Redacción Canal Abierto | La economía argentina presenta desde hace un tiempo lo que podría leerse como una paradoja: aumentan, al mismo tiempo, el empleo y la pobreza. La explicación está dada por la inercia inflacionaria que deteriora el poder adquisitivo, pero también por una serie de variables que aparecen cuando se analizan los números a fondo.
Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), fundado por Claudio Lozano y coordinado por Ana Rameri, y del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma (IEF) desnuda esos números y destaca que actualmente, si se toman como referencia los valores de las canastas básicas, casi tres de cada diez trabajadores y trabajadoras son pobres (28,7%) y el 5,3% son indigentes.
Según detalla, la subutilización de la fuerza laboral asciende al 16,3% de la población económicamente activa (PEA). Se trata de un universo que abarca a todo el conjunto de trabajadores que demandan activamente un empleo, y que es significativamente superior a la desocupación abierta, que según el último número del INDEC asciende a 6,9%.
“Si se agrega a quienes, si bien no buscan activamente otra ocupación, desean trabajar más (ocupadas/os disponibles no demandantes) la disponibilidad de la fuerza de trabajo alcanza al 26,8% de la PEA”, sostiene el estudio.
En otras palabras, en un mercado de trabajo signado por los efectos de la desaceleración de la actividad económica provocada por el acuerdo con el FMI y agravada por el impacto de la sequía, el desempleo estructural para el primer trimestre de 2023 tenía a uno de cada tres desocupados y desocupadas buscando empleo hacía más de un año.
Los niveles de desempleo y subempleo son superiores para las mujeres (19,4%) y entre las y los jóvenes de 18 a 24 años (19,5%) y es aún mayor en el caso de las mujeres jóvenes (21,5%).
Ultraexplotación
Otro de los números preocupantes que arroja el informe —que utiliza como fuente la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC del primer trimestre de 2023— es que tres de cada diez ocupados están trabajando por encima de las 45 horas semanales.
“Son trabajadores expuestos/as a un desgaste prematuro de su fuerza de trabajo a causa de la ultraexplotación mediante jornadas extenuantes. Si se repartiera el excedente acumulado de horas trabajadas del total de sobreocupados/as, podrían liberarse casi 2,5 millones de ocupaciones y se resolvería el problema del desempleo”, sostienen desde el IPyPP. Incluso señala que, si la idea se acotase sólo a quienes tiene empleo formal, “la cantidad de desocupados/as se reduciría casi un 55%”.
Las ocupaciones de subsistencia, en aras de llegar a fin de mes, representan casi una cuarta parte de la totalidad de trabajadores. De ellos, el 78% trabaja en ocupaciones de baja calificación. “Por su parte, dentro de la población asalariada, el 36,7% son informales, indicador que asciende al 63% para la población juvenil”, asegura el informe.
El carácter precario de estos empleos se traduce en ingresos escasos. “Durante este primer trimestre de 2023, los ingresos en promedio rondaron los $112.155 mensuales. Tanto las/os cuentapropistas como el segmento asalariado informal se encuentran significativamente por debajo de ese monto. En el primer caso, con ingresos que promediaron los $82.321 (26,6% por debajo de la media), mientras que en el segundo caso alcanzaron los $62.652 (44,1% por debajo de la media). En conjunto representan el 72,3% de las/os trabajadores demandantes”, detalla el estudio”, aportan el IPyPP y el IEF.
Además, el 30,5% de las y los trabajadores ganan menos del Salario Mínimo por hora. Este porcentaje asciende al 46,2% para las y los cuentapropistas y 49,7% para la población asalariada informal.
Sobre este tema, Lozano aclaró: “En este contexto, obtener un empleo no garantiza siquiera acceder al Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo cual resulta aún más grave si tenemos en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido ese valor en los últimos años. El 36% de las y los trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo”.
Por otra parte, el informe también destaca que ocho de cada diez personas residen en hogares cuyos ingresos provienen parcial o totalmente del trabajo y este valor es incluso algo mayor entre la población pobre. “No quedan dudas que si hay algo que no es necesario, es promover ‘la cultura del trabajo’”, agregó el presidente de Unidad Popular y ex director del Banco Nación.
[mks_toggle title=»Otros datos relevantes que surgen del estudio:» state=»open»]
- El 15% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos. Entre estos hogares, estos subsidios representan en promedio sólo el 16,9% del ingreso total familiar. El resto de los ingresos son laborales.
- Un 6,1% de la población total recurre a mercaderías, ropa o alimentos provistos por instituciones (Gobierno, Iglesias, etc.).
- Una de cada tres personas (33,6%) debieron utilizar sus ahorros familiares.
- Los hogares también recurren a endeudarse: un 15,4% pidió préstamos a familiares o amigos y cerca del 10,8% utilizó créditos de bancos o financieras, mientras que las compras en cuotas con tarjeta fueron utilizadas por más de la mitad de la población (52,1%).
- Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres: mientras el 28% de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 45,9% para la población femenina.
- El nivel de fragilidad social que atraviesa Argentina se manifiesta con mayor crudeza en las condiciones de vida de las infancias y juventudes: más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza (55,6%), mientras que el 13,2% no logra siquiera acceder a una alimentación mínima. Entre las y los jóvenes de 18 a 24 años, el 47,2% son pobres, a la vez que el 14,1% son indigentes.[/mks_toggle]