Redacción Canal Abierto | “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad?”, declaró la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en mayo de 2018 en un almuerzo en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires organizado por el Rotary Club.
En esos días, más de 20 universidades del país habían declarado la emergencia económica financiera por la crisis que atravesaban. El ataque a la educación superior y la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que sub-ejecutaba el presupuesto universitario, asfixiaba a las casas de altos estudios.
En ese marco se da un proceso de luchas estudiantiles contra el ajuste en todo el país. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) los estudiantes deciden la toma del Pabellón Argentina, un edificio estratégico en la vida diaria de la institución, que sostienen durante 30 días. Al concluir la toma, tras reunirse con los delegados estudiantiles en una mesa de trabajo, el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira denunció a los estudiantes y utilizó el acta de la reunión para señalar como autores a los firmantes.
El 26 de junio de 2019, el Juzgado Federal N° 3, con la imputación de la fiscal Graciela López de Filoñuk y el juez Hugo Vaca Narvaja, procesó a 27 estudiantes por el delito de “usurpación por despojo”, a raíz de la medida de fuerza. La causa estuvo paralizada todo este tiempo pero recientemente la Justicia convocó para el viernes 29 de septiembre a las 9 horas a una audiencia preliminar para dar inicio al juicio.
“En ese año hubo tomas de universidades en todo el país –hubo 7 semanas de paro docente y 57 facultades tomadas en todo el país–. Sólo en Córdoba y Río Negro hubo estudiantes procesados. La causa en Río Negro concluyó con una absolución y, paradójicamente, en la ciudad de la Reforma Universitaria siguen con la intención de llevar a juicio a los chicos por luchar por la educación pública”, sostiene en diálogo con Canal Abierto la abogada Blanca Fabiola Barreiro, de la Gremial de Abogados y parte del equipo de seis abogados que dirigidos por “El Vasco” Carlos Orzaocoa, defienden a quince de los estudiantes imputados.
“Buscan castigar a los que luchan para que no haya otros que tomen ese ejemplo. Es insólito, en Córdoba nunca se resolvió de esta manera un conflicto universitario. Siempre se resuelve con los mecanismos de que se dispone dentro de la universidad que es autónoma. Estos funcionarios sacaron de ese marco el conflicto y metieron al Poder Judicial en la universidad, con un acto deplorable como utilizar un acta acuerdo que los estudiantes firmaron con total confianza”, reflexiona la abogada.
Irregularidades
Estos 27 estudiantes son acusados de usurpar la universidad, en un hecho político del que participaron varios miles. “Querer usurpar, es querer hacerse dueño, poseedor, de la cosa. Nada más lejos del ánimo de los estudiantes que querer adueñarse de un espacio público al que incluso defendían como tal”, sostiene Barreiro.
La causa tiene una sumatoria de desprolijidades, vicios y nulidades. “El auto de procesamiento, que es una resolución donde el fiscal dice por qué hay que procesar a los acusados, es nulo porque nunca se fijó el hecho. Esto quiere decir que no se estableció lo que pasó, cómo pasó, qué hizo cada acusado. Los autos de procesamiento tienen que tener una descripción de los hechos. Aquí no hay nada”.
“Estamos frente a un proceso viciado, que tiene nulidades que no fueron declaradas porque quieren continuar con la amenaza. Los acusan, no importa como sea, y los quieren condenar. Es una decisión más política que jurídica. Nosotros vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, llegar a la Corte e incluso, si es necesario, a la Corte Interamericana, para que estos 27 estudiantes sean absueltos”, concluye la letrada.
La defensa planea llevar al juicio el testimonio de 400 testigos. “Nuestros defendidos consideran que no tienen por qué aceptar que se les acuse de cometer un delito cuando simplemente han estado defendiendo a la universidad pública para todos y todas”.
Movilización
La comunidad universitaria, organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, políticas y sindicales se concentrarán este viernes, a partir de las 8, frente a los Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba para rechazar la realización del juicio y exigir su nulidad.