron con cigarrillos, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua y lo sometieron a simulacros de fusilamiento. El 16 de septiembre lo acribillaron y su cuerpo fue encontrado el día 19 en las cercanías del Cementerio Metropolitano, con 44 impactos de bala, junto a los cuerpos de Littré Quiroga, Director General de Prisiones, y Eduardo “Coco” Paredes, director de la Policía de Investigaciones (PDI), del gobierno de la Unidad Popular.
Este lunes 28 de agosto, medio siglo después, la Corte Suprema chilena dictó sentencia definitiva en contra de siete ex militares que participaron de los crímenes en el Estadio Chile tras el golpe de Estado. En votación unánime, la Sala Penal condenó a 15 años de cárcel por homicidio calificado y 10 años por secuestro calificado a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto. A su vez, el ex oficial y abogado Rolando Melo Silva, fue sentenciado a cinco años y un día, y a otros tres años y un día de cárcel, como encubridor de los homicidios y los secuestros. Todas las penas son de cumplimiento efectivo en la cárcel.
Los reos, de entre 73 y 85 años de edad, gozaron hasta el día de ayer de cincuenta años de libertad, pese a que las querellas fueron presentadas en 1978 por los familiares de Jara, y en 1987 por Littré Quiroga, pero fueron sobreseídos sucesivas veces.
Condena y suicidio
Uno de los oficiales condenados, el brigadier del Ejército chileno en retiro Hernán Carlos Chacón Soto, fue encontrado muerto este martes, por la patrulla que iba a detenerlo y trasladarlo a la cárcel de Punta Peuco para cumplir su pena. Según la prensa local, cuando las fuerzas de la Policía de Investigaciones (PDI) se presentaron en su domicilio en la acomodada comuna de Las Condes para proceder al arresto, el oficial pidió tomar una medicina y aprovechó el instante para suicidarse con un disparo.
Sobre el militar muerto esta mañana, “varios testimonios corroboraron que participó en las labores de selección, reportando las mismas a sus superiores, por lo que resultaron no creíbles ni verosímiles sus dichos en cuanto sostuvo sólo haber custodiado el perímetro externo del recinto, funciones que no se condicen con su alto grado, ni con los diversos elementos de convicción reunidos”, se puede leer en la resolución judicial.
El presidente chileno Gabriel Boric quien participó hoy del sepelio del dirigente del Partido Comunista Guillermo Teillier –jefe de la Comisión Militar del PC y responsable de la coordinación política entre el partido y su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez entre 1982 y 1987– sostuvo frente a los medios: murió “como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido”. “Hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Ahí hay diferencias humanas”, agregó, en obvia alusión al militar muerto por mano propia.
Prófugo en Estados Unidos
Otro de los acusados como autor material, Pedro Barrientos, está requerido para su extradición desde Estados Unidos. En un juicio civil, como el caso del fusilador de Trelew Roberto Bravo, una corte federal de Florida lo declaró en junio de 2016 responsable del asesinato de Jara y ordenó el pago de 28 millones de dólares en compensación a su familia.
Reparación económica
El tribunal también condenó al Estado a pagar a los demandantes, cónyuge e hijos de la víctima Littré Quiroga, la suma de $150.000.000 chilenos (unos US$ 175.000) y a cada uno de sus hermanos la suma de $80.000.000 (unos US$ 93.000); en tanto, a Joan Turner (96), viuda de Víctor Jara, y a sus hijas Manuela Bunster y Amanda Jara determinó un pago de $150.000.000, para cada una.